El legislador priista indicó que esas acciones se realizan sin la debida autorización de sus creadores o los titulares de los derechos correspondientes.

Indicó que de acuerdo con estudios de la actividad de bajar o descargar música, películas o fotos por Internet sin pago ni control, “se ha dejado de ganar 130 mil millones de pesos”.

En un comunicado, el diputado federal resaltó que la afectación a los derechos de autor constituye una infracción, y en ocasiones un delito conocido como piratería, “sobre el que se debe trabajar de forma activa”.

Consideró que “las autoridades deben identificar y perseguir el ilícito en cualquier ámbito de su competencia, sin importar el medio por el que se cometa”.

Citó que si todas las descargas en Internet de imágenes, música, películas y textos tuvieran la debida autorización y el pago correspondiente, “las industrias culturales y sectores creativos habrían obtenido ingresos adicionales por 130 mil millones de pesos”.

Además, el gobierno habría recaudado 19 mil millones más, de Impuesto al Valor Agregado (IVA), dijo.

Manifestó que en México, ocho de cada 10 personas han consumido un producto pirata.

En el documento, enviado a la Comisión de Cultura y Cinematografía, detalló que la comunidad de usuarios de Internet en el país pasó de casi 14 millones en 2004 a 51 millones en 2013.

Agregó que la legislación actual es obsoleta, al no proporcionar mecanismos adecuados que protejan derechos de propiedad intelectual, por lo que no hay “procedimientos claros en el entorno digital, lo que genera conflicto por la falta de reglas aplicables a la complejidad y características de Internet”.

Explicó que la propuesta de reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, faculta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a investigar presuntas infracciones administrativas y solicitar información y datos.

Con respecto a la Ley Federal del Derecho de Autor, propone que artistas, intérpretes, ejecutantes, editores de libros y productores de fonogramas, así como los titulares de los derechos patrimoniales, tengan el derecho de autorizar, prohibir y oponerse a la puesta en disposición de sus interpretaciones, ejecuciones y libros en Internet.

Plantea que constituyen infracciones en materia de derechos patrimoniales, de autor o conexos, la puesta a disposición del público en general, por este medio, de obras literarias o artísticas, fonogramas, videogramas, interpretaciones, ejecuciones o ediciones, protegidas por la ley, sin la autorización expresa del titular de los derechos de autor.

Además, sanciona con la suspensión de la puesta a disposición del público, distribución o facilitación de esas creaciones por medio de Internet, y con multa de cinco mil hasta 40 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En caso de reincidencia, se suspenderá el acceso al sitio utilizado.