Los ataques del Presidente Rafael Correa contra la prensa en su país han sido tenaces. Su tirria contra la prensa lo llevó a embarcarse en una hazaña que, hasta hace pocos meses, parecía que lo lograría. Las baterías del Estado ecuatoriano las dirigió contra la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La razón es muy sencilla, fue la Relatoría quien alzó la voz cuando el presidente Correa amedrentaba y amenazaba al periódico El Universo y a sus periodistas.

La 44ª Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada el viernes 22 de marzo en Washington, D.C., concluyó con la aprobación por unanimidad de una resolución que pone fin al proceso de reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), iniciado hace casi dos años. El proceso resultaba importante por la necesidad de hacer una valoración y revisión sobre el actual funcionamiento americano de protección a los derechos fundamentales.

La mayoría de los países miembros de la OEA estaban satisfechos con los resultados del proceso de reflexión, con las recomendaciones planteadas y la respuesta de la CIDH a las mismas. El ambiente era de unanimidad para cerrar el capítulo de reforma durante la asamblea citada.

Por otro lado, un número minoritario de países (el bloque del Alba, integrado por Ecuador, Bolivia, Venezuela y Nicaragua) mostró su disconformidad frente a las propuestas planteadas, inclusive el grupo mencionó su rechazo al documento borrador de resolución.

Durante dos años, Rafael Correa y sus aliados del ALBA buscaron de manera intensiva debilitar el sistema interamericano de derechos humanos. Su postura frente a un proceso de fortalecimiento del sistema de protección fue la de minar el poco uso que tiene dicho sistema. La política exterior del ALBA fue vencida. Eso tenemos que celebrarlo.

Uno de los puntos que entrampó las discusiones el cual impulsaba Ecuador y los otros países del ALBA era el de la homologación de todas las relatorías de la CIDH a la categoría de “relatorías especiales” (similares a la Relatoría para la Libertad de Expresión, es decir, con un relator permanente y a tiempo completo basado en Washington D.C.). En la resolución bajo discusión se incorporaba este punto como una propuesta a la CIDH, mientras que los países del ALBA insistían en hacer de este punto un mandato para la CIDH, lo que hubiera implicado un redireccionamiento importante de fondos dentro de la CIDH y posiblemente el debilitamiento de algunas relatorías (especialmente la de libertad de expresión) para favorecer a otras y con eso cumplir el mandato impuesto por esta resolución. En otras palabras, la intención del ALBA no era la de fortalecer el sistema de relatorías, sino debilitar, como lo dijeron abiertamente, la de libertad de expresión.

Ninguna de las propuestas más importantes fue aprobada tal como los países del ALBA lo planteaban. Cuando el grupo se dio cuenta de que la asamblea general no cedería, se empecinaron en incluir un párrafo adicional donde se señalaba que el diálogo sobre la reforma continuaba y señalando que los resultados de ese dialogo se iban a presentar en la siguiente asamblea general. Inclusive, su discurso estuvo acompañado de amenazas sobre el posible retiro del sistema interamericano de derechos humanos. La intención detrás era mantener el diálogo abierto para no aceptar la derrota. Sin embargo, estaba claro que la mayoría coincidía en que este proceso debía concluir el 22 de marzo.

Por esa razón, se añadió un párrafo adicional a la propuesta de resolución, donde se plantea continuar el diálogo sobre los aspectos fundamentales para el fortalecimiento del sistema, sin mencionar temas o plazos tal como querían Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela. En todo caso, si este diálogo efectivamente se continúa, será en el marco de los foros pertinentes de la OEA y al margen del proceso de reflexión que culminó el viernes pasado. Es decir, la amenaza es mucho menor.

El papel de México junto con Estados Unidos, Canadá, Colombia, Panamá y Costa Rica –nótese la ausencia de Brasil– fue decisivo para frenar a Correa. La victoria de haber frenado las intenciones de debilitar el sistema de protección de los derechos humanos en el continente no es menor. Durante su discurso, el secretario José Antonio Meade fue enfático en darle su respaldo a la institución que salvaguarda la libertad de expresión, la Relatoría. El discurso mexicano dejó al descubierto las intenciones de Brasil de negociar a cualquier costo. Es de celebrarse que la Relatoría de Libertad de Expresión continuará defendiendo la libertad de prensa en países donde ha sufrido serios ataques, como es en los países del ALBA. Hoy debemos de celebrar porque se ganó una importante batalla a favor de los derechos humanos en el continente americano.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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