En la nueva sentencia se indica que Pemex Exploración y Producción (PEP) deberá dar prórrogas a diversos contratos de la naviera para que se le pueda dar flujo a los ingresos de Oceanografía, actualmente en concurso mercantil.
Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).- Un juez determinó que Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá prorrogar nueve contratos otorgados a la empresa Oceanografía, que en marzo de 2014 le fueron rescindidos luego de que su dueño Armando Yáñez fue señalado por participar en un fraude millonario que involucró a la petrolera, a Citigroup y a Banco Nacional de México (Banamex).
En la nueva sentencia, dictada por el juez Felipe Consuelo Soto, se indica que Pemex Exploración y Producción (PEP) deberá dar prórrogas a diversos contratos de la naviera para que se le pueda dar flujo a los ingresos de la compañía que actualmente se encuentra en concurso mercantil.
“Requiérase a Pemex Exploración y Producción, para que en cumplimiento las medidas cautelares decretadas el 14/04/2015 y ordenadas en la sentencia de 8/06/2014, tomando en consideración el presente proveído, esto es, atendiendo el análisis realizado por el especialista, y que obran agregados en los anexos exhibidos para tal efecto, prorrogue por el plazo contemplado en cada contrato”, detalla la sentencia que ha sido difundida por diversos medios.
Y agrega: “Esto con la finalidad de que la comerciante pueda tener ingresos ordinarios y así mantener la viabilidad financiera que necesita para su conservación, que es la finalidad primordial de la Ley de Concursos Mercantiles”.
El caso Oceanografía comenzó en febrero de 2014, cuando la principal contratista de Pemex fue acusada de haber incumplido con el pago de unas fianzas sobre varios de sus contratos con la petrolera, por lo que fue inhabilitada para que se le otorgaran contratos de gobierno.
Dos semanas después, el conglomerado Citibank informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que había detectado un presunto fraude en su esquema de “créditos a corto plazo”, por 400 millones de dólares, el cual había disminuido sus ingresos anuales de 2013 por 235 millones de dólares, después de impuestos.
El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto tomó el control de la empresa y la ha administrado desde entonces, durante el proceso en que los acreedores se pusieron de acuerdo en cómo cobrar sus adeudos sobre la compañía, en un procedimiento de concurso mercantil.
