De 2006 a 2012, la voz del entonces Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, jamás varió en la defensa de la modificación de Ley Federal del Trabajo. Que era necesaria para incrementar la productividad. Que quienes se le oponían eran “cobardes, brutales, egoístas y miopes”. Era una campaña personal, diaria, por todos los medios: prensa, redes sociales, foros. Una obsesión. Ha llegado el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo, y en México no hay “vivas” posibles en la gritería de los sindicatos. Un año y medio después de la promulgación de esa enmienda estructural hay ya un saldo: entre enero y febrero de 2014 se crearon 148 mil puestos de trabajo, la menor cifra para un arranque de año desde 2004. Pero ese no es el problema: 64 de cada cien son eventuales y sólo 36, fijos. Y si el motivo de la reforma fue elevar la productividad, la deuda se instala con creces. El Inegi indica un retroceso de 1.8 por ciento en su última cifra publicada. Lozano Alarcón fue el último gran defensor de la Reforma Laboral, pero los especialistas describen que el guión de esta trama empezó a escribirse hace dos décadas.
Por Linaloe R. Flores y Shaila Rosagel
Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– No es la primera vez que mide sus fuerzas en el ring en nombre del Presidente de la República y el empresariado del país, aunque ello le retribuya encono, protestas sociales y detractores. Javier Lozano Alarcón, cuando fue Secretario del Trabajo y Previsión Social en el gobierno calderonista (2006-2012), se convirtió en principal impulsor de la Reforma Laboral, cuya vigencia se vive ahora con la precarización del mercado laboral y la depreciación del salario.
Ya tenía en los hombros el escándalo de los 205 millones de dólares incautados al empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon, quien lo acusó de obligarlo a guardar ese dinero y callar durante la campaña de quien a la postre, fue Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa; pero no escatimó en ponerse en el centro neurálgico del debate del derecho al trabajo, crucial para millones de mexicanos en edad productiva.
“En realidad, la Reforma laboral –tal cual la vivimos ahora– se inició en el sexenio de Miguel de la Madrid. Hubo muchos jugadores”, relata Alfonso Bouzas, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y menciona tres nombres que en la trama de la Reforma Laboral siempre aparecen entrelazados: Arsenio Farell Cubillas, Carlos Abascal Carranza y Javier Lozano Alarcón.
Uno de los sobrenombres ganados por Lozano Alarcón mientras fue Secretario del Trabajo fue “El fantasma de Farell”. Ex trabajadores explican que el epíteto se le puso porque se le parecía a quien fuera Secretario del Trabajo en los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas en lo impositivo, en los arranques coléricos que impedían el diálogo; aunque no en el conocimiento jurídico.
Si bien la iniciativa que modificó la Ley Federal del Trabajo hace dos años fue bautizada como Ley Lozano; en realidad el proyecto de 131 fojas fue elaborado por Carlos Abascal Carranza cuando fue presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), según pudo confirmar Sin Embargo al comparar las dos iniciativas.
Bouzas explica que en cuanto al derecho al trabajo hay un guión que siempre respondió a un Estado benefactor mediante un mecanismo corporativo, pero siempre tuvo una pauta reformista. “El problema fue el cambio de proyecto de Nación. Hoy, una ley como la que teníamos de tutela, proteccionista ya no tiene cabida. Y el cambio de la regulación del trabajo ocurrió de una manera abrupta y violenta”, expone el académico quien en decenas de foros se opuso a la modificación de la Ley Federal del Trabajo en la pasada década.
Como la de Telecomunicaciones, el marcaje de la Reforma Laboral ocurrió en las calles de la Ciudad de México y siempre, Lozano Alarcón estuvo en el nudo de las protestas. Basta una revisión de las marchas del 1 de mayo de 2006 a 2012: en cada año, los sindicatos independientes del país votaban a mano alzada por la salida inmediata del hombre que en ese momento ocupaba la Secretaría del Trabajo. Estaban en contra de la política laboral que se avecinaba y mostraban mantas, carteles y playeras para inhibir lo que al final ocurriría.
Y como si se tratara de una escena de estos días en el entramado de la Ley Telecom, Javier Lozano Alarcón, en su calidad de Secretario de Estado, asistió en 2011 a un encuentro con el Consejo Estatal para el Diálogo con los Sectores Productivos (Cedsip) de Aguascalientes y dijo lo siguiente: “Mienten cobardemente quienes dicen que estamos esclavizando el trabajo, que estamos yendo contra los derechos de los trabajadores. Eso es parte del procedimiento de una minoría que se autodenomina representante del movimiento obrero, de los derechos de los trabajadores y de los derechos humanos, cuando lo único que buscan son posiciones”. Luego, a quienes se oponían, no dejó de llamarlos “cobardes, brutales, egoístas y miopes”.
Según él, las bondades de la reforma se desgranaban y la principal sería el aumento de productividad. Apenas se aprobó, exclamó que se había dado un paso adelante.
Es 1 de mayo de 2014 y el recuento ya es posible. Los grandes augurios no se cumplieron. Más bien, hay una paisaje gris, deteriorado. Abogados laboristas y académicos coinciden: no se aprecia ninguna ventaja para los trabajadores y en términos económicos tampoco hay avances. Cuando se pone el foco en el descontento, los números son elocuentes: la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) –opuesta desde su origen a la reforma– tiene documentados más de dos millones de amparos de trabajadores en contra. Otra organización independiente, el Frente Sindical Mexicano (FSM) tiene 1 millón 200 mil.
* * *
Entre enero y febrero de 2014 se crearon 148 mil puestos de trabajo, la menor cifra para un arranque de año desde 2004, según datos del Instituto Mexicano de Seguridad Social (no se consideró 2009, el año de la crisis financiera).
En realidad, ese no es el problema. Esa cifra muestra que la generación de empleo no ha entrado en desaceleración. Pero habrá que considerar que 64 de cada cien son de tipo eventual y sólo 36 fijos.
En palabras crudas, México tiene un escaparate laboral con trabajos que pueden tomarse y luego dejarse, lo que redunda en falta de seguridad social.
En donde las cifras sí son espectaculares es en lo que respecta a informalidad: sólo en ese periodo, 14 millones de mexicanos se ocuparon en ese sector del ámbito del trabajo.
Y si el motivo esencial de la reforma fue elevar la productividad, la enmienda queda a deber con creces. La última cifra publicada del Índice Global de Productividad Laboral de la Economía, del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, del cuarto trimestre de 2013 disminuyó 1.8 por ciento respecto a igual periodo del año anterior.
¿POR QUÉ?
Hasta antes de la aprobación de la reforma fiscal en el Congreso de la Unión, las empresas instaladas en México deducían el 100 por ciento de las prestaciones sociales adicionales al salario. Es decir, había un incentivo para otorgar seguro de gastos médicos mayores, vales de gasolina y de despensa o fondos de ahorro, condiciones que se añadían a la carga otorgada por la Ley Federal del Trabajo.
Esa enmienda constitucional implica una reducción en esa capacidad de deducibilidad de 100 por ciento a 53 por ciento, lo que para Raymundo Tenorio Aguilar, director de las carreras de Economía de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe implica un impacto negativo en la creación de nuevas plazas.
“No se han incorporado personas de la informalidad a la formalidad, no se han creado más empleos, y sobre todo, cada vez hay más mano de obra dispuesta a trabajar más horas por menos ingresos”, expone el especialista.
Quienes cuentan con trabajo bajo contrato no encuentran, tampoco, razones para este 1 de Mayo cantar vítores. “No hay nada que celebrar, porque hay una gran indignación entre los trabajadores, poco a poco las reformas que les anunciaron como buenas, están resultando perjudiciales”, dice Jorge Barajas, director de la Organización no Gubernamental Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), que llevó el caso de las liquidaciones de los trabajadores de la planta Kodak en Guadalajara, Jalisco, en 2012.
La iniciativa de Lozano Alarcón planteó también el régimen de subcontratación mediante el cual, el patrón denominado “contratista” ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores a favor de un “contratante”.
En el artículo 15 de la Ley hay tres requisitos para ese régimen: no puede abarcar la totalidad de las actividades, debe justificarse por su carácter especializado y no puede comprender tareas iguales o similares a las que realiza el resto de los trabajadores al servicio del contratante.
Hay otro artículo, el 15D, que impide la subcontratación cuando los trabajadores son transferidos de manera deliberada a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales.
Barajas, defensor del derecho al trabajo, sostiene: “Las empresas y sus clientes no están respetando esa parte de la Ley y subcontratan a un trabajador para un puesto permanente. Lo contratan por tres meses y le renuevan el contrato y entonces, se pierden derechos y prestaciones”.
Frente a los resultados, Jesús Valdés Díaz Villegas, académico del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana (UIA), advierte que apenas si se trata de una piedra de toque y que en el futuro las condiciones laborales deben adquiririr matices definidos con reformas en Seguridad Social; sobre todo.
Por lo pronto, este Día del Trabajo en México, apenas con un año y medio de vigencia de las nuevas reglas laborales, parece difícil que la gritería de los trabajadores agrupados en los sindicatos incluya algunas ¡Vivas!
* * *
Casi por sacar su equipaje de la residencia oficial de Los Pinos, en 1968, el Presidente envía una reforma al Congreso para abrogar la Ley Federal del Trabajo (LFT), que había sido publicada en 1931 por el entonces Presidente Emilio Portes Gil. El proyecto se le adjudica al secretario del Trabajo, Salomón González Blanco y la intención se ve clara: el gobierno desea una armonía entre las necesidades de los trabajadores y el desarrollo del país. Se percibe aún una preocupación por proteger los derechos laborales ganados en la Revolución. Publicada el 1 de abril de 1970, la enmienda suprime el contrato de aprendizaje en las empresas y establece la edad mínima para laborar de 14 años; además alienta a la mujer al trabajo fuera de casa. Y dejará un pendiente para el siguiente gobierno: dotación de vivienda digna para los trabajadores.
.............................................................................................................................................................................................
Dado que la ley de 1970 obliga al patrón de dotar de vivienda a sus empleados, el 24 de abril de 1972, es creado el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Los especialistas, desde entonces, avizoran un problema: la sustitución por una aportación deducible de impuestos en 50 por ciento de la incapacidad de las empresas para cumplir con esa obligación. El tiempo le dará las razón a todas las críticas: los salarios no aumentarán. En paralelo, las casas que entrega el Infonavit son pequeñas y endebles. Otros ingredientes darán pronto varias crisis en el instituto. La mezcla de corrupción, alto nivel inflacionario en los 80 y administraciones cuestionables ocasionó la pulverización de los recursos aportados.
.............................................................................................................................................................................................
El gobierno arranca en medio de lo que hasta ahora se conoce como la crisis más seria desde el inicio del desarrollo estabilizador. Pedro Ojeda Paullada, secretario del Trabajo y Previsión Social, presenta una reforma para modificar el procedimiento laboral. En el esfuerzo, le ha ayudado Jorge Trueba Barrera. Se impone la incorporación al Título VI de la LFT un capítulo para los médicos residentes en periodo de adiestramiento y en el Tercero constitucional se reconoce la autonomía de las universidades. Se introduce, también, el artículo 923 a la LFT para dar facultad a las juntas de conciliación y arbitraje (la JCA había sido creada en 1927) de no dar trámite a los emplazamientos de huelga si no se reúnen ciertos requisitos. Sólo en 1977 estallan 399 huelgas, entre las cuales está la de Altos Hornos de México y la de Mexicana de Aviación. Ojeda Paullada (1934-2012) se quejará años después. En el Seminario de Derecho del Trabajo, organizado en 2003 por la UNAM, exclamará: “Esa reforma de 1980, ha sido ahora el objeto de la agresión más infame por los abogados empresariales que han preparado el Proyecto Abascal, con la complicidad de los representantes corporativos”.
.............................................................................................................................................................................................
El espíritu reformador se concentra en el salario mínimo. Cambia el concepto de zonas económicas por el de zonas geográficas. Se establecen sólo tres en todo el mapa mexicano. El derecho al trabajo lo marcan en el mundo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. En la tendencia, la Confederación de Trabajadores de México quiere reformar la LFT en diversos capítulos y derogar el Reglamento Bancario. Nada ocurre en lo formal. En los hechos, los cambios son profundos. De tajo, las relaciones obrero-patronales son modificadas y se rompe la alianza que durante más de sesenta años ha existido entre el Estado y los trabajadores. De enero a diciembre de 1983 ocurrieron 230 huelgas, 56 por revisión de salario, 54 por revisiones de contrato, 64 por violaciones a los contratos colectivos de trabajo, 24 por firmas de contrato y 31 por otras causas. La huelga que se inicia en Refrescos Pascual significa la muerte de un trabajador. Los obreros se adjudican activos y la STyPS autoriza la constitución en una sociedad cooperativa.
.............................................................................................................................................................................................
En sigilo y en un episodio de la historia reciente de México que se conocerá mucho después, el secretario del Trabajo Arsenio Farell Cubillas integra una comisión con diez representantes titulares de los sectores del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La secretaría técnica queda a cargo de José Campillo Sainz. Pero el Presidente tiene en sus prioridades otras reformas: la propiedad de la tierra, la federalización educativa y la relación con las iglesias; sobre todo la Católica. Sobre todo, el Presidente muestra una prioridad: la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En el convenio, Estados Unidos pide que se integre en el convenio trilateral el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN). Puestas pocas cartas sobre la mesa, Fidel Velázquez, dirigente nacional de la CTM, pronuncia un rotundo “no a la reforma”, lo que parece un nudo bien puesto para el futuro. En 1992 se aprueba el Acuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad y la Calidad.
.............................................................................................................................................................................................
México se enfrenta a la peor crisis financiera de su historia. El gobierno elabora una cascada de pactos para aliviar la economía. La Coparmex es dirigida por Carlos Abascal Carranza y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) por Fidel Velázquez. Ambos firman su propio acuerdo: “Principios de la Nueva Cultura Laboral (NCL)”. En este convenio nace la llamada “Nueva Cultura Laboral”. Los principios fundamentales son: aliento al empleo, el autoempleo y el empleo informal; reducción de la carga fiscal de las empresas; impulso a la exportación, mejora del sistema de seguridad social, remuneración por rendimiento, contratación y pago a los trabajadores por unidad de tiempo de la carga fiscal de los corporativos. El 11 de agosto de 1996, el Presidente lo hace suyo en una ceremonia en Los Pinos. Y este es el punto en el que arranca la modificación constitucional cuyo desenlace ocurrirá en 2012.
.............................................................................................................................................................................................
Carlos María Abascal Carranza, hijo de Salvador Abascal –uno de los fundadores del movimiento sinarquista- es nombrado Secretario de Trabajo y Previsión Social, lo que escapa a la forma de reclutamiento del gabinete que marcará el sexenio mediante los “Head hunters”. Abascal jamás abandona la intención de reformar la LFT con los principios de la NCL. Sindicatos independientes unidos en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) se opondrán y ello empantanará el avance de la reforma. En todos los debates indican que el del gobierno es un proyecto que busca borrar más de cien años de lucha por los derechos laborales. Sostienen que se movilizarán porque temen que los legisladores del PRI y PAN aprueben la reforma. Los especialistas señalan que si bien el proyecto “Abascal” intenta regular lo que desde Miguel de la Madrid se ejerce, hay un diagnóstico distorsionado. Abascal desea consenso social. Da su palabra para no dar “albazo legislativo ni madruguete”. Incluso, dice que no hay fechas fatales para la reforma.
.............................................................................................................................................................................................
Aunque su currículum no muestra experiencia en el sector, Javier Lozano Alarcón es nombrado Secretario del Trabajo. Las quejas se le acumularán. Desde una denuncia ante la PGR, presentada por las viudas de Pasta de Conchos, donde un desastre minero sepulta a 65 mineros en 2006, hasta la solicitud de juicio político del Sindicato Mexicano de Electricistas en la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Para los trabajadores mexicanos, las últimas dos décadas han representado retrocesos en derechos sociales y pérdidas salariales. Al mismo tiempo, enfrentan la exigencia de incrementar la productividad. Lozano espera el momento para presentar la iniciativa para reformar la LFT, que no es más que el proyecto Abascal (quien ha muerto en 2008). Manifestaciones y debates académicos, impulsados por el sindicalismo independiente, continúan en contra del curso del intento de reformar la LFT. La legislatura, donde la mayoría la ocupa el PRI, rechaza la iniciativa presentada por el Presidente Calderón. En septiembre de 2012, vuelve a enviarla con carácter preferencial. Lozano deja la STyPS para convertirse en Senador de la República. Ese mismo año, la reforma laboral es aprobada y promulgada. En 2009, mientras luchaba por la reforma, Javier Lozano presentó un texto en el foro “Ante la crisis, ¿qué hacer para crecer?”, organizado por el Congreso. En ese trabajo se encuentran 21 propuestas para ser incorporadas en la reforma, entre las cuales sobresale la definición del trabajo decente. Puede leerse, también, una declaración del ex Secretario del Trabajo: “Como pocas veces, la Historia habrá de juzgar con puntualidad todo lo que hagamos o dejemos de hacer por el bien de nuestro país”.
