Esta semana, el Senado de la República difundió un documento que deja muy mal parado al ex presidente Felipe Calderón. Dicho estudio revela que el anterior mandatario dejó sin reglamentar 17 nuevas leyes y 28 reformas legales que también requerían de un reglamento específico. Es decir, durante su gobierno 45 instrumentos legales tuvieron –y siguen teniendo– una aplicación parcial o nula, por la simple omisión del Ejecutivo.
Lo que resulta más preocupante –cuando no, sospechoso– es que buena parte de estos “olvidos” tiene que ver con asuntos relacionados con el combate a la delincuencia organizada, el tema que se volvió el estandarte del sexenio calderonista.
Lo paradójico del asunto es que en algunos casos el propio ex Presidente exhortó y presionó al Congreso para que aprobara dicha legislación, ya que consideraba que eran instrumentos indispensables para poder atender los problemas del país.
En el caso de la Ley de Extinción de Dominio, por ejemplo, hizo varios llamados para que fuera aprobada: “Es muy importante que podamos disponer cuanto antes de los bienes que hemos incautado a la criminalidad para seguir rompiendo su estructura financiera; incluso para combatir a la propia criminalidad y proteger a la ciudadanía”, dijo el ex mandatario el 17 de marzo del 2009, urgiendo al Legislativo.
La Ley fue aprobada en abril de ese año y publicada poco después. Desde entonces y hasta el final de su mandato, no pudo –no quiso– expedir el reglamento que permitiera su correcta aplicación.
En el caso de la ley sobre la trata de personas ocurrió lo mismo; y en la del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en la de Telecomunicaciones, y la de Salud, y en las reformas a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales, en la ley de Personas Extraviadas o Desaparecidas, la de Cambio Climático, y un largo, larguísimo, etcétera.
Sin embargo, la negligencia no para ahí. En algunos casos, las propias leyes establecían plazos en los que obligatoriamente deberían expedirse los correspondientes reglamentos. Y ni así. El reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte tenía que emitirse antes del 9 de julio de 2007. Más de cinco años y nada. La Ley General de Infraestructura Física Educativa –otro de los temas que supuestamente enarboló el mandatario– debería contar con su respectivo reglamento desde el 17 de octubre de 2008. Seguimos esperando.
Ni siquiera existiendo un mandato legal de por medio, el ex Presidente emitió los respectivos reglamentos.
En el mundillo de los abogados era sabido que el consejero jurídico calderonista, Miguel Alessio Robles, era extremadamente lento –por llamarlo de alguna forma– para revisar los asuntos que caían en sus manos. Sin embargo, omisiones de las que estamos hablando obedecen a otras razones.
Que el Ejecutivo presione al Congreso para que legisle una norma que según él es de especial interés para la nación, y luego prácticamente la congele, resulta verdaderamente sospechoso.
¿El ex Presidente estaba haciendo política –o mejor dicho, grilla barata–? ¿Ni siquiera el combate a la delincuencia organizada se tomó realmente en serio? ¿Entonces la guerra era simplemente publicidad? ¿Más de sesenta mil muertos para nada?
En fin, que cada uno saque sus propias conclusiones.
Posdata: Por cierto, el tema sigue abierto; esperemos que el actual Ejecutivo tome cartas en el asunto y subsane las omisiones a la brevedad.
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