Según Essebsi, "los especialista han afirmado, por unanimidad, que el proyecto se ajusta al cien por cien a la Constitución y que no contradice los artículos relativos a la justicia transacional".

Horas antes, el líder del partido islamista tunecino Al Nahda, Said Ferjani, se había mostrado en contra y había advertido de que su formación no aceptará el proyecto de ley tal y como está redactado en la actualidad.

En declaraciones exclusivas a la televisión satélite saudí Al Arabiya, Ferjani señaló que la versión actual parece incompatible con la Constitución y las leyes en vigor, por lo que sugirió abrir un debate nacional.

"La reconciliación nacional es una necesidad y una reivindicación de todos los tunecinos", subrayó.

"Se debe iniciar un amplio diálogo nacional sobre la propuesta del presidente con el fin de hacer cambios que la hagan aceptable para la sociedad civil y para los diversos componentes del espectro político", afirmó Ferjani.

Ambas declaraciones se producen diez días después de que unas 500 personas, en su mayoría seguidores de formaciones minoritarias opositoras, salieran a las calles de la capital para protestar contra una ley que propone la amnistía fiscal a quienes se enriquecieron ilegalmente durante la dictadura de Zin el Abidín Ben Ali.

El documento, todavía enredado en los cauces legales para su aprobación definitiva, fue consensuado por los cuatro partidos mayoritarios en Túnez -entre ellos Al Nahda- y presentado ante el Parlamento el pasado mes de julio por el presidente del país

Tanto el partido mayoritario Nida Tunis, promotor de la ley, como el propio Gobierno, que dirige el independiente Habib Essid, han esgrimido la crisis económica como argumento para presentar una ley que permitirá regularizar una parte del dinero esquilmado a cambio de una simple confesión.

El primer Ejecutivo postransición argumenta que esa cantidad de dinero -calculada en cientos de millones de euros- puede ayudar a equilibrar los frágiles balances de una democracia que no termina de arrancar, lastrada por la falta de inversión, la agitación social y el brote del yihadismo.

Los partidos de oposición de izquierdas y la sociedad civil consideran, sin embargo, que supone un insulto a quienes en 2011 se levantaron contra el dictador, un paso atrás en la revolución y una traición a los valores que después contribuyeron a desencadenar las llamadas "primaveras árabes".