Ciudad de México, marzo (SinEmbargo).– La Asamblea de los Pueblos Indígenas del Itsmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), exigen a las autoridades estatales que frenen la explotación y expropiación de un terreno comunal por parte de la empresa Gas Natural Fenosa para la construcción de un parque eólico, en el muncipio de Juchitán De Zaragoza, Oaxaca.
El terreno es propiedad del comunero Pedro Martínez Guerra, cuyo caso ya ha llegado a instancias globales como Amnistía Internacional (AI), que ya solicitó al gobierno del estado, encabezado por Gabino Cué Monteagudo que se pronunciara sobre el tema.
Desde el 22 de febrero de este año, la Asamblea denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Oaxaca, con el legado 440/JU/2014, a la compañía gas natural por el intento de despojo de tierra y por presuntas amenazas de muerte contra el indígena comunero de Juchitán, quien dijo que la intervención de la empresa se debe a la construcción de un parque eólico llamado Bií Hioxo, grupo dirigido por empresarios españoles.
El pasado 13 de marzo supuestos empleados de la empresa de gas intentaron introducir material de construcción para continuar con la obra de un camino que se había iniciado en la zona, sin embargo, comuneros impidieron el acceso a los empleados, quienes presuntamente han atacado a integrantes de su comunidad.
Los defensores de la tierra afirmaron que personas relacionadas con la compañía gasera, incluso, ha intentando disfrazar el problema al difundir el caso como un “conflicto de linderos”.
La APIIDTT asegura que la familia del indígena de Juchitán y su familia son amedrentados y presionados todos los días para que abandonen el lugar, detengan la vigilancia en los terrenos y permitan el paso a los trabajadores de la empresa.
Los defensores de los pueblos expresaron que un día después de haberse enfrentado con los empleados, dos personas: José Inés Sánchez y Mariano Sánchez (quienes tienen lazos con la empresa) amenazaron a los comuneros que vigilaban la zona.
La organización narra que “cuando la compañera Eloisa Martínez, (hija de Pedro) se interpuso entre una moto conformadora y la entrada del terreno, Mariano Sánchez gritó al conductor “pásale encima porque ese terreno es mío”. Allí mismo estaban dos representantes de la empresa, quienes comunicaron a los compañeros que fueran a hablar con Ricardo Morales, que podían pedir todo el dinero que quisieran, que se salieran de la Asamblea y se alejaran de Bettina Cruz [una de las principales voceras de la APIIDTT], que ellos iban a seguir trabajando y que la empresa no se podía detener, pues a diario perdían muchos millones”.
Posteriormente, el 15 de Marzo, otro personaje intervino, Cirilo Santiago Martínez, quien se presento en la zona de la disputa y argumentó que el terreno le pertenecía, sin embargo, Pedro Martínez aseguró que el 30 de abril de 1981, la tierra le fue vendida a él y que contaba con las escrituras de la propiedad donde se especificaba su nombre como legítimo dueño.
Dos días después, la familia Martínez volvió acercar el terreno y expresaron que temían que la empresa reanudara sus actividades.
RECLAMAN JUSTICIA
La Familia Martínez y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Itsmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, reclamaron la respuesta de las autoridades estatales ya que aseguraron que la PGJE no hay respondido a sus demandas y denunciaron que esta instancia no ha realizado las investigaciones pertinentes, además de que no ha respondido por la violación a las garantías de Pedro Martínez ante el supuesto hostigamiento por parte de la compañía.
“Exigimos a la empresa que respete la posesión del Sr. Pedro y detenga el hostigamiento, acoso y chantaje hacía todos los miembros de su familia. Exigimos que la PGJE no sea omisa en este caso, y actúe de manera inmediata realizando una investigación de la denuncia presentada por el Sr Pedro Martínez, e intervenga para salvaguardar la integridad física de la familia” expresó la Asamblea en un comunicado.
La APIIDTT advirtió por su parte que “responsabilizamos a Gas Natural, Fenosa y a la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca de la integridad física de los compañeros que se encuentran montando guardia, pues la empresa tiene paramilitares armados cuidando sus obras”.
Además, el 27 de enero se dio a conocer que durante la madrugada de ese día, sujetos presuntamente relacionados con la empresa Gas Natural Fenosa incendiaron por segunda ocasión el lugar resguardado por los comuneros de la zona.
Ante este panorama, los defensores de la tierra enviaron una petición a Amnistía Internacional y al Gobierno del estado de Oaxaca para pedir su intervención en el caso, la cual fue aceptada por el organismo y avalada para solicitar la respuesta del gobierno de Gabino Cué Monteagudo.
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EXIGEN RESPUESTA DE GOBIERNO
Carta íntegra de Amnistía Internacional
Lic. Gabino Cué Monteagudo
Gobernador del Estado de Oaxaca
Señor Gobernador:
Le escribo para trasmitirle mi preocupación por las recientes amenazas de muerte en contra de Pedro Martínez, su familia y del resto de activistas indígenas que defienden pacíficamente sus tierras contra la construcción de una planta eólica.
Es por esto que le solicito a usted garantizar la seguridad de Pedro y su familia y que se investiguen de forma exhaustiva, inmediata e imparcial las amenazas de muerte contra Pedro Martínez y su hijo Mariano Martínez, llevando a las personas responsables ante la justicia.
Así mismo le pido que se asegure que se realize (sic) un proceso consultivo, y que las obras planeadas se lleven a cabo solamente con el consentimiento anticipado, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas por la construcción de la planta eólica basado en información confiable y verdadera sobre el impacto del proyecto.
Dicha petición ha logrado recaudar hasta el 18 de marzo cerca de 12, 208 firmas a través de AI .
El pronunciamiento por parte de AI explica también que en las tierras de los indígenas se construyó, sin permiso legal, una carretera de acceso y una torre de transmisión.
“Amnistía Internacional llama a las autoridades estatales y federales a garantizar la seguridad de Pedro Martínez Guerra, su hijo, Mariano Martínez Martínez, y el resto de su familia, para que estas puedan continuar defendiendo pacíficamente sus tierras sin temor a sufrir represalias”, demandó el organismo.
Además, la organización demandó a las autoridades que se realice una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre las amenazas de muerte que han recibido los integrantes de la familia Martínez.
“Amnistía Internacional insta también a las autoridades a que estas se aseguren de que se realice un proceso consultivo, y que las obras planeadas se lleven a cabo solamente con el consentimiento anticipado, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas por la construcción de la planta eólica basado en información confiable y verdadera sobre el impacto del proyecto” informó en un comunicado.
Por su parte, el sacerdote y activista Alejandro Solalinde Guerra advirtió desde el año pasado que el conflicto podría desatar un baño de sangre, ya que los comuneros defenderán con su vida sus tierras y también demandó a las autoridades se frene el conflicto generado entre la compañía, el proyecto de parque eólico y la Secretaría de Energía, según dio a conocer el periódico La Jornada.
En 2013, Solalinde dijo que “en México no hay un protocolo con reglas de comportamiento para las empresas trasnacionales, no las hay, se han metido cientos de mineras por todos lados y han estado robando nuestro oro, nuestra plata y han estado dividendo a nuestra gente, ¡y no hay manera de cómo pararlas! porque ¡fíjense! no hay esas leyes por parte del estado mexicano, no lo hay” destacó en un encuentro que tuvo con los integrantes de la asamblea y el representante del gobierno del estado Javier Jiménez Herrera, según dio a conocer el diario local Realidades de Oaxaca.
Solalinde también informó de la intención del gobernador Gabino Cué Monteagudo de "elaborar un protocolo para el estado de Oaxaca que reglamente a las trasnacionales y respeten las costumbres de los pueblos indígenas, y su riqueza natural”, sin embargo, a la fecha los comuneros aún no han recibido respuesta por parte de las autoridades estatales, pues según el diario local, dio a conocer en septiembre del año pasado, que de marzo a agosto de 2013 habían realizado seis mesas de diálogo con representantes del gobierno del estado, y las tres minutas de acuerdo firmadas no se han cumplido, al no presentarse (el gobierno federal y la empresa eólica).
No sólo la familia Martínez ha sido víctima del despojo de sus tierras, pues comuneros de la zona ya habían denunciado este tipo de abusos por parte de la empresa Gas Natural Fenosa para la construcción del parque eólico Eólico Bii Hioxho.
LOS ENCARGADOS DEL PARQUE EÓLICO
Bií Hioxo (grupo responsable de la construcción del parque eólico en Juchitán) expresa a través de su sitio oficial en Internet lo siguiente:
"La Unión de Propietarios Eólicos Bií Hioxo es una de las tres agrupaciones que aglomera a los dueños de las tierras, las otras dos son Comité de Propietarios Guelabeñe y Bií Hioxo Sur. Contrario a lo que argumenta el principal opositor, Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), este grupo de campesinos considera que el parque se adhiere a los estándares medioambientales requeridos por las autoridades y cuenta con el apoyo de los propietarios de los terrenos donde se ubicará, de los 'verdaderos dueños'. La empresa ha mantenido una estrecha comunicación con la comunidad, mediante consultas y acuerdos, respetando plenamente los derechos de los pueblos de la región”.
Según el acuerdo, los que poseen de una a seis hectáreas reciben 6 mil pesos al año, sin importar la cantidad, a partir de la séptima hectárea Gas Fenosa otorga mil pesos por hectárea al año, o sea, el que tiene 150 hectáreas recibe 150 mil pesos, el que tiene cuatro recibe 6 mil pesos sólo en renta.
MULTINACIONALES VS INDÍGENAS
En octubre del año pasado, se dio a conocer mediante un análisis de las concesiones de uso de tierras en las economías de mercados emergentes realizado por el Proyecto Munden, comisionado por la organización global Derechos y Recursos, que 31 por ciento de las tierras que los gobiernos conceden a la explotación industrial pertenece a indígenas.
El proyecto analizó 153 millones de hectáreas en concesión en 12 países de América Latina, Asia y África y detectó que con la ocupación de la tierra se pone en riesgo una producción agrícola asociada por un valor de 5 mil millones de dólares.
El análisis refiere que en Argentina el 84 por ciento de las concesiones para el cultivo de la soya está en territorio indígena, lo que expuso como uno de los casos más significativos del estudio.
En las concesiones mineras de Chile, Colombia y Filipinas el análisis descubrió que un 30.5 por ciento de las zonas explotadas eran de propiedad indígena.
El proyecto también explica cerca de 451 millones de hectáreas a nivel mundial son propiedad de comunidades indígenas o están administradas por esas comunidades con autorización del estado: es decir el doble que en 2002, sin embargo, no se escapan del 31 por ciento del interés de las multinacionales.
