México, 26 Mar. (Notimex).- Las bancadas del PRI y PVEM en el Senado presentaron la iniciativa que expide la Ley de Propaganda Institucional, la cual busca transparentar la relación entre los poderes públicos, los partidos y los medios, así como evitar “campaña de autoelogio”, encubiertas y dispendio.
En la sesión de este miércoles y en tribuna, la senadora Cristina Díaz expuso con esta iniciativa el PRI y el PVEM plantean terminar con privilegios para los partidos que gobiernan y lograr un “piso parejo” en las elecciones federales del 2015.
“Debemos acabar con las campañas de autoelogio, en las que no se sabe cuánto se paga, para qué, a quién y por qué”, expuso la legisladora, quien señaló que las relaciones entre los poderes públicos y los medios deben regirse por el principio de transparencia, equidad y objetividad.
“No podemos permitir más la malversación de recursos públicos para publicidad gubernamental”, argumentó.
De acuerdo con la iniciativa, es necesario evitar que la publicidad institucional sea utilizada como propaganda encubierta. Con esta reglamentación se prohíbe promover implícita o explícitamente los intereses de las entidades públicas o de algún partido político, así como destacar los logros de la gestión gubernamental.
La iniciativa reglamenta el Párrafo 8 del Artículo 134 de la Constitución y son sujetos obligados a la misma los poderes públicos; los órganos autónomos; las dependencias y entidades de la administración pública.
Además, “prohíbe la contratación de medios de comunicación para la difusión de propaganda institucional presentada como información periodística o noticiosa”.
Subraya que ningún medio de comunicación podrá ser discriminado en su contratación para la difusión de propaganda institucional, por razón de su línea editorial.
Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) plantean facultar a la Auditoría Superior de la Federación o su equivalente en los estados para revisar y fiscalizar los recursos públicos en materia de propaganda institucional.
Con ello se sancionaría a los entes o servidores públicos por difundir propaganda institucional violatoria del principio de imparcialidad; difundir propaganda institucional que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Reforma del Estado, Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos del Senado para su análisis.