La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente ha detectado que más del 50 por ciento de los derrames químicos en cuerpos acuáticos en todo el país han sido provocados por Petróleos Mexicanos.
Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).– La madrugada del 31 de marzo de 2015, la plataforma de marina de Abkatún Alfa Permanente de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en la Sonda de Campeche, explotó por una falla mecánica. Cuatro trabajadores murieron y 16 más resultaron heridos. Durante las primeras horas del accidente, Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos, descartó una contingencia ambiental. Sin embargo hoy, la empresa enfrenta una demanda por daños al medio ambiente.
“Los hidrocarburos se expandieron aproximadamente 10 kilómetros en el agua, y la flora y fauna de la región quedaron contaminados, lo que representa un peligro para la salud humana debido a que en el momento en el que el petróleo entra en contacto con las aguas marinas se forma una mezcla de sustancias tóxicas que se esparcen por todo el ecosistema: hidrocarburos, metales pesados como el venadio, sales inorgánicas, entre otros, las cuales aumentan el riesgo de cáncer en el ser humano al consumir fauna de esta agua”, explicó la asociación civil Acciones Colectivas de Sinaloa A.C, organismo que interpuso la demanda contra Pemex por contaminación.
Luis Pérez de Acha, representante legal de Asociación, comentó a SinEmbargo que “nos hemos apoyado en estudios que llamamos indicios, donde se ha publicado la dimensión del problema. Lo que queremos acreditar es que hubo un accidente en la plataforma y ya el juez deberá abrir un juicio y certificar la demanda una vez que los peritos realicen su investigación”.
El problema es que por la propia naturaleza del proceso legal, Pemex podría ser sancionada hasta dentro de dos años, tiempo que el impacto ambiental se agravaría, en ese sentido dijo que “todo eso tendrá que tomarlo en cuenta el juez, sin lugar a dudas, y en este caso se recurre a medidas de remediación definitivas porque sí tiene que haber un punto final a la contaminación con independencia del monto de la indemnización económica que se le imponga”.
En documento presentado ante el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil, en el Distrito Federal, donde la demandada tienen su domicilio fiscal, se argumenta que “constitucionalmente cualquier acto de contaminación al medio ambiente genera responsabilidad para quien lo comete, por lo cual la demanda pretende que el juez de Distrito declare que Pemex contaminó mares y aguas marinas de la Sonda de Campeche aproximadamente a 132 kilómetros al noroeste de la terminal marítima de Dos Bochas, en el Golfo de México”.
Al respecto, el abogado dijo que “el juez tiene el poder suficiente para ordenarles que quiten las trabas e incluso aplicar lo que se llaman medidas de apremio que pueden llegar a multas e incluso al arresto”.
DEMANDA DE ACCIÓN COLECTIVA
Acciones Colectivas de Sinaloa A.C pide al Juez Sexto de Distrito en Materia Civil que se "ordene a Pemex a que repare el daño ambiental causado, restituyendo las cosas al estado que guardaban antes de la contaminación, en los términos fijados por los artículos 581, fracción I y 604 del Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC)”.
Asimismo, el documento detalla que de no ser posible reparar el daño, “Pemex debe pagar una indemnización como cumplimiento sustituto de acuerdo a la afectación de los derechos o intereses de la colectividad. La cantidad resultante deberá destinarse al Fondo a que se refieren el capítulo XI del Libro Quinto, Título Único (de las acciones colectivas del CFPC), que entre otros fines procura el fomento de la investigación y difusión de las acciones y derechos colectivos”.
“Lo único que nosotros queremos a través de las acciones colectivas es que se respete el medio ambiente […] que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente asuma la responsabilidad que tiene, debió ordenar a Pemex que tomara medidas para evitar que la contaminación continuara. Yo creo que Profepa en este caso y en muchos otros se está quedando corta”, comentó Pérez de Acha.
Los inconformes también demandaron a las autoridades que se condene a Pemex al pago de una sanción económica referida en el artículo 19, fracción II de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LEFRA), por un monto que puede ir de mil a seiscientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, que deberá ser determinada en términos del artículo 23 de dicha ley.
LA FUGA DE DAÑOS
Aunque en menos de un año la empresa productiva del Estado fue señalada como responsable de dichos derrames, esta no es la primera vez que causa gran impacto ambiental y menos en el estado. En enero de 2011 Francisco Brown Gantus, delegado de la Profepa de Campeche, declaró que Pemex se hizo acreedora a la “multa más grande” registrada por la dependencia en dicha entidad que fue por medio millón de pesos .
El cargado de procuración ambiental dijo además en aquel momento que 2010 concluyó con “un esfuerzo materia de inspección y vigilancia, así como en la aplicación de multas y sanciones a diversas empresas”, entre éstas Petróleos Mexicanos.
Por su parte, la Procuraduría informó que de agosto de 2010 a agosto de 2014 registró un total de 227 derrames químicos o de hidrocarburos en cuerpos de agua en por distintas compañías en al menos 20 estados de la República Mexicana; sin embargo de ese total, 119 incidentes son de Pemex, es decir el 53 por ciento.
Asimismo, en octubre pasado, la delegación de Profepa en Jalisco informó que desde 2011 los derrames han costado a Pemex más de 28 millones de pesos en multas, tan sólo en ese estado.
Al respecto, expertos en el sector energético y protección al medio ambiente coinciden en que Petróleos Mexicanos da a conocer en sus informes anuales que gasta miles de millones de pesos en la batalla contra el cambio climático, en mitigación de daños ambientales, en infraestructura o proyectos que contaminan menos; sin embargo todos los “esfuerzos” que realiza son insuficientes para “compensar” las afectaciones que provoca la emisión de gases de sus plataformas y derrames.
En ese sentido, Aroa de la Fuente, especialista en industrias extractivas del Centro de Análisis e Investigación Fundar, comentó a este medio que “hay que repensar el modelo que lleve a reducir los impactos al mínimo y no mitigarlos o contrarrestarlos monetariamente, hay que apostarle a un modelo energético que suponga”.
