Asesinan a seis personas en un centro turístico, está claro que los autores de la matanza son narcotraficantes. Inmediatamente el gobernador levanta el teléfono y llama a los directivos de los periódicos locales, les pide “por el bien del destino turístico” que no publiquen la nota. Todos obedecen, claro está, con una significativa cuota publicitaria de por medio. Además de una suerte de bonos por buen comportamiento que van desde fuertes sumas de dinero en efectivo hasta canonjías y puestos burocráticos para familiares de los directivos y propietarios de los medios.
Durante décadas, las y los reporteros hemos visto de cerca cómo los propietarios y directivos de algunos medios de comunicación toman decisiones que terminan involucrando al medio en actos de corrupción imperdonables. A veces no hay mucho que hacer, sino trabajar y esforzarse porque tus notas sean publicadas, porque la sociedad conozca aquello que es de interés público. Nadie enseña a una o un reportero a navegar entre la corrupción y casi nadie se atreve a cuestionar a sus editores. El periodismo es una profesión ya de por sí riesgosa y no es una casualidad que en el mundo entero haya cada vez más periodistas que trabajan por la libre vendiendo sus notas a diversos medios para subsistir, pero sin estar atados a uno solo.
A veces simplemente son los políticos quienes directamente compran o fundan un medio para controlar la información; particularmente en tiempos preelectorales. Trabajar en un medio así es convertirse en parte activa de la manipulación.
Es en ese contexto, asimilando esa realidad, que miles de periodistas salen todos los días en busca de noticias; a veces a jugarse la vida, a intentar hacer honor a la sociedad que les confía la labor de hacerles saber en qué condiciones se encuentra su comunidad, su entorno, su país.
Más allá de lo obvio, ¿qué implicaciones tiene que los gobernadores incidan directamente en silenciar a los medios? La perversidad de esta connivencia no tiene límites, porque en realidad silenciar los actos criminales fortalece a los sicarios, extorsionadores, secuestradores y narcotraficantes y deja desprotegida a la sociedad entera. La excusa más recurrente de los políticos es que deben proteger la economía de sus estados y evitar las alertas de seguridad de otros países; nada más falso, porque cuando la industria turística persiste en aceptar que los gobernantes en lugar de fortalecer la seguridad se dediquen sólo a silenciar, y a aparentarla para el extranjero, facilitan la infiltración de los cárteles en todos los negocios relacionados con el turismo.
Está demostrado que las y los policías, investigadores y ministerios públicos profesionales y honestos pierden la ganas de arriesgarse cuando saben que su trabajo no vale la pena porque no tendrá repercusiones judiciales para los delincuentes. El ocultamiento de la realidad exige de manipulación de la información, desmoraliza a quienes han creído que vale la pena incursionar en las instituciones de seguridad para cambiar al país. Porque cuando un gobernador ordena que se acalle una balacera en el centro de Cancún, o una masacre en un hotel de Los Cabos, o el franco narcomenudeo en los hoteles de lujo de Acapulco, no hace otra cosa que entregar el país, pedazo a pedazo a los cárteles en turno. Porque en medio del sigilo los expedientes se manipulan, los culpables desaparecen.
Y no es fácil. Basta recordar la que pasó Nueva York para lograr equilibrar el turismo ante la creciente violencia criminal. Pero también saber que valió la pena a largo plazo. Está probado que dedicarse a sacar sólo las buenas noticias, aunque sean reales, no tiene impacto si no están acompañadas de estrategias de mayor seguridad efectiva para el turismo.
Se entiende que algunos empresarios turísticos se sientan con las manos atadas, hartos de las extorsiones de gobernadores y alcaldes, sabiendo que a veces para poder operar en la legalidad precisan de cometer actos de ilegalidad. Cansados de saber que no pueden confiar en las procuradurías, ni el los cuerpos policíacos; que ante la impunidad local hace tiempo que el gobierno federal abandonó el respaldo a la industria turística. Están cansados de saber que dependen de empresas de seguridad privada que nadie sabe a ciencia cierta si están coludidas con los cárteles también.
La paradoja está allí, sin información no hay manera de exigir rendición de cuentas, sin evidenciar los delitos no hay manera de hacer justicia, sin justicia no hay seguridad ni democracia, y sin seguridad y con una democracia débil la economía pende de un hilo. Con la economía turística debilitada eventualmente los empresarios tienen dos salidas: tomar sus bártulos y buscar un mejor lugar para sus empresas, o hacerse cómplices del sistema y dejar que la infiltración de los cárteles en hoteles, bares y restaurantes les desangre poco a poco, hasta arrebatarles las ganas de defender lo propio y de defender al destino turístico en que invirtieron millones de dólares.
Hace unos meses visité Tijuana, la reunión con miembros de la Coparmex me dio esperanza. Los grupos empresariales saben que son contrapeso de los abusos políticos, su respeto ante los medios honestos y críticos y su capacidad de sentar a gobernador y alcalde a rendir cuentas a la sociedad me recordó lo que se siente documentar la fortaleza de un empresariado comprometido que no se somete al sistema, que se implica, que harto del status quo eligió reinventar la forma de rescatar la economía sin someterse a los cárteles ni a la corrupción. No todo está perdido, pero para ello se necesita que una buena parte de los inversionistas recuerden que su poder puede ayudar a la sociedad y a los medios honestos a lograr equilibrios de poder. Pueden conspirar por el cambio o hacerse cómplices del silencio.
@lydiacachosi
