El Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, dijo a Joaquín López Dóriga esta tarde que separó de su cargo al Procurador del Estado, Alberto López Rosas; al Secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte; y al subsecretario de seguridad, Ramón Arreola, luego del asesinato de dos normalistas. No ha dicho si procederá en contra de ellos o si los investigará.
Los funcionarios encabezaron el operativo en el que murieron dos estudiantes.Dijo en entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga que Alejandro Hernández Paz se quedará en lugar de López Rosas como encargado de despacho de la Procuraduría Estatal. El General Arreola era el encargado directamente de la Policía del Estado, indicó Aguirre. Expresó por primera vez que lamenta el desalojo violento y aseguró que no habrá impunidad.
De acuerdo con Notimex, en Seguridad Pública estatal, quedará el subsecretario de Protección Civil, Humberto Calvo Memije.
En tanto, en el cargo que desempeñaba Arreola en la Subsecretaría de Prevención y Operación Policial queda como encargado de despacho Leonardo Vázquez.
A 24 horas de la manifestación de normalistas en la Autopista del Sol que derivó en un enfrentamiento con policías, diversas voces en la entidad y en el Congreso de la Unión exigieron la renuncia de López Rosas; en tanto los funerales de los dos jóvenes se preparaban este día.
De acuerdo con Novedades de Acapulco, en Chilpancingo funcionarios de las dependencias policiacas adelantaron de los posibles movimientos que se darían a conocer esta tarde, por lo que desde el mediodía de este martes en esas dependencias se percibía un inusual movimiento.
Investigan a ministeriales
En este contexto, César de los Santos Mendoza, subprocurador estatal de Justicia, dijo que se inició un proceso de investigación contra cinco elementos ministeriales, para saber si dispararon contra los estudiantes en el enfrentamiento de ayer lunes.
De acuerdo con Notimex, el funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que la PGR fue la instancia que realizó la toma de las muestras a los elementos ministeriales para determinar si dispararon o no en contra de los normalistas de Ayotzinapa.
Se trata de cinco elementos que llegaron a las instalaciones de la PGJE armados, tras la refriega a la altura del Parador del Marqués, cuyas armas fusiles R-15 semi-automática fueron requisadas para ser investigadas.
De encontrarse responsables los ministeriales, afirmó el funcionario estatal, se procederá en su contra.
Los elementos ministeriales, quienes llegaron armados, argumentaron que no dispararon, pero dentro del proceso de investigación han sido concentrados como medida de seguridad para evitar su evasión, si alguno da resultado positivo, será incluido dentro de la línea de investigación.
Agregó que de los hechos de ayer, la PGJE mantiene abiertas varias líneas de investigación, para ubicar a los responsables del enfrentamiento que dejó dos estudiantes muertos, tres heridos por arma de fuego y 24 detenidos, de los cuales 23 fueron ya liberados.
El estudiante Gerardo Santiago Peña, de 19 años de edad, será remitido durante las próximas horas a la Procuraduría General de la República (PGR).
Liberan detenidos
Horas antes, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero liberó a una veintena de estudiantes normalistas que el lunes fueron detenidos durante el enfrentamiento con elementos policiales, luego de que los alumnos bloquearan la Autopista del Sol.
De acuerdo con información de Notimex, la liberación es inspeccionada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), encabezada por Juan Alarcón Hernández, para conocer las condiciones en que fueron puestos en libertad.
Sin embargo, más temprano, el periódico El Sur informó que autoridades torturaron al normalista al que supuestamente le encontraron un cargador y una AK-47.
“La justificación que pretende dar el gobierno del estado a la represión a estudiantes de Ayotzinapa que dejó dos jóvenes muertos a balazos surgió de una declaración fabricada por medio de tortura”, dijo el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, al diario guerrerense.
“El estudiante Gerardo Torres Pérez, quien participó en la manifestación, fue detenido por efectivos de la Policía Investigadora Ministerial, con decenas de manifestantes cuando pretendían subir a un autobús para retirarse del lugar del bloqueo tras la represión. El joven llevaba en la mano varios casquillos percutidos de los cientos que quedaron regados en el piso, que dispararon los policías de la preventiva estatal, de la Investigadora Ministerial y de la Federal Preventiva que ejecutaron el desalojo. Los policías se lo llevaron junto a otros detenidos, y de inmediato lo separaron, y fue sometido a torturas severas, y golpizas, para obligarlo a declarar que llevaba un arma de fuego, un AK-47 o cuerno de chivo, y que durante la manifestación había disparado”, agrega.
El Sur agrega: “Finalmente, el joven normalista no aguantó la tortura y aceptó la declaración fabricada por los policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Fue trasladado a un lugar baldío en Zumpango, al norte de Chilpancingo, y ahí fue obligado a disparar un cuerno de chivo. Con esto, resultarían positivos los peritajes que elaboraría la Procuraduría de Justicia para pretender sustentar la declaración del procurador, Alberto López Rosas, de que un manifestante llevaba un cuerno de chivo”.
De esa manera, el estudiante Gerardo Torres Pérez daría positiva la prueba de que disparó un arma de fuego, dice. El abogado de Tlachinollan dijo también que funcionarios de la Procuraduría de Justicia impidieron que los abogados del Centro de Derechos Humanos participaran para asistir a los estidiantes detenidos mientras presentaban su declaración.
