Su nombre aparece vinculado a casos de tortura y acciones ilegales de las fuerzas castrenses, que se ventilan incluso en instancias internacionales; su prepotencia se ha documentado hasta en videos que circulan por las redes sociales. Aun así Felipe Calderón decidió ascender a Alfonso Duarte al generalato de tres estrellas, incluso fuera de tiempo –el mes pasado en vez de hacerlo en noviembre, como se estila–, tal vez con la intención de convertirlo en candidato a secretario de la Defensa Nacional para el próximo sexenio.
Por Gloria Leticia Díaz
MEXICO, DF (proceso).- El nombramiento de Alfonso Duarte Múgica como general de División confirma el desprecio de Felipe Calderón por los derechos humanos y coloca a ese militar en la lista de aspirantes a suceder a Guillermo Galván Galván al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Para el ascenso ordenado por Calderón el 19 de febrero, Día del Ejército, no estorbaron las 25 demandas por tortura contra Duarte Múgica radicadas en la Procuraduría General de Justicia de Baja California (PGJBC) ni las menciones que de él se hacen en la recomendación 87/2011 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también por tortura y mucho menos el fallido operativo contra el exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon en junio de 2011, en el que una juez federal concluyó que tropas del Ejército rindieron informes falsos para incriminar al dueño del Grupo Caliente.
Se pasó por alto que como responsable militar de Baja California, Baja California Sur y Sonora fue incapaz de detener a Joaquín El Chapo Guzmán cuando estuvo en San Quintín en 2011 y en Los Cabos en febrero pasado.
Tampoco importó que en septiembre de 2011 se difundiera un video en el que se advierte la prepotencia de Duarte ante funcionarios civiles, cuando “regañó” al secretario de gobierno de Baja California, Cuauhtémoc Cardona.
Versiones recabas por Proceso entre los altos mandos del Ejército indican que Duarte es reconocido como un militar protagónico, de mano dura, tolerante con los violadores de los derechos humanos pero hábil para manejar a su favor a los medios y a los grupos empresariales, sobre todo los que simpatizan con la política de seguridad del gobierno de Calderón.
El 19 de febrero, en un desayuno en las instalaciones de la II Región Militar (que él encabeza), en Mexicali, para celebrar el Día del Ejército, el gobernador José Guadalupe Osuna Millán felicitó a Duarte por la nueva estrella obtenida, al pasar de general de brigada a general de división. Duarte tiene 57 años y es el más joven de los 26 divisionarios del país.
Fue el único ascenso que Calderón ordenó el Día del Ejército en un hecho fuera de lo común, pues las promociones castrenses suelen llevarse a cabo cada 20 de noviembre.
El artículo 32 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos estipula que los grados de coronel, generales brigadier, de grupo, de brigada o de ala y de división son “conferidos por el presidente de la República”.
El cargo tiene que ser ratificado por el Senado o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, según el artículo 38 de esa ley.
El 21 de febrero la Secretaría de Gobernación solicitó que “sea ratificado el grado que actualmente ostenta el C. General de División Diplomado de Estado Mayor Alfonso Duarte Múgica (6459830)”.
El documento (SEL/UEL/300/090/2012) signado por el subsecretario Rubén Alfonso Fernández Aceves, viene con una copia del acuerdo firmado por Felipe Calderón y el secretario de la Defensa, Guillermo Galván y con la hoja de servicios de Duarte. Dos días después el presidente de la mesa directiva del Senado, José González Morfín turnó el expediente a la Comisión de Defensa Nacional.
Aunque está previsto que la ratificación se dé el jueves 29, en la página de internet de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Duarte Múgica aparece ya como general de división.
“Pues hasta el momento sí, soy el general de división con menor edad. Para mí constituye una gran distinción, un gran honor, el ascenso conferido por el señor presidente de la República a propósito (sic) del general secretario”, declaró Duarte al semanario Zeta (edición 1978, del pasado 27 de febrero).
LA SEDENA EN LA MIR
Fuentes de la Sedena explicaron que el mensaje enviado por Calderón es claro: con el ascenso pone a Duarte en condiciones de competir por la titularidad de la Sedena, lo que no podría hacer si el nombramiento se le hubiese otorgado en noviembre próximo.
La simpatía de Calderón hacia Duarte no es nueva. Fue nombrado comandante de la II Región Militar el 22 de noviembre de 2010 y era el único general de dos estrellas con esa encomienda, lo que no era bien visto entre los mandos castrenses.
El encargo se le dio después de una gira de Calderón por Tijuana. El 7 de octubre de 2010, ante empresarios, el presidente hizo gala de la supuesta pacificación de la ciudad fronteriza, atribuida a la militarización.
Las palabras de Calderón, incompatibles con la realidad del estado –ese año se registraron 530 ejecuciones–, fueron efusivamente celebradas por los empresarios; Calderón buscó la mirada de Duarte, entonces comandante de la Segunda Zona Militar, y dijo: “Ese aplauso es también para el Ejército, señor general”.
Duarte había asumido la jefatura de zona el 1 de junio de 2008. “Como responsable castrense de Baja California organizó y coordinó esfuerzos interinstitucionales en dos sentidos: combate a las células del crimen organizado en tema de tráfico y secuestro; además de depuración de las fuerzas civiles locales”, publicó Zeta el 2 de enero de 2012, en su número 1970.
Esa “depuración” no fue tersa. Desde 2009 Proceso ha dado seguimiento a los abusos cometidos por militares en Baja California durante la gestión de Alfonso Duarte como comandante de zona y región, así como de quien fue su aliado en la detención masiva de policías en Tijuana, el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, exsecretario de Seguridad Pública de Tijuana y ahora responsable de la seguridad en Ciudad Juárez (números 1701, 1722, 1724, 1737, 1759, 1794, 1800, 1818, 1828, 1834 y 1844).
“El ascenso del general Duarte Múgica confirma por dónde va la política de seguridad del Estado y que los derechos humanos son mero discurso; estamos ante un ascenso cimentado en la tortura de decenas de personas para que se declaren culpables de ser narcotraficantes y se justifique la militarización de la seguridad publica; es un ascenso sentado sobre las amenazas a defensores y víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”, dice a este semanario Silvia Vázquez, abogada que tuvo que huir de Tijuana tras ser amenazada por defender a las víctimas de los abusos.
En 2009 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN) atendieron las denuncias de 42 personas torturadas por militares en instalaciones castrenses: 34 policías municipales de Tijuana, dos agentes ministeriales y seis civiles. Esos casos fueron denunciados por ambas organizaciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 5 de noviembre de 2009.
Los siguientes dos años ambas agrupaciones documentaron 10 casos más, entre ellos violaciones sexuales tumultuarias a hombres y mujeres como mecanismo de tortura.
Mientras Duarte estuvo al frente de la Segunda Zona Militar las quejas registradas por esas organizaciones se circunscribían a Tijuana; a partir de que el general se mudó a Mexicali las denuncias por abusos militares se trasladaron a la capital de la entidad y se extendieron a Tecate, San Felipe y Ensenada. Se han registrado incluso ejecuciones extrajudiciales, casos de los que la CNDH tiene conocimiento.
La labor de los defensores se ha visto amenazada. En 2010 Silvia Vázquez Camacho, abogada de la CCDHN y de la CMDPDH, y Blanca Mesina Nevárez, representante de los expolicías municipales torturados por militares, fueron amenazadas de muerte. Tuvieron que huir de Tijuana.
El hostigamiento vino luego de que promovieron la integración de 25 demandas por tortura en instalaciones militares ante las procuradurías general de la República y estatal de Baja California, contra soldados torturadores así como contra Duarte, Leyzaola y el capitán Gustavo Huerta, quien fuera mano derecha de Leyzaola y actualmente su sucesor en Tijuana.
En febrero de 2012 el secretario técnico de la CCDHN, Raúl Ramírez Baena, quien ha recabado testimonios de abusos en Mexicali, Ensenada, San Felipe y Tecate, fue amenazado por militares, hechos de los que tienen conocimiento la CNDH, Amnistía Internacional y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los familiares de las víctimas que han denunciado los abusos también han sido amenazados. Los últimos actos de hostigamiento ocurrieron el pasado 13 de enero cuando militares allanaron las casas de cuatro civiles detenidos en Playas de Rosarito y torturados para que se inculparan como secuestradores.
En 25 casos –ocurridos en marzo de 2009– 23 policías (entre ellos una mujer) y dos civiles estuvieron arraigados 40 días en la sede del 28 Batallón de Infantería. Los acusaron de colaborar con el narcotraficante Teodoro García Simental y fueron recluidos en el penal de El Rincón, Nayarit desde mayo de 2009; 13 de los expolicías fueron liberados en agosto de 2010.
Por este tema y el desplazamiento obligado de Silvia Vázquez y Blanca Mesina, la CNDH emitió la recomendación 87/2011 y confirmó que se utilizaron instalaciones militares para que soldados torturaran a las 25 víctimas –abusaron sexualmente de la mujer policía– además de que hubo detención arbitraria, retención ilegal e incomunicación; en cuanto a las defensoras, hubo violaciones a su integridad y seguridad personales, a la legalidad, a la seguridad jurídica, al debido proceso, libertad de tránsito y residencia.
En la recomendación se menciona que Duarte, como jefe de la Segunda Zona Militar recibió notificaciones de la PGR por detener a las 25 personas y mantenerlas arraigadas en el 28 Batallón de Infantería.
“A pesar de que la recomendación fue aceptada por la Sedena la impunidad se ha perpetuado”, apunta en entrevista Silvia Vázquez. “Las primeras quejas se presentaron ante la PGR que las acumuló en una sola y la turnó a la Procuraduría de Justicia Militar, que de inmediato archivó el caso; en cuanto a las 25 denuncias también por tortura pero ante la PGJBC, no hay avances, no han llamado a declarar a Duarte, a Leyzaola ni a Huerta”.
LA PIFIA DE TIJUANA
Uno de los detenidos por las tropas a cargo de Duarte que se “victimizó”, pero que fue liberado por el Poder Judicial de la Federación, es Jorge Hank Rhon, cuya esposa, María Elvia Amaya, ocupa el lugar número ocho de la lista plurinominal del PRI al Senado.
Por una supuesta denuncia anónima, la madrugada del 4 de junio de 2011 la residencia del exalcalde de Tijuana fue allanada por un piquete de soldados. Él y 10 personas más fueron detenidas y presentadas por los militares con 88 armas de fuego, 78 sin licencia y 49 de uso exclusivo del Ejército así como 9 mil 250 cartuchos útiles.
El escándalo, un mes antes de la elección de gobernador del Estado de México, duró 10 días. Tras una breve estancia en instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y después de ingresarlo al penal del Hongo, en Tecate, la juez noveno de Distrito, Blanca Parra Meza no encontró elementos para procesar a Hank ni a sus acompañantes.
Se comprobó que la irrupción del Ejército fue ilegal –sin orden de cateo ni flagrancia– y que el parte militar no coincidía con los hechos observados en el video de circuito cerrado del domicilio ni con los testimonios de siete personas presentes en la detención.
Después de la pifia, el 16 de junio la procuradora general Marisela Morales aseguró en entrevista con la conductora de televisión Adela Micha que ella no estaba enterada de que uno de los detenidos era Hank y que la PGR fue incapaz de sostener la versión castrense porque los militares “no grabaron” el operativo.
En la entrevista con los editores de Zeta se le pregunta a Duarte “qué salió mal” en el operativo contra Hank. El alto mando insiste en defender la versión original del Ejército y que su función terminó al poner a disposición de la PGR a los detenidos. Y advierte: “Nosotros continuaremos trabajando ante la flagrancia del delito (...) lo continuaremos haciendo en beneficio de la ciudadanía”.
En su número 1970 Zeta señala como logros del general durante su primer año al frente de la II Región Militar: 3.6 de las 5.9 toneladas de cocaína aseguradas por el Ejército en todo el país; 19.5 de los 26.1 millones de dólares incautados en México y la quinta parte de las mil 557 toneladas de mariguana decomisadas por las Fuerzas Armadas.
Entre los logros sin duda se enumera el hallazgo en julio de 2011 de un plantío de 120 hectáreas de mariguana en las inmediaciones de San Quintín, que pertenecía a El Chapo Guzmán. La plantación tendría por lo menos cuatro meses de operación.
Pese a que la región donde se localizó el plantío es permanentemente vigilada por el Ejército ya que en San Quintín está la sede del 67 Batallón de Infantería, en la entrevista con Zeta el general Duarte admitió que El Chapo estuvo ahí: “Se tuvo información por parte de las personas que fueron detenidas (cerca de 60, la mayoría jornaleros) que ahí en el megaplantío estuvo esta persona”.
Días después de que Duarte fuera ascendido a general de división, El Chapo Guzmán volvería a aparecer en sus terrenos, esta vez en Los Cabos, Baja California Sur.
El sábado 3, Cuitláhuac Salinas, titular de la SIEDO, reveló que un día después de que la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton se reuniera con cancilleres del G-20 en Los Cabos, Guzmán Loera estuvo ahí.
Con todo, para los bajacalifornianos no cabe duda de quién manda en su estado y la muestra la puso Duarte en septiembre de 2011, cuando apabulló al segundo de a bordo del gobierno de Osuna Millán.
En un video de 39 segundos difundido por los medios de todo el país se observó a Duarte vestido de gala en el brindis del 15 de septiembre. A gritos le ordena al secretario de Gobierno, Cuauhtémoc Cardona, que se acerque donde están él y el gobernador; sin mirar al funcionario, Duarte notifica a Osuna Millán que giró órdenes a los responsables de todas las instalaciones militares para que se niegue el acceso a Cardona.
“Es un borracho, un grosero, irrespetuoso y confianzudo”, dice el general del funcionario que permanece callado mientras Osuna asume como ciertas las acusaciones.
El 20 de septiembre el funcionario ofreció una conferencia de prensa explicando que la molestia del general fue porque Cardona llegó tarde a la ceremonia en homenaje a los Niños Héroes, que no subió al templete y prefirió retirarse, pero que no iba alcoholizado, como aseguró el militar.
Cardona lamentó la exhibición que se hizo de su persona pero confió que junto con el gobernador Osuna procurarían sus “mejores oficios para que el general baje su intensidad en las molestias”.
“¿Esta vetado para entrar a instalaciones militares?”, soltó un reportero. “Eso dijo el general”, respondió Cardona, lacónico.
