Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).– Guerrero, Michoacán, Durango, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca obtuvieron las calificaciones más bajas en el Índice de Competitividad Estatal (ICE) presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Factores como la inseguridad y la violencia derterminaron la evaluación de estas entidades, según los realizadores.
En el caso de Guerrero, la entidad se vio marcada por la creciente inseguridad y en los últimos meses por la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, hace dos meses, y la crisis política que derivó en la licencia del Goberndor Constitucional Ángel Aguirre Rivero y la detención del Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, acusado de ordenar acciones en contra de los estudiantes.
Juan Pardinas, director general del IMCO dijo que “en el caso de Guerrero fue determinante la inseguridad, la debilidad en las variables de Estado de Derecho fueron las que más le pegaron, esto es consistente con el índice de ciudades que presentamos hace unas semanas, donde Acapulco era el último lugar a nivel nacional de competitividad urbana”.
De igual manera se destacó que esto se debe a un desdén y negligencia tanto local como federales. “El Estado mexicano tiene que reinvertir recursos de manera muy seria y muy enfocada justamente para esos jóvenes, darles una alternativa distinta. En un contexto donde ya en el futuro cercano un grado de una escuela normal no te garantice dentro de un sistema educativo… si a esos jóvenes no les damos una alternativa, el Estado mexicano les está mintiendo y les está dando la espalda”.
“Ojalá podamos ver docenas de escuelas técnicas muy enfocadas a los mercados laborales, no sólo de Guerrero, porque en este momento tiene una economía devastada, pero del país, que se vuelva un referente, y no sólo Guerrero también municipios de Michoacán, Oaxaca y también el atraso de Chiapas, que se vuelvan referente de inversión en capital humano”, afirmó.
“Se tiene que invertir en esa generación de mexicanos”, refiriéndose a aquella generación a la que pertenecían los estudiantes de Ayotzinapa, “si hay un interés sincero por cambiar al país”.
“Si seguimos gastando igual, y se sigue gastando en infraestructura y trenes, en lugar de invertir en capital humano, es difícil que cambiemos el destino de estas regiones”, afirmó.
De igual manera se destacó que este estudio demuestra un país profundamente desigual pero que debe de también hacer ver un espacio para la esperanza.
“Guerrero es una enorme oportunidad de invertir en capital humano. Escuché un testimonio de una de las madres de los jóvenes de Ayotzinapa que decía sólo les daban clases de Marx. Tenemos que darle más opciones que sólo filosofía económica, tenemos que ser más pragmáticos”, afirmó.
El ICE está compuesto por 89 indicadores, categorizados en 10 subíndices. Cada subíndice evalúa una dimensión distinta de la competitividad. El análisis muestra los avances y retrocesos en cada uno de los indicadores para las 32 entidades. De los 89 indicadores analizados entre 2010-2012 hubo un avance en 48, un retroceso en 17, tres se mantuvieron iguales y en 21 casos no hubo cifras disponibles para 2010 que permitieran una comparación.
Se destacaron los casos de Tlaxcala (29), Chiapas (30), Oaxaca (31) y Guerrero (32), que fueron los estados que entre los años 2010 y 2012 no tuvieron cambios de posiciones en el índice de competitividad, mientras que en el caso de Michoacán descendió del lugar 27 al 28 en el mismo periodo de tiempo.
Asimismo se subrayó que estas mismas entidades presentaron un Producto Interno Bruto (PIB) de 59 mil pesos, una inversión 47 mil pesos, y ocupan el lugar 11 en el índice de talento.
A comparación del Distrito Federal, Baja California Sur, Aguascalientes, Nuevo León y Querétaro que tienen un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de 166 mil pesos, una inversión de 100 mil pesos y en el índice de talento se encuentran en la posición 19.
LA RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES
El estudio destacó que los gobiernos estatales son también corresponsales del éxito en la implementación de las reformas y en las consecuencias del destino del país, ya que a cada región puede frenar las consecuencias positivas de los cambios.
Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Directivo del IMCO dijo que aterrizar las reformas estructurales, como la Laboral y la Enerética, según las características de cada entidad, ayudaría a “crear mejores oportunidades de prosperidad, más incentivos a la productividad de la economía, incentivos a la formalidad, fortalecer capacidad de traer talento e inversión a las ciudades, estados y el país”.
“México ha vivido momentos dolorosos y agitados, incluso los estamos viviendo. Sin embargo necesitamos un análisis objetivo de la realidad. A veces los seres humanos vivimos muy cerca del presente que es complicado ver la trascendencia histórica de los cambios”, agregó.
Díez Morodo destacó que la importancia de las reformas estructurales ya aprobadas demostraron que “el gobierno y la oposición dieron oportunidad de un diálogo constructivo para avanzar en la agenda de reformas. La democracia demostró que eran posibles consensos de pluralidad y competencia política”, haciendo de México “un país que cambió tanto en tan poco tiempo”.
En el caso de la Reforma Laboral dijo que dio certidumbre a los trabajadores y el mejoramiento de las condiciones de trabajos formales. Con la Reforma en Telecomunicaciones la oferta se hizo más diversa. En el caso de la Reforma Financiera amplió las opciones crediticias y dio empleo a la mayoría de mexicanos, además de dar certidumbre jurídica a los acreedores. La Reforma Electoral amplió las candidaturas ciudadanas, la reelección en el Congreso y una “ampliación histórica de avenidas de participación de la mujer en la vida publica”.
Mientras que en el caso de la Reforma Fiscal dio mayor capacidad recaudatoria al Estado, y por último la Reforma Energética garantiza al sector productivo circunstancias más competitivas.
En este sentido agregó que se abrió un “nuevo orden energético global que puso en el mapa a Estados Unidos como principal productor de hidrocarburos, por lo que debemos de adaptarnos mejor a este nuevo orden”.
Juan Pardinas afirmó que “la acción u omisión puede frenar los cambios estructurales. Por lo que esto ayuda a definir cómo los gobiernos estatales pueden contribuir al éxito de cada reforma, y detonar la conversación sobre los desafíos y retos de su implementación”.
Se destacó que uno de los riesgos que existen si no hacen los estados bien las cosas a nivel gobierno es frenar los cambios contribuyendo a permanecer en el retraso.
En el caso de Oaxaca, se dijo que presentó problemas de desarrollo del parque eólico Bií Hiox, en donde el camino y torre de transmisión se construyeron sin permiso de las comunidades, cuya inversión fue de las más grandes en el mundo de generación de energía alternativa.
En el caso de Sonora, el Congreso determinó el cobro 9 mil 500 salarios para otorgar la autorización de conexión a la red de gas natural. “Los gobiernos estatales están para vigilar y balancear los efectos nocivos que tengan el desarrollo energético del país”, dijo.
En materia de transparencia, se destacó la necesidad fortalecer los organismos que vigilan y garantizan el acceso a la información pública. Jacqueline Peschard, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que se requiere el “fortalecimiento de los organismos en ejercicio del derecho para una transparencia proactiva, poniendo en los sitios de Internet la información que se sabe que es de interés publico”.
“Se requiere uniformidad en criterios para definir qué información es pública y cuál es reservada, crear políticas públicas que sean un piso común y garantía básica para que no haya personas con distintos derechos en los estados con respecto al DF”, reiteró.
Para ello se destacó la cooperación entre estados y la Federación, y la creación de un Sistema Nacional de Transparencia que tenga relación con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y organismos garantes locales, “que haya colaboración no sólo intercambio”.
En cuanto a Telecomunicaciones, se afirmó que debe de haber una coordinación entre agencias gubernamentales estatales y con gobiernos municipales, para homologar condiciones y reglamentos, información y transparencia, como compartir infraestructura para dar una solución eficiente para el déficit a un costo razonable, y transparente.
Judith Mariscal, directora del Programa Telecom-CIDE del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) afirmó que el mayor problema al que se enfrentan gobiernos locales es que “no existe una coordinación ni visión integral para enfrentar estos mecanismos de despliegue de redes. Hay diferencias estatales, municipales y federales, lo que fomenta procedimientos de alto nivel de corrupción para las diferentes empresas que intentan desplegar redes para disminuir su costo”, concluyó.
