Criminólogos, sociólogos, trabajadores sociales y antropólogos, al estudiar la prisión y la vida institucionalizada, establecen hechos cualitativos, es decir, las implicaciones y consecuencias personales y familiares que conlleva la pena privativa de libertad.
Sin embargo, pocos son los estudios que se refieren a lo cuantitativo; específicamente al costo económico que conlleva para el Estado y para la sociedad el uso del encierro como pena o castigo. Guillermo Zepeda, a través de Open Society, hace un estudio minucioso y exhaustivo de lo anterior, en el cual me basaré para el presente artículo.
Al Estado mexicano le cuesta la manutención (alimentos, medicinas, salarios, energía eléctrica, indumentaria, uniformes, mantenimiento, etc.) un aproximado de $140 al día por interno; en cuanto a la investigación durante el proceso penal, cada una cuesta $4,330; el costo de cada juicio es de $14,500; la defensa pública y el trabajo social es de $541.83 (tomando en cuenta que el 50% de los internos procesados tiene un defensor público) y la pérdida de cotizaciones a la seguridad social es de $.97 por detenido por día.
En junio de 2012, la población reclusa era de 237,580 y considerando únicamente los gastos que se generan diariamente, el costo para el Estado por la totalidad de los internos al día, es de 33 millones y medio de pesos. Lo anterior sin calcular: aspectos complicados de medir, la diferencia de costos por fuero, ni el aumento que pudiera suponer la inflación desde el 2005, por lo que el costo real por interno es mayor que el presentado.
33 millones y medio de pesos diarios, 12 mil millones de pesos anuales, es lo que gasta el Estado en una pena que aparte de su probada ineficacia tanto para la prevención del delito como para la reinserción, causa en los internos así como en las familias efectos permanentes y negativos.
La mortificación del yo, de la que tanto habla Goffman, la etiquetación, el estigma, la trascendencia de la pena, la externalización de la prisionalización, la prisionalización per se, los conflictos psicológicos para los internos, el resentimiento social, entre otros, son algunos de los efectos que nos cuestan 33 millones de pesos diarios. Creo que nuestra política penitenciaria, aparte de ser ineficiente y de no cumplir con sus objetivos, nos sale muy cara a todos los ciudadanos.
Espero que el lector no esté pensando: ¡si nos cuestan tanto, mejor optar por la pena de muerte! Lejos de todas los supuestos teóricos y de derechos humanos que condenan la pena de muerte, ésta es más costosa económicamente que las penas de prisión. Según la American Civil Liberties Union (ACLU), el juicio de delitos castigados con dicha pena, es en promedio 1.1 millones de dólares más que los juicios de los otros delitos. De igual forma, Christian Jäger, establece que en Texas una ejecución cuesta 2.3 millones de dólares; tres veces más que una pena privativa de libertad de 40 años.
Pero este análisis es tan sólo una cara de la moneda, tendríamos que preguntarnos: ¿cuánto se obtiene en la prisión? ¿cuánto dinero se maneja en las cárceles todos los días? ¿cuánto se recauda, con lo que Payá nombra como la economía del pesito?
Para la siguiente semana ¿Cuánto reditúa la prisión?
Twitter: @criminologiamex
