Antonio Peña Argüelles, la liga entre Yarrington y Los Zetas, se declara culpable en EU por lavado de dinero

01/04/2014 - 10:21 am

Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).– Antonio Peña Argüelles, un empresario mexicano señalado como presunto intermediario entre el ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, y el líder de Los Zetas, Miguel Treviño Morales, se declaró culpable este lunes en un tribunal federal de Estados Unidos por lavado de dinero.

Las autoridades federales de ese país arrestaron a Peña Argüelles en febrero de 2012 meses después de que su hermano fuera asesinado en Nuevo Laredo. Junto al cuerpo había una manta en la que se acusaba a Antonio de supuestamente haber robado cinco millones de dólares a Los Zetas.

Los fiscales estadounidenses alegan que Peña Argüelle era un intermediario entre Treviño Morales y Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien está acusado en Brownsville por crimen organizado, narcotráfico y delitos financieros. También se le acusó de invertir ganancias de los carteles mexicanos del Golfo y los Zetas en Estados Unidos.

Peña se enfrentó a un máximo de 20 años de prisión. Sin embargo, fue sentenciado a dos años y medio de prisión.

Días después de su arresto en San Antonio, ocurrido en 2012,  se dio a conocer una acusación interpuesta por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) en una Corte de Texas que afirma que Antonio Peña Argüelles recibió el 29 de noviembre de 2011 un mensaje de Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, que decía:

“Su hermano [Alfonso] ha estado diciendo que usted y Tomás Yarrington, junto con [Jorge Eduardo] Costilla [líder del cártel del Golfo], asesinaron al candidato a Gobernador Rodolfo Torre Cantú porque afectaba al negocio de la construcción y estaba patrocinado/ protegido”.

La DEA aseguró en ese entonces que Antonio Peña se reunió en 2008 con Yarrington en una casa que este último rentó en San Antonio. Ahí discutieron un pleito financiero que existía con Treviño Morales.

El ex Gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba es señalado por las autoridades estadounidenses por presuntos nexos con el narcotráfico y pertenecer a una red de lavado de dinero.

Yarrington fue Alcalde de Matamoros (1993-1995), Gobernador en Tamaulipas (1999-2004) y precandidato del PRI a la Presidencia de la República. En agosto de 2012, un juez federal giró una orden de aprehensión contra el ex Gobernador tamaulipeco, informó la entonces Procuradora General de la República, Marisela Morales.

Morales Ibañez detalló que el caso contra el ex mandatario estatal, señalado por presuntamente recibir sobornos del Cártel del Golfo y lavar dinero en el sector inmobiliario, se fundamentaba en “diversas pruebas”, y no sólo en las declaraciones de testigos protegidos.

“Son diversas pruebas, no solamente son testigos colaboradores, sino son también otro tipo de pruebas y que fueron valoradas en su conjunto por el Ministerio Público al momento de ejercer la acción penal, y también por el juez”, mencionó el 29 de agosto de 2012.

Yarrington presentó un amparo alegando violaciones a sus garantías constitucionales por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la integración de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/240/2012, la cual fue consignada en su contra.

También buscó ampararse contra los actos del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR que instruyeron su búsqueda y localización en el extranjero con el apoyo de Interpol.

Sin embargo,  el pasado 27 de febrero del presente año el Juez de amparo validó el mandato de captura girado contra el ex Gobernador  y al mismo tiempo desechó el amparo del prófugo de la justicia contra una presunta aprehensión por delincuencia organizada, ya que la captura no procedió por este delito.

Según se dio a conocer, el juzgado también rechazó amparar a Yarrington contra la SEIDO y la Interpol, debido a que la primera de ellas solicitó en el oficio CG/TAM/1380/2012 la colaboración de la Policía internacional para que instruyera a las agencias de más de 180 países intervenir para lograr la captura del ex priista hoy fugitivo.

 

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