Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- Un pequeño grupo de accionistas de Walmart acusó que Ernst & Young, auditor de "toda la vida" de la cadena minorista estadounidense, sabía sobre posibles sobornos en México mucho antes de que la empresa diera a conocer el caso a las autoridades de Estados Unidos.
Pero incluso antes de que la misma empresa confesara a las autoridades la corrupción en México, fue The New York Times quien lo destapó, por medio de una investigación propia que mereció el Premio Pulitzer.
The Wall Sreet Journal indica hoy que el CtW Investment Group -que trabaja con los fondos de pensiones sindicales que mantienen aproximadamente el 0.15 por ciento de Walmart Stores Inc.- hizo la afirmación a través de una carta el pasado jueves a la Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), la cual supervisa la contabilidad externa de empresas públicas.
La nota firmada por Sarah Nassauer señala que esa carta cita un correo electrónico interno de Walmart, fechado el 27 de febrero del 2006, que dice que los empleados de la cadena minorista Bentonville, Arkansas "informaron a Ernst & Young en los últimos meses", junto a algunos de los directores de la compañía, sobre una investigación interna de un posible soborno.
No fue sino hasta finales de 2011 que Walmart reveló su investigación al Departamento de Justicia y a la Comisión de Valores, de acuerdo con documentos de valores de la empresa.
CtW dijo en su carta al WSJ, que Ernst & Young debería haber informado el presunto soborno a la SEC y que la junta de supervisión de contabilidad debe de ser investigada, porque los actos objeto de la investigación y cómo la investigación se manejó, podrían haber afectado los estados financieros del minorista.
En la investigación que CTW solicita, se plantea la cuestión de las responsabilidades de los auditores externos cuando sus clientes pueden haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, una "dura" ley contra el soborno realizado por estadounidenses, indica el diario.
Si un auditor externo descubre un acto potencialmente ilegal, sólo se espera -en general- a notificar a las autoridades competentes dentro de la empresa, a sus representantes y sus expertos legales, dijo CTW. Sin embargo, el auditor puede ser obligado a notificar al gobierno si no se toman las medidas adecuadas y los libros de una empresa puede verse comprometidos, afirmó el grupo de inversionistas al diario.
Ernst & Young, que ha sido el contador externo de Walmart durante décadas, dijo al WSJ que no podía hacer comentarios sobre asuntos relacionados con sus clientes. Wal-Mart tampoco quiso hacer comentarios, argumentando que la investigación de soborno está en curso. La PCAOB y la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) también se negaron a comentar.
El PCAOB, indica el diario, puede investigar a las empresas de contabilidad de empresas públicas en auditorías deficientes, incluyendo fraude, y en algunos casos, reparte multas disciplinarias o revoca el derecho de la empresa a la práctica.
Sin embargo, la Public Company Accounting Oversight Board nunca ha sancionado a algún contador externo sobre asuntos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, según le dijo un portavoz del organismo regulador al Wall Sreet Journal.
Además del organismo regulador estadounidense, Walmart tampoco ha sido penalizado por la SEC, que junto con el Departamento de Justicia, tiene jurisdicción sobre la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
LAS POSIBLES SANCIONES A ERNST & YOUNG
Walmart supuestamente utilizó sobornos para ampliar su base de tiendas en México hace casi una década. Los directos aseguraron que se enteraron de los sobornos por un denunciante en México en octubre de 2005, de acuerdo el correo electrónico interno de la cadena minorista en poder del WSJ y detalles que aparecieron en artículos publicados por el The New York Times.
Desde 2011, dice el diario estadounidense, la investigación ha costado a Walmart al menos 500 millones de dólares en honorarios legales y de consultoría, además del aumento de los costos de cumplimiento, y otros gastos, de acuerdo con documentos de la empresa.
La carta de CtW evidencia que las supuestas violaciones a la FCPA, a menudo tiene "largos tentáculos" de las empresas y sus asociados, dice el WSJ.
Durante la última década, el gobierno federal de Estados Unidos ha intensificado la aplicación de sanciones contra las violaciones de la FCPA, que a menudo desencadenan "un mar" de demandas de accionistas antes de que las multas se entreguen. En el propio correo electrónico de CtW al diario, se hizo pública una demanda judicial.
De acuerdo con expertos consultados por el Wall Street Journal, es poco probable que Ernst & Young sea penalizado por las leyes actuales pero indicaron, que sería razonable para el PCAOB investigar su papel de auditor externo, tras revisar la carta de CtW.
Los auditores externos que encuentran pagos sospechosos o posibles sobornos, no están legalmente obligados a decirle a un regulador como la SEC, excepto en circunstancias limitadas, le dijo dijo Thomas Ray, ex Auditor en jefe y Director de normas profesionales en el PCAOB durante tres años y actualmente profesor en el Baruch College.
Los auditores deben reportar los actos de la gestión y el comité de auditoría de la junta, que se encarga de supervisar la información financiera y su divulgación. Después, la empresa de contabilidad tiene que evaluar si los problemas podrían tener un impacto material en los estados financieros, dijo Ray al WSJ.
Dicha determinación tampoco puede ser cuantitativa o cualitativa, dijo Ray. Por ejemplo, "que se realizó el soborno y lo importantes que son esas personas dentro de la empresa," no sólo la cantidad de dólares ofrecidos, dijo.
Entonces, si la empresa no toma las medidas adecuadas, una firma de contabilidad puede estar obligada por ley a reportar el problema a una agencia federal, dijo Ray. Lo que Ernst & Young no hizo.
LA HISTORIA DE LOS SOBORNOS EN MÉXICO
En diciembre de 2012, el New York Times reveló que Walmart de México sobornó a las autoridades de San Juan Teotihuacán, Estado de México, en 2003 con 52 mil dólares (alrededor de un millón de pesos), para modificar un mapa de zonificación que impedía la construcción de una tienda cerca de las pirámides.
El influyente diario neoyorquino ejemplificó con gráficos, cómo Walmart quería construir junto a la entrada principal del sitio arqueológico de Teotihuacán, en un lugar atascado por el tráfico. Walmart de México autorizó, entonces, un pago de soborno por 25 mil 900 dólares para ganar la aprobación de las autoridades locales de tráfico, de acuerdo con los registros y las entrevistas. Así obtuvo un cambio de zonificación.
En ese momento Enrique Peña Nieto era Gobernador de la entidad y hoy es Presiente de la República. Graco Ramírez Abreú no se desempeñaba en cargo público alguno; era dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Morelos, y hoy es Gobernador del estado. Sergio Raúl Arroyo era titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Otros funcionarios locales fueron mencionados en la información difundida, pero no con nombres.
El rotativo dio a conocer una amplia investigación a cargo de David Barstow y Alejandra Xanic von Bertrab que incluía documentos, así como entrevistas con abogados y empleados del gigante del comercio minorista. El reportaje reveló que en sus planes de expansión, Walmart no fue víctima de la cultura de corrupción que se le adjudica a México para hacer negocios, sino que por sí mismo fue un corruptor con iniciativa, y muy creativo.
Los sobornos se ofrecieron para someter al gobierno corporativo de la empresa, lo que incluía la alteración de las votaciones del concejo y la transparencia de los procedimientos. También para eludir las reglas de seguridad en la construcción de sus tiendas. Y, en general, para aventajar a sus competidores en el comercio retail. Por lo menos 19 sitios de México, en donde se construyeron tiendas de la cadena a partir de 2003, fueron blanco de estos sobornos.
En respuesta al artículo que publicó el diario neoyorquino titulado "El pasillo del soborno: ¿Cómo Walmart utiliza pagos para salirse con la suya en México", la cadena minorista subrayó en su momento que ha tenido como prioridades colaborar con la investigación interna sobre presuntos actos de corrupción y proteger la independencia de la misma.
Meses antes, en abril del 2012, el diario estadounidense reveló que la subsidiaria en México de Walmart pagó sobornos hasta por 24 millones de dólares para ganar el dominio en el mercado mexicano.
La investigación del rotativo identificó a Eduardo Castro-Wright, entonces director de la empresa en México, como "fuerza motora detrás de los años de soborno", aunque apuntó que hubo cohechos ocasionales antes de su llegada a la compañía en 2002.
La denuncia fue presentada por Sergio Cicero Zapata, ex abogado de bienes raíces de Walmart, quien indicó que la firma usó los sobornos para facilitar "cambios de zonas en los mapas, hicieron desvanecer objeciones ambientalistas, permisos que típicamente toman meses para su proceso, mágicamente se materializaron en días".
