El nuevo gobierno federal sigue avanzado en su tarea de hacerse con las riendas del poder –y del país–, por lo que en estos días están apareciendo varios diagnósticos sobre qué es lo que se encontraron en las diversas dependencias.
En la revisión a la estrategia y a las instituciones encargadas de combatir a la delincuencia, el anterior gobierno no salió nada bien parado, todo lo contrario. De hecho el mensaje fue contundente: la tarea realizada durante el sexenio pasado fue un completo fracaso.
En la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el Secretario de Gobernación hizo un breve –pero trágico– recuento de la situación actual. “El país enfrenta un alto nivel de violencia. Siete de cada 10 mexicanos se sienten inseguros. Uno de cada tres hogares reporta haber tenido, al menos, una persona víctima de violencia o de delito”, dijo Osorio Chong.
Además, entre 2006 y 2011 se cometieron 10.6 millones de delitos a nivel nacional. Sólo ocho de cada cien fueron denunciados y únicamente uno de cada 100 fue castigado. El resultado es que el secuestro se incrementó en 83 por ciento; el robo con violencia, 65 por ciento; la extorsión, 40 por ciento; los delitos sexuales, 16 por ciento; el robo en carretera, más de 100 por ciento; el robo de vehículos asegurados se ha duplicado. La tasa de crecimiento de homicidios es una de las mayores del mundo y las ejecuciones son la segunda causa de defunción en México.
El procurador Murillo Karam vino a completar el diagnóstico. Afirmó que en las dependencias encargadas de la seguridad pública, inteligencia y procuración de justicia, prevalece una completa desarticulación que impide la más mínima coordinación, y lo peor es que lo mismo sucede al interior de éstas. Es decir, ni siquiera entre las diferentes oficinas de una misma agencia se coordinan. Por supuesto, sobre objetivos claros y resultados medibles mejor ni hablar.
En el caso particular de la PGR, refirió que la institución “arrastra a través de los años, de muchos años, una estructura que no corresponde a la realidad actual porque fue condicionándose de manera desordenada para responder a la coyuntura, provocando hoy una fragmentación descoordinada que bloquea y desfasa el ejercicio de su función en el detrimento claro del cumplimiento de sus funciones.”
Según datos oficiales –y solamente contabilizando las instancias civiles–, durante el sexenio calderonista, en la PGR se gastaron más de 73 mil 200 millones de pesos (alrededor de 12 mil millones en promedio al año), y en la Secretaría de Seguridad Pública se invirtieron más de 200 mil millones (más de 33 mil millones anuales).
En 2006 –último ejercicio del presidente Fox– la SSP federal tenía un presupuesto de once mil millones de pesos (a precios constantes de 2012), en la actualidad cerrará el año con un gasto de más de 42 mil millones: un incremento cercano al 400 por ciento.
La pregunta obligada que debemos hacernos es para qué sirvió todo este esfuerzo. Ahora estamos mucho peor que hace seis años. Los delitos que más lesionan a la población –homicidios, secuestro, extorsión, etcétera– se han incrementado de forma exponencial. Tanto dinero invertido y resulta que las instituciones encargadas de combatir la inseguridad son más frágiles que antes.
Así las cosas, ¿al final resultará que todo fue pura fachada o simplemente somos daños colaterales de la guerra?
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