San Salvador, 16 may (dpa) – La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador suspendió hoy la subasta de seis frecuencias de televisión abierta por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) desde abril pasado.
"Suspéndase provisionalmente, a partir de esta fecha, las disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones que regulan el procedimiento para el trámite de solicitudes y otorgamiento de concesiones para la explotación del espectro radioeléctrico, así como los efectos de aquellas disposiciones del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones que los desarrollan", manifestó en su sentencia la Sala Constitucional.
La medida es una respuesta a la petición que el jueves hicieran representantes de más de 50 organizaciones sociales, de suspender la subasta a menos de 15 días que el ex jefe insurgente Salvador Sánchez Cerén asuma la presidencia de El Salvador.
Dichas organizaciones aglutinadas en la Red por el Derecho a la Comunicación están en desacuerdo con el mecanismo de subastas para concesionar las frecuencias del espectro radioeléctrico, ya que solo da ventaja a empresas privadas, en detrimento de medios públicos y comunitarios.
La sentencia es de carácter provisional y solo afecta el proceso recientemente abierto por SIGET. Desde 2012 la Red por el Derecho a la Comunicación interpuso un recurso de inconstitucionalidad a los artículos de la Ley de Telecomunicaciones que establecen la subasta como único medio en que el estado concesione frecuencias radioeléctricas.
De acuerdo al director ejecutivo de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), Leonel Herrera, el mecanismo de subasta debe cambiarse por un sistema más equitativo y apegado a los estándares de desarrollo mediático del a Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones, Astor Escalante, señaló el jueves que la subasta se apegaba a los parámetros de la Ley de Telecomunicaciones y se desarrollaría con total transparencia, aunque omitió decir el nombre de los empresarios interesados en la concesión de las frecuencias para los canales 7, 13, 14, 16, 18 y 20.
