A lo largo del 2015 México estuvo en el ojo internacional por las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de los diferentes niveles de gobierno. El año empezó con el asesinato de un periodista, y termina con la negación oficial de que el país atraviesa por una crisis de respeto a las garantías individuales.
Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).– El 2015 fue un año en el que México no pudo quitarse el luto que lleva a cuestas desde hace años. Las cifras de desaparecidos crecieron, los muertos se multiplicaron: Iguala, fosas clandestinas, narcotráfico, feminicidios… En esa negra lista se halla un nombre: el de Miguel Ángel Jiménez Blanco, el activista que lideró la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
Un día de agosto también fue reportado desaparecido, posteriormente, se confirmó su muerte. Jiménez Blanco, a quien alguna vez le tocó recoger los restos de su hijo desaparecido, y quien había fundado un grupo de autodefensas, mostró lo peligroso que era ser activista en México, una convicción que se puede pagar con la vida misma. Meses antes del asesinato del activista, la capital del país fue el escenario de un crimen doloroso, pero anunciado.
El 31 de julio, el fotorreportero Rubén Espinosa Becerril había sido asesinado junto con otras tres mujeres en un departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. “No quiero ser el número 13 o 14”, había dicho a SinEmbargo, en referencia al número de periodistas asesinados en Veracruz, entidad de la que salió huyendo ante las presuntas amenazas del gobierno priistas de Javier Duarte de Ochoa. Junto con Espinosa Becerril también fue asesinada Nadia Vera, activista que, públicamente, había condenado la represión del gobierno de Duarte de Ochoa.
Los asesinatos de Jiménez Blanco y de Espinosa Becerril confirmaron lo que desde hace meses se decía incluso en foros internacionales: México no es seguro para activistas ni periodistas, y es un país con libertades acotadas, en el que cada 26 horas se violan los derechos de un periodista- según datos de Artículo 19-.
Cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al 30 de noviembre de este año señalan que el país cerrará con un mayor número de quejas que las registradas en 2014. El año pasado, el organismos recibió 8 mil 455 quejas por violaciones a los derechos humanos, mientras que faltando 30 días para cerrar 2015, reportaba 9 mil 424, principalmente en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 2 mil 064; la Policía Federal (PF) con 754 y la Procuraduría General de la República (PGR) con 724.
Es decir, al día, se levantan más de 30 quejas en el país por violaciones a los derechos humanos. Oficialmente, en el país, existen desde 2006 alrededor de 160 mil asesinados y 25 mil desaparecidos, ello sin tomar en cuenta a los desplazados por la violencia.
“Estamos en una guerra y es inédita, creo que ya no es ideológica, es una guerra económica, una guerra por el dinero y donde los territorios y las personas nos hemos vuelto realidades instrumentales para maximizar los capitales, sean del crimen organizado o de las grandes empresas legales o ilegales”, dijo Javier Sicilia Zardaín, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), en una presentación el pasado 21 de noviembre.
OFICIO PERIODISTA
México se encuentra en el lugar 152, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras (RSF). De acuerdo con la CNDH, el 89 por ciento de los crímenes contra periodistas permanecen impunes. Ni la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (Feadle), ni el Mecanismo para la Protección de periodistas y de defensores de los derechos humanos han conseguido mejorar la situación.
El 15 de marzo, el despido de la periodistas Carmen Aristegui de la empresa MVS, atribuido a la historia de la “casa blanca” –la residencia de más de 7 millones de dólares de la Primera Dama, Angélica Rivera Hurtado–, una investigación de su equipo de noticias, causó revuelo internacional sobre el respeto a la libertad de expresión en México. El tema dio vuelta al mundo y puso en entredicho la apertura del Gobierno federal a la crítica.
Cuando el despido de Aristegui ocupó los titulares de los medios de comunicación, ya se habían registrado una serie de agresiones en contra de periodistas y trabajadores de medios de comunicación.
El 29 de enero El Heraldo de Córdoba, en Veracruz, fue atacado con bombas molotov, que fueron lanzadas a sólo metro y medio de las instalaciones del diario. El 2 de enero fue secuestrado, también en Veracruz el periodista Moisés Sánchez Cerezo, director del diario La Voz de Medellín. También era activista, formaba parte del Comité de Seguridad Medellín de Bravo y participó en la marcha de ciudadanos para protestar por la violencia y exigir soluciones al Alcalde. Tres días después, pruebas de ADN confirmaron su asesinato.
Patricia Iveth Morales Ortiz, fotógrafa de la Agencia Imagen del Golfo y Verónica Huerta, colaboradora de AVC Noticias, de Veracruz, también fueron amenazadas. El 1 de febrero Verónica recibió un mensaje de texto en el que le decían: “pendeja, después del Moisés sigues tú, perra te estamos checando” (sic).
Ante las intimidaciones que enfrentan periodistas y su familia, ante la falta de justicia y de medidas de protección eficaces, algunos, como Rubén Espinosa, se han visto obligados a huir. Es el caso de Enrique Juárez, jefe de redacción del diario El Mañana, en Matamoros, Tamaulipas, quien fue secuestrado y agredido por un grupo armado durante varias horas el 4 de febrero. Sus plagiarios le reclamaron la publicación de textos sobre la violencia en la ciudad fronteriza y los enfrentamientos entre los grupos armados y las fuerzas de seguridad. La dirección del periódico precisó que el periodista se fue a Estados Unidos, junto con su familia, por cuestiones de seguridad. El diario lamentó el efecto disuasivo de esta agresión y afirmó que como medida de seguridad ya no publicaría información sobre la violencia. Dos días después, en el mismo municipio, Televisa del Noreste fue víctima de un ataque con granada, que hirió a dos guardias de seguridad.
El periodista y conductor de radio Moisés Villeda Rodríguez también huyó de Ciudad Juárez, Chihuahua, y optó por el exilio. El colaborador del diario El Mexicano pidió asilo en Estados Unidos, acorralado por las amenazas que recibídas desde que había empezado a publicar textos en los que denunciaba la corrupción. Le dejaron un gato descuartizado a las afueras de la radio donde colaboraba con un mensaje: “¡Bájale!”.
Un reporte de agosto de este año del Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) detalló que México es el quinto país mas peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo, antecedido por Yemen, Sudan, Siria y Francia. La posición del país se debe en gran parte a que en la última década han sido asesinados, oficialmente, 80 periodistas y desaparecido 17. En lo que va del año, hasta agosto se tenía una cifra de tres asesinados.
LAS LEYES MORDAZA
A las agresiones contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos se suman los intentos de gobiernos estatales por aplicar las llamadas leyes mordaza. El Congreso de Quintana Roo aprobó en agosto la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, impulsada por el Gobernador priista Roberto Borge Angulo, que contiene disposiciones restrictivas para el ejercicio periodístico, que de acuerdo con la organización Artículo 19, constituye “un acto de simulación” de un gobierno que continúa agrediendo a periodistas críticos e independientes. La legislación fue aprobada en un contexto de agresiones contra la prensa por parte del gobierno de esa entidad.
El último de estos casos fue la detención del periodista maya Pedro Canché Herrera quien fue liberado el pasado 29 de mayo tras ser acusado, sin algún sustento, de sabotaje. La CNDH presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley por considerarla que atenta contra el derecho a la información, la libertad de expresión y la no discriminación.
ACTIVISTAS Y DEFENSORES EN PELIGRO
El 1 de noviembre, el Comité Cerezo emitió un informe en el que señala que durante el actual Gobierno federal, que inició el 1 de diciembre de 2012, han sido arrestados 669 activistas, acusados por motín, ultrajes a la autoridad, homicidio y secuestro, principalmente en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y el Distrito Federal.
Este año, las megaobras, otorgadas generalmente a las mismas empresas, marcaron una nueva etapa en la persecución contra defensores del medio ambiente, principalmente contra aquellos que defienden el derecho humano al agua. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) advirtió que los ataques a defensoras del medio ambiente aumentaron 990 por ciento en menos de cinco años.
En su Segundo Informe Anual sobre Ataques a Personas Defensoras Ambientales, el CEMDA advierte que existe una “tendencia creciente” en las agresiones: de 10 casos en 2010, pasó 16 en 2011; 23 en 2012; 82 en el periodo enero 2013-abril 2014; y a 109 durante el lapso mayo 2014-junio 2015. El CEMDA ha documentado 240 agresiones a ambientalistas desde hace cinco años, de las cuales 191 (79.5 por ciento) se produjeron en apenas dos años y medio: entre enero de 2013 –un mes después de la llegada de Peña Nieto a Los Pinos– y junio de 2015.
Por entidades, Sonora –con 16 casos entre mayo 2014 y junio 2015– es el estado más peligroso para defender el ambiente y los recursos naturales. Le sigue Oaxaca, con 13 casos y el Estado de México con 12; Guerrero, con nueve; y Chiapas, Chihuahua, Colima y Puebla, con ocho. En el Distrito Federal también se contabilizaron seis agresiones.
En cuanto al tipo de víctimas, el informe refiere que de los 109 ataques registrados entre mayo de 2014 y junio de 2015. También se registraron 21 ataques dirigidos a la comunidad que se opuso a algún proyecto que pusiera en riesgo el medio ambiente de la zona, y 17 fueron contra organizaciones no gubernamentales.
Las amenazas personales, telefónicas o electrónicas, fueron los eventos más reiterado (75). Mientras que las agresiones físicas personales o en grupo (25), el enjuiciamiento arbitrario (19), las detenciones ilegales durante manifestaciones o en la vía pública (17), los asesinatos (11), la difamación hacia organizaciones civiles (3), así como el uso indebido de la fuerza pública (2), fueron otras de las agresiones más comunes.
El informe “Defensa de la Vida. Conclusiones de la Misión de Observación Civil sobre la situación de las personas defensoras en México 2015” de Naciones Unidas, ha constatado que en México la tortura es una práctica recurrente y que existe un ‘contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado, muchas de las cuales podrían calificarse como de desapariciones forzadas’; se calcula que actualmente, más de 22 mil personas están desaparecidas y 281 mil 418 personas han tenido que desplazarse entre 2011 y febrero de 2015”.
El informe asegura que en México “el abuso del sistema judicial para criminalizar y estigmatizar las actividades de las y los defensores de derechos humanos ha sido observado por los procedimientos especiales de la ONU y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como una forma ‘sofisticada’ de silenciar a estas personas”.
También pudo constatar el uso de tipo penales abiertos, vagos y ambiguos como “privación de la libertad”, “ataques a las vías de comunicación”, “atentado contra la riqueza nacional” o bien, la aplicación indiscriminada de figuras como el “arraigo” contra personas defensoras de derechos humanos en el ejercicio de sus actividades de defensa pacífica. “México debe tener en cuenta las recomendaciones en materia de protección de personas defensoras de derechos humanos, emitidas en el marco de las visitas de las y los relatores de la ONU, así como de las organizaciones especialistas en el tema”, finaliza el documento.
