Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).- El gobierno mexicano debe entrar en una nueva etapa en la que la modernización de las instituciones y la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, prometida por el Presidente Enrique Peña Nieto durante su campaña, pasen a ocupar el lugar que le corresponde en la agenda, demandó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani.
Durante el arranque de su campaña electoral, el 30 de marzo de 2012, el ahora Presidente de México, prometió la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, que sería una instancia autónoma con capacidad de actuar ante casos de corrupción gubernamental en los niveles federal, estatal y municipal, a partir de denuncias ciudadanas.
El compromiso lo ratificó en octubre del mismo año durante una gira por Europa, ya como Presidente electo, un mes después, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado presentaron la iniciativa de Peña Nieto para crear la comisión, misma que ya se encuentra en la Cámara de Diputados.
El tema ha estado en los titulares luego de darse a conocer el caso de la empresa Oceanografía, presuntamente involucrada con los hijos de la esposa del ex Presidente Vicente Fox Quesada, que se vio favorecida por unos 160 contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 1999 y 2013.
La empresa fue inhabilitada el 11 de febrero por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para celebrar contratos con dependencias de Gobierno tras investigar contratos que abarcan 2011 y 2012.
Por otro lado, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró a la compañía luego de que Banamex detectara supuestas conductas fraudulentas por 360 millones de dólares en créditos, relacionadas con el otorgamiento de fianzas previstas en la normatividad en materia de contrataciones públicas, relacionadas con Pemex.
La semana pasada, la empresa Hewlett-Packard (HP) fue acusada por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) de sobornar y pagar más de un millón de dólares a funcionarios de Pemex para ganar la venta de software a la petrolera hace cinco años.
“La demanda es que hay un gran compromiso a través del ataque a la corrupción. Es fundamental que se apruebe la Comisión Anticorrupción que tenga los dientes suficientes”, demandó el líder empresarial en entrevista con SinEmbargo.
UN TEMA DE ESTADO
La organización Transparencia Internacional publicó en diciembre pasado su Índice de Percepción de la Corrupción 2013 y ubicó a México en el lugar 106 de 177 naciones, lo que lo coloca como uno de los países más corruptos para el organismo.
Gutiérrez Candiani consideró que el tema de la corrupción debe atacarse como un problema de Estado, “de seguridad nacional, porque a final de cuentas le cuesta a los ciudadanos, a los gobiernos y a las empresas”.
Aseguró que en el primer año de gobierno de Peña Nieto, el país ha pasado por un proceso modernizador, vía la propuesta de reformas estructurales, que “hay que aplaudirlo” porque “ha generado los suficientes acuerdos políticos para poder transitar”.
Sin embargo, reiteró la necesidad de entrar a una segunda etapa que tiene que ver con la modernización de las instituciones del país a través del fortalecimiento del Estado y “que el sector privado va a impulsar, después de terminar la parte económica, y que tiene que ver con justicia, gobernabilidad, democracia, esos son temas de la agenda que vamos a estar empujando poniendo especial énfasis en el combate a la corrupción y a la impunidad”, advirtió.
“La Comisión Anticorrupción está parada es fundamental que se apruebe ya y que tenga los dientes suficientes para incidir realmente en la corrupción y ahí tiene que ser un compromiso de todos”, insistió.
Destacó que en un primer momento lo fundamental de la agenda pública fueron la seguridad y las reformas económicas, pero en este segunda parte es necesario que entre el tema de la corrupción.
De acuerdo con la propuesta de Peña Nieto, la Comisión Nacional Anticorrupción podrá conocer casos de oficio, por notificación de otros órganos del Estado mexicano, a través de demandas para asuntos de gran valor administrativo, y por Reportes Ciudadanos para casos donde los ciudadanos sean victimizados por actos de corrupción en trámites menores.
De igual manera, esta comisión “estará impedida para hacer sus investigaciones por el secreto bancario, fiduciario y fiscal”, además de que se “protegerá la integridad de las personas que denuncian, se promoverán la colaboración y los eventos simulados, y se penalizaran las demandas frívolas”.
Dicha instancia estaría integrada por cinco comisionados nombrados por el Presidente de la República, y el Senado, o la Comisión Permanente, podrán objetar la designación por dos terceras partes de sus miembros presentes, dentro de los primeros 30 días después de la fecha del nombramiento.
También se propone un régimen de incompatibilidades para que los comisionados no puedan ocupar otro empleo o comisión, salvo aquellos de carácter académico o científico sin percibir remuneración alguna.
De igual manera, se crea el Consejo Nacional por la Ética Pública, que será presidido por el Ejecutivo Federal e integrará a ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
LOS INDICADORES
Otro de los puntos que preocupa al empresariado del país son los ajustes en el crecimiento que ya se han presentado en el primer trimestre del año.
La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó para México un crecimiento de 3 por ciento para 2014 y de 3.5 por ciento para 2015, porcentajes inferiores a los que tenía previsto el gobierno federal.
El estimado queda muy por debajo de las previsiones del gobierno mexicano, de 3.9 por ciento estimado para este año y del 4.7 por ciento de 2015, incluidas en el Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones contenidas en el Artículo 42, dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Esto se suma al bajo crecimiento que tuvo el país el año pasado y que fue inferior al 2 por ciento.
“Estamos preocupados”, admitió el líder de los empresarios del país, quien señaló que actualmente el sector se encuentra en un proceso de análisis, “vamos a esperar de cuánto va a ser la proyección para este año y a partir de entonces vamos a tomar decisiones conjuntas (…) Lo que no podemos permitir es que los indicadores vayan hacia la baja; el consumo y el mercado interno se tiene que ir corrigiendo para no caer”.
Aseguró que parte del problema es que la Reforma Fiscal aprobada el año pasado creo una serie de nuevos impuestos que frenaron el consumo y detuvieron las inversiones.
“Teníamos un mejor panorama, pero la Reforma Fiscal no cumplió con las expectativas y sí está generando un efecto en algunos sectores que tiene que ver con el consumo, la inversión y la competitividad de las empresas, ha pegado”, expresó.
Gutiérrez Candiani propuso realizar modificaciones urgentes a la Reforma Fiscal, pues consideró que ya demostró que no está logrando el propósito de crecimiento y generación de empleos, por lo que es necesario hacerle modificaciones.
Según el líder privado, la aplicación de más impuestos pone en desventaja a las empresas en el país, en relación con sus competidores en el mundo. En el caso de los trabajadores, dijo que perdieron parte de su poder adquisitivo y dejaron de consumir en el mismo nivel. Es por ello que consideró que la Reforma Fiscal necesita de cambios importantes, a fin de hacerla un instrumento para atraer inversiones.
Entre las disposiciones que han sido criticadas por el sector destacan el aumento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 30 al 35 por ciento, la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las fronteras, así como el gravamen a las inversiones en bolsa.
Gutiérrez Candiani defendió la propuesta del sector que contemplaba un IVA generalizado, para que la reforma tuviera un fin recaudatorio.
Sobre la polémica que han enfrentado las reformas económicas del gobierno federal, como la Energética y la de Telecomunicaciones, destacó la necesidad de llegar a consensos en el Legislativo, ya que ambas son necesarias para la modernización del país.
