El gasto de dinero público para la compra de publicidad en medios impresos y electrónicos representa uno de los problemas más serios que enfrenta el periodismo en México. Es el gran tema que se discute poco porque de cambiarse la realidad afectaría gravemente la relación prensa y poder político, así como los intereses comerciales de ambos actores.

Se calcula que más del 80% de los periódicos se sostiene (hasta por un 65%) de dinero público. En otras palabras, el dinero público es el que sostiene al periodismo mexicano. Claro que hay excepciones, periódicos como el Diario de Yucatán, el AM de Guanajuato, el Grupo Expansión, entre otros, sobreviven de su estrategia comercial y no de las dádivas del dinero público. Sin embargo, son la excepción.

La profunda dependencia económica del dinero público de un significativo número de periódicos, se convierte en el andamiaje idóneo para que la pauta publicitaria se convierta en la herramienta de censura sutil por parte de las autoridades con los medios de comunicación. Debido a la falta de criterios claros para gastar el dinero para comprar publicidad, los gobiernos (de todos los partidos políticos) otorgan el gasto a manera de recompensa o castigo de la línea editorial del medio de comunicación. De esta forma, la presión a los medios de comunicación es sutil pero efectiva para que modifiquen su cobertura en relación con las autoridades.

Al final del día, el medio de comunicación prefiere adecuarse a las indicaciones de la autoridad en aras de salvaguardar si fuente primaria de ingresos. La relación descrita es perversa y dañina para fomentar un periodismo independiente y crítico tan necesario en una democracia.

Artículo 19 y Fundar presentaron recientemente el informe “El costo de la legitimidad. El gasto de publicidad oficial en las entidades federativas”. El estudio da cuenta de los gastos de dinero público en el rubro de publicidad oficial que realizaron los estados. De acuerdo a ambas organizaciones durante el 2011, 27 entidades federativas gastaron 4,518 millones de pesos en publicidad oficial. Este gasto equivale casi al doble del monto de la producción (y distribución) de todos los libros de texto gratuitos del país (2,399 mdp). Además, detectar que en dichas entidades hubo un sobre ejercicio del gasto (es decir se gastó más de lo que se tenía programado) del 40% que equivale a 1,380 mdp.

La distribución de la publicidad oficial es muy inequitativa debido a la falta de criterios objetivos para decidir dónde se compran espacios publicitarios. De acuerdo al informe, la televisión y la prensa escrita son los medios más beneficiados. Existe varios estados que destinan más de la mitad de su presupuesto en publicidad oficial a la televisión. Por ejemplo, durante 2011, en Puebla, el gasto en televisión representó el 63% (Televisa 49% y TV Azteca 14% del gasto total). En el Distrito Federal y en el Estado de México fue el 62%. En el Distrito Federal, Televisa se benefició del 37% del gasto total mientras que TV Azteca obtuvo el 23%. En el Estado de México, la inversión en publicidad oficial en Televisa representa 41% y en TV Azteca 20%.

Las cifras de dinero público gastado en medios de comunicación para la compra de publicidad debería llamar a un inmediato debate en la sociedad, medios de comunicación y Poderes de la Unión, con el fin de determinar la reglamentación de tan grandes cantidades del dinero de todos nosotros. Queda claro que el sistema actual afecta una verdadera libertad de prensa y sostiene un sistema corrupto entre los medios y los gobiernos.

La reglamentación que se busca radica en obligar por ley a las autoridades a tener criterios objetivos, claros, transparentes, equitativos y estratégicos para determinar el gasto. La adopción de dichos criterios inhibiría la censura sutil hacia los medios de comunicación, bajaría el gasto público ya que debería prohibir la compra de publicidad no tendría cabida el ensalzamiento de la figura del gobernado o de cualquier autoridad ya que distinguiría claramente entre la obligación del gobierno a informar –por ejemplo sobre campañas de vacunación– y la propaganda gubernamental.

Ahora bien, transparentar y reglamentar el gasto necesariamente afectaría la supervivencia de un número significativo de medios, especialmente impresos. Lo cual nos lleva a la pregunta: ¿el dinero público debe funcionar como subsidio para medios de comunicación? Hay que reconocer que el estado sí tiene una obligación de asegurar el derecho a la libertad de expresión e información, por lo que no puede dejar a la suerte del libre mercado la subsistencia de medios de comunicación. Pero esto de ninguna manera avala el sistema actual. La intervención del estado puede ser, por ejemplo, a través del reforzamiento de los medios públicos, comunitarios e universitarios. Para ello, el estado tendría que diseñar una verdadera política de información y medios en la que se asegure la independencia editorial y la sostenibilidad financiera. Al mismo tiempo, los medios comerciales no pueden argumentar que tienen derecho a acceder al dinero público. Lo que sí pueden argumentar es que haya una política transparente para determinar el gasto bajo la cual el otorgamiento sería igualitario, objetivo de acuerdo a las necesidades de informar por parte de los gobiernos.

En suma, hoy los gobiernos gastan cantidades indignantes de dinero para enaltecer la figura de las autoridades, mientras que los medios de comunicación dependen de forma dañina del dinero público. Esa dependencia hace que el dinero público se otorgue como premio o bien se retire como castigo por la línea editorial. Ante este panorama, la urgencia de regular este gasto resulta inminente. Sin embargo, el sistema les conviene a los poderes fácticos y a los poderes institucionales, así lo señala el informe de las organizaciones de la sociedad civil. Ahí el dilema.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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