Los juegos de poder amenazan con alterar la dictaminación y aprobación de la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión que vive sus horas claves en el Senado. La presión más fuerte proviene ahora de los grupos empresariales, encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial y la CIRT, para modificar la minuta de la reforma y mantener la suspensión del acto reclamado en materia de amparo en este sector tan litigioso.

El coordinador de la bancada del PAN y ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, se ha convertido en vocero de estas posiciones empresariales, aún sin contar con todo el apoyo de su bancada, profundamente dividida entre los intereses del calderonismo (representados por Cordero y Javier Lozano, especialmente) y los otros grupos que están a favor de una reforma más profunda y no de una contrarreforma que beneficie a los grupos empresariales y grandes corporativos, como defiende Javier Corral.

Cordero argumentó que “se le debe dar derecho a defensa a los sectores económicos del país, por supuesto habrá limitativas, no vamos en contra del sentido original de una ley antimonopolios, donde efectivamente se necesita regular de manera distinta a un gran monopolista que a un pequeño empresario o a un mediano empresario”.

La posición de los panistas calderonistas en el Senado frenó el miércoles 17 de abril la dictaminación de la reforma. Y hasta estas horas hay una alta probabilidad de que no se vote en el pleno la minuta este viernes 19 de abril, plazo que han defendido tanto los senadores del PRD como la mayoría de la bancada del PRI para que la reforma constitucional pueda completarse con cambios antes de que termine el periodo ordinario de sesiones.

El problema no es sólo el cruce de poderosos intereses que presionan para que los elementos de mayor avanzada de la reforma constitucional se aprueben en el Congreso por ambas cámaras. El punto fundamental es el juego de poder en el que ha entrado el gobierno federal de Enrique Peña frente a los herederos del calderonismo.

La reforma de telecomunicaciones está cruzada por los hechos recientes: la PGR ha desmantelado los dos grandes casos de investigación por “corrupción” del calderonismo. La liberación del ex titular de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, así como la del general Tomás Ángeles, constituyen el más duro golpe a la estrategia de construcción de culpables en el sexenio anterior.

Por si esto no fuera suficiente, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia le otorgó el amparo a la empresa MVS, de Joaquín Vargas, contra la decisión de la SCT calderonista de negarle la prórroga de las concesiones en la codiciada banda 2.5 Ghz, así como del Canal 52. Esta decisión es otro golpe contra el peor escándalo provocado por la intemperancia calderonista contra uno de los concesionarios más importantes que se volvió “incómodo” por ser un competidor fuerte de Grupo Televisa, por aliarse comercialmente con Telmex y por mantener el espacio informativo crítico de Carmen Aristegui, tan incómodo para el gobierno anterior.

En medio de estas decisiones, el panismo vinculado al calderonismo parece decidido a frenar el impulso que ha tomado la reforma de telecomunicaciones en el Senado. Esta situación prevé dos escenarios:

a) La aprobación de una reforma con un mínimo de 10 cambios sustanciales y agregrados a lo discutido en la Cámara de Diputados, pero con un voto dividido de la bancada del PAN, más una alianza entre el PRI, el PRD y un sector del panismo que impulsa esta reforma.

b) La posibilidad de que se “congele” esta reforma en las comisiones del Senado, en la medida que el PAN está fracturado y que algunos otros legisladores que forman parte de una “telebancada de clóset” aprovechen los juegos de poder para frenar la dictaminación.

c) La aprobación de una reforma sin cambios, tal como se aprobó en la Cámara de Diputados, lo cual dejará muy descontentos tanto a especialistas como a reguladores y otros sectores que participaron en los foros de consulta del Senado. Este escenario sólo beneficiaría al gobierno federal y al Consejo Rector del Pacto por México.

Cambios Necesarios

En los últimos días, los legisladores más comprometidos con una reforma a fondo en telecomunicaciones, han defendido la posibilidad de algunos cambios en la minuta proveniente de la Cámara de Diputados.

Entre esos cambios necesarios están los siguientes:

1.- Eliminar o limitar las “opiniones no vinculantes” y la “opinión vinculante” de la SCT y de la Secretaría de Hacienda en relación con el IFETEL:

2.- Incluir el derecho de audiencias y de los comunicadores en el artículo 6 constitucional. En el mismo artículo garantizar el “libre acceso a Internet”.

3.- Modificar la redacción del artículo 28 constitucional sobre “propiedad cruzada de medios” para lograr el objetivo de evitar monopolios de opinión pública y la concentración de poder económico y político que tienen corporativos como Grupo Televisa.

4.- Reformar varios artículos transitorios para garantizar la gratuidad en la retransmisión de señales sin discriminación alguna (must carry y must offer).

5.- Mejorar la redacción del artículo 6 relacionado con la prohibición de transmitir publicidad integrada en los contenidos mediáticos.

6.- Reconocer el uso social comunitario e indígena en las concesión en materia de radiodifusión. Algunos legisladores han propuesto reservar el 20 por ciento del espectro para estos usos.

7.- Establecer un plazo para emitir un reglamento interno de los nuevos órganos reguladores, especialmente, de IFETEL.

8.- Adicionar la categoría de concesiones de radiodifusión de “uso comunitario e indígena”. Esto implica una modificación al artículo 28 y al tercero transitorio.

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Jenaro Villamil

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Reportero de Proceso, especialista en medios, editor de Homozapping.

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