Me parece que es de común acuerdo que el derecho de acceso a la información, la transparencia y rendición de cuentas son elementos indispensables para una democracia. En México hemos trabajado mucho por diseñar un marco legal que garantice el derecho constitucional de acceder a la información pública gubernamental. De ahí pasamos a tener 33 institutos de transparencia y acceso a la información pública. La proliferación de instituciones no necesariamente ha garantizado el derecho. Lo mismo ha pasado en otros ámbitos y ahora tenemos 33 comisiones estatales de derechos humanos y 33 institutos de la mujer. Nos debe quedar claro que para crear instituciones burocráticas tenemos un don el cual no necesariamente es tan efectivo para garantizar el objetivo de su creación.

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Datos Personales (IFAI) es uno de los grandes logros de la transición democrática. Desde el 2003, el IFAI ha sido el garante de nuestro derecho a saber. Es la institución pública que tiene como mandato interceder ante las autoridades federales para que asegurarnos que se nos de la información gubernamental que pedimos. Cada vez hay más indicadores positivos que señalan que la transparencia gana terreno en nuestra sociedad.

Por esta razón, es inquietante la crisis que se está viviendo en el seno del IFAI, después de que el mismo pleno (compuesto por cinco comisionados) realizaran el procedimiento previsto en la ley y entre ellos eligieran al comisionado Gerardo Laveaga como el nuevo presidente del instituto. ¿Por qué a Laveaga? Nadie sabe. A pesar de ser un órgano de transparencia, el proceso de selección está basado en un aberrante secretismo y opacidad por parte de los comisionados. Tal vez la ley les permita ser incongruentes, pero la ética les debería alentar actuar de manera distinta. La presidencia del IFAI es un puesto de suma importancia ya que es dónde se le imprime el carácter público y dirección del instituto.

El comisionado Ángel Trinidad ha dado una lección de transparencia a sus colegas del pleno durante la toma de posesión del nuevo presidente.  Trinidad hizo público, y no porque la ley le obligó, por qué no le dio su voto al comisionado Laveaga para la presidencia. En su discurso, Trinidad hace señalamientos sumamente serios al hoy presidente. Uno de los más preocupantes es la falta de preparación y conocimiento del instituto y del marco legal por parte del comisionado Laveaga, quien es el miembro más nuevo en el IFAI. Gerardo Laveaga llegó con agudas críticas por parte de la comunidad que trabaja el tema de transparencia. Su designación por parte de Calderón dejó muchas más dudas que certezas, sobre todo por su falta de conocimiento técnico en materia de transparencia y su especialización en el derecho penal área que merece mucha atención durante la pasada administración. Todo parece indicar que Laveaga no ha podido disipar esas críticas.

Desde hace mucho tiempo se ha señalado la deficiencia en el proceso de designación de comisionados del IFAI. La falta de fundamentación y motivación, así como un debate público sobre la idoneidad de los y las candidatas ha faltado en todos los nombramientos. Los problemas que enfrenta hoy el IFAI se desprenden de la calidad de sus comisionados.

La aguda crisis que vive hoy el IFAI también pasa por la inaceptable conducta de la comisionada Sigrid Artz –también nombrada por Felipe Calderón–. Se ha hecho público el hecho que la comisionada presentó 88 solicitudes de información, hecho que no es irregular. Sin embargo, lo que es absolutamente reproblable e inaceptable es que la misma comisionada presentó recursos de revisión y no se excusó durante la votación de los mismos. Además, en varios de los recursos, la osada comisionada tuvo el cinismo rufiano de ser ponente. El conflicto de interés es evidente. La comisionada lo ha aceptado. El IFAI investiga y quedará en manos del comisionado Lavega darle seguimiento y aplicar una sanción.

Las faltas cometidas por la comisionada Artz no son menores, por el contrario, son de gran envergadura. Sin embargo, como estamos acostumbrados a casos iguales o peores de corrupción y de mal desempeño del servicio público, vemos lo de Artz como algo pasajero e inocuo. El demandar los estándares éticos más altos a nuestros funcionarios públicos debería ser el piso mínimo. Más allá del proceso de sanción que realice el IFAI, si la comisionada tuviese el menor decoro y apego a la ética, renunciaría al puesto de comisionada del IFAI que ahora desempeña. Sería el acto congruente y democrático de una funcionaria que trabaja en el instituto de transparencia. Sería insostenible, desde el ámbito de su legitimidad que continuase abogando por la transparencia y la rendición de cuentas. La pregunta está en el aire: ¿hará la comisionada lo que tiene que hacer?

La crisis del IFAI se debe a malas decisiones tomadas con antelación en relación con la designación de comisionados. Hoy, una de las instituciones de mayor relevancia para la sociedad está en crisis y eso es innegable. Su pleno está dividió por rencillas que imposibilitan su correcto funcionamiento. Es momento de voltear y revisar de manera minuciosa lo que sucede dentro del IFAI. El acompañamiento de la sociedad resultará vital para sacar del letargo al IFAI (que no les pertenece a los comisionados) y pedir cuentas claras a nuestros servidores públicos.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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