Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).– Esta semana reinicia la discusión de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones en el Senado de la República. Legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) coincidieron en que la iniciativa enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto requiere cambios sustanciales.
Asimismo, aumentan las voces entre los legisladores que piden diferir el análisis de la legislación secundaria más allá del 30 de abril, día en que termina el periodo ordinario de sesiones, a fin de tener tiempo suficiente para modificar las más de 20 presuntas violaciones constitucionales que contiene la propuesta presidencial.
“La ley es cínicamente inconstitucional y regresiva”, dijo la vicecoordinadora de la bancada perredista en el Senado, Dolores Padierna Luna, en entrevista para SinEmbargo.
Aseguró que durante los nueve días que le restan al mes, los legisladores que integran las comisiones dictaminadoras deberán eliminar del texto oficial los puntos que atentan contra las libertades constitucionales y adicionar las propuestas de los especialistas y representantes del sector, expresadas durante los foros públicos que se realizaron en el Senado.
“Yo espero que no se apruebe en este periodo porque no hay condición, querían simular un diálogo parlamentario, nunca lo hubo, fue una mera simulación. Esperemos que se instale una mesa de trabajo, sí para analizar, sí para argumentar y lograr recomponer los contenidos, tenemos ya la redacción de contenidos alternativos, y poderlo aprobar en un periodo extraordinario”, afirmó la Legisladora.
Dolores Padierna recordó que un análisis realizado al interior de la bancada reveló que la iniciativa presidencial contiene por lo menos 20 violaciones a la Carta Magna, entre las principales se encuentran las facultades extraordinarias de vigilancia de contenidos que se le otorgan a la Secretaría de Gobernación y la posibilidad de geolocalización de usuarios de telecomunicaciones, a petición de autoridades del gobierno federal, no especificadas.
“Al menos encontramos 20 violaciones a la Constitución, muy graves, que no solamente nos regresan hasta antes de haber votado la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones y Radiodifusión, sino que nos regresan todavía más antes, hasta los tiempos de [José] López Portillo cuando el Presidente decidía quién habla y quién no, quién opina y quién no, y qué debe uno de pensar y qué no pensar”, afirmó la Senadora del partido del Sol Azteca.
Por otra parte, al interior de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) esta semana se contrastará el documento oficial contra el texto “Análisis de la iniciativa de ley en telecomunicaciones y radiodifusión enviada por Peña Nieto” realizado por el Senador panista Javier Corral Jurado.
El análisis realizado por el Legislador chihuahuense resalta 25 puntos de la iniciativa presidencial que favorecen al duopolio televisivo, atentan contra las libertades de expresión e información y significan una regresión en la materia.
Ante la presión del tiempo, el líder de la fracción parlamentaria panista, Jorge Luis Preciado Rodríguez, rechazó que se aprueben “al vapor” las leyes secundarias de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que éstas podrían diferirse a un periodo extraordinario.
“Nos va a quedar muy poco [tiempo]: nueve días y tenemos [Ley Federal de] competencia, tenemos [reforma] político-electoral, que no son reformas sencillas; tenemos que nombrar a los [comisionados] del IFAI, a ver si podemos nombrar a los [consejeros] de la Judicatura, nos faltan dos, pero vamos a hacer el esfuerzo por sacar lo más que podamos y si no, vamos a hacerlo en un extraordinario, pero hacerlo bien, pues”, expresó en entrevista con los medios de comunicación del Senado.
Del lado de la Cámara de Diputados, la perredista Purificación Carpinteyro Calderón, una de las expertas en la materia, recalcó que la bancada del sol azteca demanda que se realice un periodo extraordinario de sesiones, una vez que la legislación secundaría haya sido aprobada por el Senado, para que los legisladores puedan analizar a conciencia la minuta.
“En caso de que nuestros senadores no hayan tenido éxito al incluir todos los cambios que proponemos, en la Cámara de Diputados tenemos una tercera parte de los votos para poder ir por una acción de inconstitucionalidad en contra de esta iniciativa del Ejecutivo”, aseguró la Diputada Carpinteyro.
FRENTE CONTRA TELECOM
Al mismo tiempo del debate legislativo, entre la ciudadanía toma forma un Frente por la Comunicación Democrática, en el que académicos, comunicadores, estudiantes, analistas en comunicación y políticos realizarán distintas acciones para informar a la sociedad sobre los presuntos riesgos de regresión que contienen las leyes telecom de Peña Nieto.
“Es establecer una presión ciudadana al Poder Legislativo para que atienda las observaciones y pueda corregir lo que tiene que ver con la inconstitucionalidad y la violación de derechos en la Reforma en Telecomunicaciones; es una manera que los ciudadanos tenemos para participar en la construcción de las leyes que nos atañen”, afirmó para SinEmbargo, Aleida Calleja, analista de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI).
En la reunión para constituir este Frente, el viernes 11 de abril, los ciudadanos sostuvieron que la Iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de Peña Nieto aumenta las facultades de la Secretaría de Gobernación sobre el sector de la radiodifusión, “a costa del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como órgano autónomo”, y sienta las bases para violar las libertades de expresión e información y el derecho a la privacidad.
“Todos coinciden en que la iniciativa del Ejecutivo no solamente es inconstitucional en términos de la Reforma en Telecomunicaciones, sino que es inconstitucional también en otras partes de la Carta Magna. Es una iniciativa regresiva y que tendría muy serias consecuencias en el tema de las libertades y en el debate democrática de este país”, enfatizó Aleida Calleja.
Ante esto, a partir de esta semana los integrantes de este Frente realizarán una serie de acciones de presión a diputados y senadores de las comisiones dictaminadoras, para exigir que se fortalezcan las libertades de expresión y de información.
Que se implemente en la legislación secundaria una competencia real tanto en las telecomunicaciones como en la radio y la televisión, “así como disposiciones para eliminar las prácticas monopólicas, discriminatorias y fenómenos de concentración contrarios al interés público”.
Exigirán, además, que elimine el control gubernamental en el manejo de la información y la vigilancia de la transmisión de contenidos. Al mismo tiempo, que se respete la autonomía constitucional del IFT, como órgano autónomo garante de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
“Tiene que quedar claro a la sociedad que cuando se afecta la libertad de expresión, no se afecta la libertad de expresión de los medios o de los periodistas, se afecta el ejercicio de libertades de toda la sociedad”, externó Aleida Calleja, analista de medios de comunicación.
Ante esto, la especialista de AMEDI invitó a la ciudadanía a sumarse a estas acciones de presión civil pacífica, que incluyen la difusión de estas demandas en Internet, a través de las redes sociales, así como la realización de una cadena humana que partirá de la residencia oficial de Los Pinos a Televisa Chapultepec, el próximo sábado 26 de abril a las 11 horas.
“[La ciudadanía] tiene que responder, porque la libertad de expresión es piedra angular, no solamente para la democracia, sino que es piedra angular para el ejercicio de otras libertades y otros derechos. Está reconocido y está muy claro, que cuando tienes regímenes dictatoriales o autoritarios, lo que más sale lastimado es la libertad de expresión, porque es la que te permite poner un alto al abuso de los poderes”, enfatizó Aleida Calleja.
5 EJES PARA CAMBIAR TELECOM: PRD
El conjunto de la bancada perredista detectó otras cinco irregularidades en la iniciativa presidencial, que versan sobre la intención de restar autonomía al IFT y el bloqueo de señales con el pretexto de preservar la seguridad nacional, que conlleva una posible censura a Internet.
Los perredistas destacaron como peligroso, además, todo el apartado de “colaboración con la justicia”; la obligación para las empresas que brindan el servicio de retener datos y conversaciones de sus usuarios por dos años; y finalmente el capítulo de “neutralidad de la red”, que trata de manera inequitativa a los prestadores de servicios de Internet, que podrían atribuirse beneficios a costa de dañar otro tipo de actividades en la red.
“Para poner un ejemplo muy claro, el asunto de Claro video podría tener beneficios por parte de Infinitum si les dan una prioridad a la velocidad con que corre este servicio en donde tienen copropiedad tanto Telmex, como esta prestación de servicios de video por Internet”, afirmó el Senador perredista Zoé Robledo Aburto.
Dentro del paquete de reformas enviadas por Peña Nieto, también está la iniciativa para crear la Ley del Sistema Público de Radiodifusión, la cual fue calificada como “discriminatoria” por la vicecoordinadora de la bancada perredista.
Dolores Padierna aseguró que la ley está subordinada políticamente a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la de Comunicaciones y Transportes (SCT). Recordó que la Reforma Constitucional Telecom estableció que la política y operación del programa de Televisión Digital Terrestre le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
No obstante, el décimo sexto transitorio de la Ley es abiertamente anticonstitucional, toda vez que ordena a la SCT implementar “los programas y acciones vinculados con la política de transición digital terrestre, para la entrega o distribución de equipos receptores o decodificadores”.
Asimismo, apuntó que la iniciativa de Ley es discriminatoria, porque no promueve el derecho de las mujeres a comunicar, no señala mecanismos que garanticen la erradicación de estereotipos que promueven la violencia de género en los contenidos mediáticos y en la publicidad.
Otros puntos coinciden ampliamente con el análisis realizado por el Senador de Acción Nacional, Javier Corral Jurado, en su “análisis de la iniciativa de ley en telecomunicaciones y radiodifusión enviada por Peña Nieto”.
Entre estos, los artículos 260 y 264 de la iniciativa presidencial que define como un “agente económico preponderante”, aquel que cuenta con una participación nacional superior al 50 por ciento del sector, y no por la prestación de servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, como quedó establecido en la Reforma Constitucional.
Además, el artículo 264 impone 23 medidas de regulación para el preponderante en el “sector de radiodifusión”, pero ninguna se refiere al dominio de más del 50 por ciento de los suscriptores en televisión restringida (cable o satelital).
