Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).– “Como si presintiera, ese día limpié mi casa muy bien y lavé toda la ropa de mi esposo y también la mía, me desocupé como hasta las once y media de la noche de hacer el quehacer. Al otro día salí de la casa y ya no volví, ahí se quedó mi ropa tendida y a mí me llevaron presa”, dice Jacinta Francisco Marcial, mientas aguanta las ganas de llorar y se le entrecorta la voz.
Jacinta es una de las tres mujeres otomís que fueron detenidas en Santiago Mexquititlán, Querétaro, el 3 de agosto de 2006 acusadas de secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y que hoy está a la expectativa de la decisión del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) sobre su caso.
Este miércoles, el Tribunal sesionará a las 11:00 de la mañana y decidirá si emite una sentencia favorable por reparación del daño para Jacinta, como lo hizo hace seis meses para Alberta Alcántara y Teresa González.
De acuerdo con los abogados del Centro de Derechos Humano Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) que llevan el caso, el Tribunal podría solicitarle a la Procuraduría General de la República (PGR) que repare el daño a Jacinta, la indemnice y le ofrezca una disculpa pública, pero la instancia que dirige Jesús Murillo Karam podría hacer lo mismo que con Alberta y Teresa: negarse a cumplir y realizar prácticas dilatorias de la justicia para evitar reconocer su culpabilidad.
Aunque el tribunal falló a favor de Alberta y Teresa, ellas aún no han tenido acceso a la justicia y sus casos están impunes, porque la PGR, no desea cumplir.
Mientras eso sucede, Jacinta Francisco Marcial comenta que: “No tienen precio esos tres años y tres meses que pasé en la cárcel, no hay dinero que repare. Yo estoy aquí para que no suceda a nadie más lo mismo”.
Jacinta habla más o menos fluido el español. En 2006, cuando la encarcelaron y sentenciaron a 21 años de prisión y a pagar una multa de 90 mil pesos, sólo hablaba otomí.
“Yo pasé mucho dolor. Dejé de ver familia, mis hijos, mis nietos, no vi graduación y mis nietecitas ahora me preguntan: ‘abuela qué te robaste, porqué te llevaron a la cárcel’. Ellas no comprenden”, dice la mujer indígena ataviada con su falda y reboso tradicionales.
A Jacinta le gusta vestir así, lucir con orgullo su traje típico. No se avergüenza de ser una mujer indígena, aunque el serlo le cobró un precio elevado en México.
“Cuando recién llegué a la cárcel, las presas decían: ‘No queremos estar con esta india, llévensela de aquí’. No me querían, ahí donde a una la llevan, donde hay otras tres presas”, relata.
Pero lo más difícil para Jacinta, lo más doloroso, no fueron los insultos de las otras presas ni el encierro en el penal femenil San José El Alto, sino perderse los últimos tres años de vida de su hijo José Luis.
“A los cinco meses que salí, mi hijo, el quinto, falleció en un accidente. Entonces yo sentí dolor, mucho dolor, porque me quitaron tres años y tres meses de estar con él, de verlo. Siento dolor porque pienso: esos que me acusaron de algo que no hice, están muy a gusto con sus familias, mientras que yo perdí tres años de estar con mi hijo, nadie podrá pagármelos”, dice.
José Luis de 20 años murió en un accidente. Era su quinto hijo, el estudioso, el que iba a la universidad y estudiaba para profesor de Educación Indígena.
A Jacinta se le nublan los ojos negros, pequeñitos y le escurren lágrimas.
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El 16 de septiembre de 2009, Jacinta fue liberada debido a que la PGR no pudo sostener las pruebas que dijo poseía en su contra y debido a irregularidades en su proceso derivadas de su condición indígena; como el no contar con un traductor cuando fue aprehendida.
Jacinta esperó dos años en prisión a que los agentes, que supuestamente secuestró, se presentaran a ratificar su denuncia. Nunca lo hicieron.
Con los años se supo que uno de los agentes fue asesinado en Oaxaca en un enfrentamiento de la Policía Federal, mientras que de los otros cinco ya no se supo nada.
De acuerdo con los abogados del caso, Alberta, Teresa y Jacinta, fueron procesadas sin el más elemental respeto a la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y los derechos inherentes a su identidad indígena.
“Se les fabricó un delito de manera dolosa, fue un montaje”, dice Mario Patrón, subdirector del Centro Prodh.
Aunque las tres mujeres fueron liberadas, aún no tienen acceso a la justicia, debido a que el daño no se reparó ni los funcionarios públicos de la PGR que realizaron el montaje en contra de las tres mujeres, fueron juzgados y castigados.
“Ellas fueron triplemente discriminadas: por ser mujer, indígenas y pobres”, expone el directivo del Centro Prodh.
El 20 de noviembre de 2013, el Pleno de la Sala Superior del TFJFA emitió una sentencia por reparación del daño a favor de Alberta y Teresa. El caso de Jacinta tuvo que esperar medio año más, debido a que la PGR interpuso un recurso de revisión de la solicitud de un documento que le pidió el tribunal, con la finalidad de “dilatar” el proceso, explica Patrón.
“El primer paso para solicitar la reparación del daño fue acudir a la autoridad que violó los derechos humanos, a la PGR y se negó, entonces fuimos al tribunal, el cual marcó un precedente histórico al fallar a favor de Teresa y Alberta, sin embargo, la PGR interpuso un recurso de revisión en contra de ese fallo y eso nos complica y aplaza más la reparación del daño”, expone.
Mario Patrón detalla que lo mismo sucede en el caso de Jacinta Francisco. Si el tribunal falla a su favor, el Estado debería reparar integralmente el daño y a los funcionarios de la PGR, llevarlos a un proceso de investigación y sanción.
“El llamado es a la PGR, para que ya no siga alargando los procedimientos, que no interponga recursos de revisión para dilatar la justicia, hay una actitud de política de Estado que se niega a reconocer las violaciones a los derechos humanos”, dice.
Andrés Díaz Fernández, uno de los abogado del Centro Prodh que lleva los casos, indica que a partir del 11 de junio de 2011, se incorporó en el párrafo tercero del artículo primero constitucional la obligación del Estado de “prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”, por lo que no significa una prebenda lo que se solicita para las tres mujeres indígenas.
“Lo importante no es el monto de la reparación del daño, es que esta sanción hacia los servidores públicos, sobre todo de la PGR, que sirva de ejemplo para que no vuelvan a cometer estos ilícitos y mandar el mensaje de que violar derechos humanos, sale caro, tiene consecuencias”, detalla el abogado.
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En Santiago Mexquititlán conocen a Jacinta porque desde hace años vende dulces, aguas frescas, paletas de hielo y helados a las afueras de las escuelas.
Los niños del pueblo que se hicieron jóvenes la reconocieron inmediatamente cuando fue liberada el 16 de septiembre de 2009 y la saludan ahora que volvió a trabajar como lo hacía en aquella época.
Jacinta camina por el pueblo tranquila, nadie la señala por su pasado en la cárcel, dice.
“En el pueblo se pusieron contentos cuando me liberaron, porque fue injusticia. Los muchachos se me acercan y me dicen: ‘Jacinta, no te acuerdas de mí, yo te compraba dulces afuera de la escuela’. De unos me acuerdo, de otros no, porque ya se hicieron muy grandes y no los reconozco”, afirma.
La mujer trata de recuperar su vida, a su familia. Cuando fue apresada dos de sus hijos estudiaban bachillerato y secundaria, y solía llevar a sus nietas al kínder.
Aunque Jacinta quiere llevar una vida normal, no puede. Siempre recuerda lo que sucedió en la cárcel. Aquellas horas pesadas y lentas de encierro. Los días en los que parecía que sería el de su liberación y no era. Los meses que decidía entrar o no a un taller de costura, porque seguramente sería ese el de su libertad. Los años que se fueron sumando.
“Cuando veo en la televisión otros casos sufro. Yo quedé traumada. Pienso: pobre señor, pobre señora, a lo mejor es inocente como yo, por eso vengo aquí, para que ya no le pase a otros”, explica.
Jacinta en cada momento se quiebra. Asegura que es muy sensible debido a que quedó huérfana cuando era niña y sufrió mucho.
“Todo me hace llorar, todo me duele. No supero esa cárcel, esos años, pero pienso que hay otros que están 10, 15 años sin justicia, yo quisiera que ya no le pasara a nadie”, dice.
