Juan Francisco KuyKendall cayó herido de bala de goma el primero de diciembre de 2012 en la esquina de Artilleros y Emiliano Zapata, frente al Palacio Legislativo de San Lázaro. Permaneció en coma y falleció el sábado 25 de enero de 2014. Si para él hay olvido, es muy probable que no haya justicia para nadie que se manifieste en el Centro Histórico y le toque un encapsulamiento o una detención. Así piensan activistas y observadores de los Derechos Humanos que encuentran en esta muerte el símbolo con el que arrancó una etapa negra en la Ciudad de México. El país no tiene un solo examen aprobado en la materia. Los saldos en desaparecidos y defunciones en el marco de la guerra contra el narcotráfico ensombrecen cualquier desempeño. Pero esos diagnósticos no incluyen lo que durante 2013 –después de la caída de KuyKendall– ha ocurrido en el centro de la capital del país. Ahí, lo que sucedió fue la manifestación callejera. Y luego, el encapsulamiento, la detención, la contención, el desalojo, el caos...
Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).– Aquí mataron al profesor Juan Francisco KuyKendall. ¿Quiénes fueron? Manos anónimas a las que después de un año y tres meses, no les corresponden ni un cuerpo ni una cara ni una nada. En este camino bifurcado de las calles marcadas con la paradoja de Artilleros y Emiliano Zapata, la mortandad –el índice de 2012 es un ser humano: él, KuyKendall– fue apenas el principio de un nuevo tiempo. Uno de nublazones. “Época negra para los derechos humanos” lo ha bautizado el activista Jesús Robles Maloof. Porque del 1 de diciembre de 2012 (1D) hasta el 2 de octubre del año pasado, 300 personas han sido detenidas y más de mil 200 encapsuladas bajo la advertencia del macanazo en decenas de manifestaciones sociales.
El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, edificador del Palacio Legislativo de San Lázaro, no imaginó que a partir de los confines de su obra, en el 2014 podría dibujarse un perímetro. Uno para guardar una memoria. De esta esquina hasta El Ángel de la Independencia, hay un cúmulo de recuerdos en los que aparece siempre en primer plano, la corretiza entre humo. Luego, la detención.
De aquel día, hay una foto. El hombre yace sobre el cemento de esta banqueta en un sueño armononioso. Pareciera que se hubiera aferrado a un destino. No aparenta estar intimidado por lo que le espera. En la imagen es inevitable ver lo que el 1D le llamó la atención al mundo: el hombre tiene la masa encefálica expuesta, sobre el asfalto, derramada. El hombre se llama –se sabría en las siguientes horas– Juan Francisco KuyKendall pero desde ahora bien podría llamarse “Kuy”. Tres letras, un nombre corto, la simplicidad, porque su destino es este: en su ser, los activistas y observadores de derechos humanos encontrarán el símbolo para todo lo que ocurrirá durante el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto en las calles del primer cuadro de la Ciudad de México. En todas las demás fotografías de ese día, los que hicieron lo mismo que él –caminar y protestar– se asoman como ondulaciones en filas serpentinas, en revueltas de las que surgen piedras o palos. Pocos tienen el rostro descubierto. Predominan las capuchas y pañoletas. Él, con el rostro al aire.
Mientras Enrique Peña Nieto se dirige por Avenida Reforma hacia el Palacio Legislativo a tomar protesta frente al Congreso se la Unión, se sabrá que quien ha caído es adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Se dirá, a cuenta gotas, que es director de teatro. Se añadirá que ha sido activista cultural de larga trayectoria. Su edad no estará clara: en la frontera de los cincuenta y sesenta, quizá.
Sucede que los muertos tienen derechos. Francisco Cerezo, del Comité Cerezo, lo menciona de inmediato cuando piensa en “Kuy”. El primero es el derecho a la justicia. Significa que los responsables de la muerte sean llevados a juicio y sancionados, además de una reparación para los familiares. Luego, tendría que ocurrir un desmantelamiento de las estructuras que permitieron esa muerte. Otro derecho que tienen los muertos: la memoria. No es sólo recordar lo que ocurrió; sino revisar la historia de la estructura que permitió que fuera muerto. El otro es el derecho a la verdad. Que se sepa qué ocurrió. Nítidamente.
Ha pasado un año con dos meses. En esta esquina, pocos lo conocen:
–Dicen que ahí estuvo tirado cuando Peña Nieto empezó. Pero quién sabe porque había muchos granaderos ese día y me parece que él se cayó temprano –cuenta el vendedor de periódicos, refrescos y semillas frente la antena de más de cinco metros que tiene aquí la Comisión Federal de Electricidad.
Lo único que se sabe de lo sucedido en este cruce de autos, Metrobús y metro elevado, es que durante las protestas del 1 de diciembre de 2012, a Kuy le cayó una bala de goma en la cabeza. La comisión “Va por Kuy” sostiene que tiene pruebas documentadas que esa bala viajó desde los rifles que portaban elementos de la Policía Federal mientras custodiaban las vallas del Palacio Legislativo.
Cuando Kuy fue levantado de este asfalto necesitaba la intervención de un equipo multidisciplinario (un neurólogo, neuropsicólogo, enfermera, fisioterapeuta, nutriólogo). Pero nadie acudió. Pasó la última etapa de hospitalización en la clínica 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De ahí surgió el reporte médico del 25 de enero: a las 4:50 horas de la madrugada, presentó bradicardia, hipotensión en forma sostenida y paro cardiorespiratorio. Un hombre había dejado de existir.
El 19 de febrero de 2014, el secretario general de Amnistía Internacional Salil Shetty acaba de partir de México. Un día antes había dado una conferencia de prensa en la que reveló lo que ocurrió en su reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto. Él le dijo:
“México es un actor cada vez más importante en la escena mundial, no sólo en términos económicos sino también en la promoción de los derechos humanos… Le dije al Presidente Peña Nieto que si su gobierno quiere realmente demostrar a la comunidad internacional y al pueblo de México que se toma en serio los derechos humanos, debe ir más allá de las palabras y hacer de estos una realidad en su país”.
No es que haya palabras mal puestas o dichas fuera de lugar sobre el asesinato ocurrido en Artilleros y Emiliano Zapata. Es que sobre ese hecho, no hay ninguna palabra. No hay funcionario que haya pronunciado en público el apellido KuyKendall. Como no la hay para los 20 mil muertos que los registros no oficiales contaron en el primer año de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
Anochece. Si los registros tienen rigor y se toma en cuenta el desvanecimiento sobre esta banqueta a las 9:35 horas del primero de diciembre de 2012, Juan Francisco KuyKendall, “Kuy”, es el primer muerto del sexenio.
EN DERECHOS HUMANOS, ¿QUÉ ES EL CENTRO?
México tiene reprobados todos los exámenes en Derechos Humanos. En noviembre, se sometió al Examen Periódico Universal (EPU), el mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para vigilar cada cuatro años el cumplimiento por cada uno de los 193 Estados miembros de sus obligaciones y compromisos.
En este examen, el Consejo de Derechos Humanos emitió 176 recomendaciones para nuestro país, casi el doble de las 93 formuladas hace cuatro años. Apenas empiece marzo de 2014 se romperá el plazo para decidir si las acepta o no.
Luego están los reportes de Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW). El de AI, de 2013, considera ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y tortura cometidos a manos de las fuerzas de seguridad y de la policía; un sombrío panorama en el que apenas el 10 por ciento de las siete mil denuncias oficiales contra autoridades ha sido investigado. El de HRW también centra sus focos en la resaca de la lucha contra grupos del crimen organizado. Incluye, en ese marco, ejecuciones, desapariciones y torturas, y la falta de investigación adecuada.
¿Qué es el Centro Histórico de la Ciudad de México en la crisis de Derechos Humanos? Sandra Serrano García, experta en la materia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), lo resume: “Más allá de que sea un Centro Histórico, es un centro neurálgico, político y social. Lo que está sucediendo en esa área es una especie de segregación de los movimientos sociales. Es un, quitémoslos. Un: borrémoslos. Alejémoslos de dónde se ven, de dónde ya tenemos arreglados los espacios peatonales. A donde la gente puede asistir sin tener que estar viendo connatos de manifestación. Y el Centro Histórico de la capital tendría que ser también un espacio para la manifestación pública”.
TRAS TU MUERTE, KUYKENDALL
¿Y la muerte de Juan Francisco KuyKendall? ¿Qué significa? Para el activista Francisco Cerezo es el resultado de las estrategias del Gobierno del Distrito Federal y el Federal para “criminalizar” el derecho humano a la protesta. “Los responsables de su muerte ya deberían haber sido enjuiciados y sancionados. Desde el que disparó la la bala de goma que lo golpeó hasta los mandos que lo avalaron. Y, sobre todo, debió ser ya desmantelada la estructura que permitió esta muerte”.
En el despacho de la Flacso, entre cerros de estudios internacionales, la investigadora Sandra Serrano García, opina lo mismo que el activista. Dice que esa muerte se resume en una palabra: impunidad. “Sin justicia para él y su familia, la muerte de KuyKendall dejó sentada la impunidad para violar los derechos civiles básicos. Lo que nos están queriendo decir, tanto el Gobierno del Distrito Federal, como el Federal, es que se pueden violar derechos civiles básicos y no fincar ninguna responsabilidad. ¿Esto qué implica? Que los agentes de la Fuerza Pública están en posibilidades de repetir este tipo de actos sin que exista ninguna consecuencia para ellos, aun cuando la consecuencia sea la pérdida de una vida”.
El comité “Va por Kuy”, formado por activistas zapatistas, también tiene un significado para esta muerte. En una declaratoria, se lee: “Los enfrentamientos, las detenciones y la represión durante las jornadas de protesta del 1 de diciembre fueron el toque de inicio de una tendencia general de todas las instancias del estado mexicano y de todos los niveles de gobierno para redoblar el control y el ataque a los derechos y libertades fundamentales…”
Iban marchando para conmemorar la matanza que el 10 de junio de 1971 ocurrió en las calles aledañas al Politécnico Nacional de Zacatenco. Ya habían guardado un minuto de silencio en la calzada México-Tacuba. En San Cosme se ha incorporado un grupo de veinte encapuchados (según los videos que tiene la Secretaría de Gobierno del GDF). Ahora se ve que de la marcha surgen palos y piedras. Ahora se empieza a decir, en el GDF, que los encapuchados pertenecen a un grupo que se llama a sí mismo “anarquista”. En el Zócalo, los manifestantes han quedado atrapados por un encapsulamiento de granaderos. Se han llevado detenidos a 19 hombres y tres mujeres.
Decenas de personas han sido detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. Otras, han resultado heridas en la cabeza o los pies. Iban o no en la manifestación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). A los maestros se habían unido los llamados “anarquistas”. Habían formado remolinos que rebasaron el límite establecido por la Policía Federal y del Distrito Federal en el cruce entre las calles Fray Servando Teresa de Mier y Congreso de la Unión. Era difícil distinguir quién era quién. “¡Eso les pasa a los maestros güelgones!” –fue apenas uno de los cientos de gritos que los maestros escucharon esa vez. A partir de ahora, los anarquistas estarán en cualquier marcha o concentración que ocurra en el Centro Histórico.
Hierve café sobre los anafres. Guadalupe Cortez Jiménez hace la guardia. Maribel Ordaz intenta alcanzar la otra esquina del Zócalo con la luz de una lámpara de mano. Miguel Jiménez González se echa un jorongo de colores. ¿Por qué será tan fría esta noche? “Por la lluvia contenida”, dice alguien. Los demás maestros están bajo las carpas, escribiendo planes, contando las cosas del acopio, platicando muchas anécdotas de las que nadie se atreve a reírse. Alguien canta. Cualquier visitante en el Zócalo de la Ciudad de México piensa que esto es un pueblo dentro de la ciudad donde se vive de una manera improvisada, pero ya cotidiana. Es así. Sin embargo, cuando se está dentro de esta cápsula gigante y suspendida se pierde toda la paz. La amenaza del desalojo está por todas partes y ya casi no se puede respirar. Amanece. Llega el mediodía. Ocurre. La SSPF les da dos horas para dejar el Zócalo. A ellos, que se habían quedado a dormir apretujados porque temían que en cualquier momento llegara la policía -como al final ocurrió- y los sacara con balazos. A ellos, que por esos días ya no se quitaban los zapatos. A ellos que salían y regresaban del campamento ya cansados, como quien carga una joroba a la espalda. Porque las corretizas ya eran lugar común y los encapsulamientos de la policía también. Ya es viernes 13 de septiembre y los granaderos del GDF están haciendo uno gigante. Que se llama kettling y consiste en filas de policías que avanzan y se mueven para acorralar, dirán después los documentos que la Secretaría de Seguridad Pública del GDF tiene archivados sobre las tácticas empleadas en contra de la manifestación callejera. Para esa técnica hay dos críticas en el mundo: el encapsulamiento puede durar horas y algunas personas no involucradas o que transitan por la zona pueden ser encapsuladas. Mediante el kettilng, los maestros están siendo expulsados del campamento que hacía un mes habían montado en el Zócalo.
Iban caminando hacia el Monumento a la Revolución. Pero, a través del kettling, 40 maestras han sido retenidas en la esquina 16 de septiembre y el Eje Central Lázaro Cárdenas. Este encierro, entre paredes formadas por granaderos vestidos de negro, entre sus botas y corazas, durará dos horas. La amenaza es que la macana les caiga sobre los pies. (Estas dos horas están documentadas por el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad).
Los maestros han sido desalojados, pero las manifestaciones siguen. Van en pequeños grupos hacia Televisa, en Chapultepec, y Tv Azteca en el Ajusco. Los granaderos han formado un cerco. El encapsulamiento durará cinco horas.
Los maestros de la CNTE venían marchando de la Secretaría de Gobernación. Querían una mesa de diálogo, pero no les dieron fecha. Los granaderos les han bloqueado el paso. Esta vez, el encapsulamiento durará cinco horas.
88 heridos, 102 detenidos, 23 periodistas agredidos, dos granaderos heridos. Eso ha dejado la manifestación para conmemorar la matanza que ocurrió en la plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Los golpes en las avenidas Juárez, Hidalgo y Paseo de la Reforma se han prolongado durante dos horas. Vuelan las bombas molotov, las piedras, los palos y las granadas de gas. Ahora hay comercios dañados; ahora, vidrios rotos y pintas, y gargantas rotas. El olor es similar al de una quemazón de llantas. Entre el humo, cientos de manifestantes agreden a dos policías granaderos. Los han tirado al suelo. Ahí, los han pateado sin descanso.
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Homicidio. Eso se lee en la acta de defunción del dramaturgo Juan Francisco KuyKendall. Su familia, por ahora, no desea hacer un relato para su obituario. Francisco Cerezo indica que esa es una reacción natural al trauma vivido y que así –con cautela, silencio, recogimiento– actúan las familias cuando pierden a un integrante en manos de autoridades. Cerezo no habla de una familia en particular. Se refiere a estudios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Frente a la esquina de KuyKendall, en el recinto de San Lázaro de la Cámara de Diputados, permanece el dictamen que arrojará la Ley de Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal, la cual ya fue aprobada en comisiones unidas y de Derechos Humanos, en diciembre.
Hay muchas probabilidades de que ese dictamen sea ley. PRI y PAN lo apoyan, y ello representa mayoría. El dictamen consiste en crear la obligación de la Secretaría de Gobernación y del GDF de escuchar a los inconformes de inmediato y darles solución. Los policías tendrán que ser capacitados en materia de derechos humanos y si alguien siente que sus derechos fueron vulnerados, se podrá iniciar un procedimiento administrativo y judicial. Quienes realicen una marcha de cualquier tipo, incluso las religiosas, deberán avisar que van a marchar con 48 horas de antelación.
¿A dónde van a ir a parar las detenciones, los encapsulamientos, todo lo vivido en el primer cuadro de la Ciudad de México en el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Será como si nada hubiera ocurrido? ¿Quién se acordará del profesor Juan Francisco Kuykendall quien cayó herido en la bifurcación de Artilleros y Emiliano Zapata y se mantuvo un año en coma?
“Esa ley implica muchas complicaciones en el respeto de los derechos humanos en toda su extensión. Una normativa de esa naturaleza implica quitarle el sentido de la sorpresa a la toma de las calles. Y esa característica es propia de una manifestación pública. Constitucionalmente, no existe un derecho a andar en el coche, pero sí existe un derecho da la libre manfistación, y la libre asociación. Lo que propone, esa ley, es un resguardo a un supuesto derecho a andar en un coche. Y criminalizar al que se manifiesta”, opina Sandra Serrano García de la Flacso.
Complementa: “La circunstancia política, con la regularización de las marchas, invita a pensar que todo es un connato y nada está pasando en el país. Es la criminalización de la protesta en toda su extensión. Es el inicio de un tiempo en el que decimos, vayamos hacia atrás, para que esto no vuelva a pasar. Para que nadie tome las calles. Para que nadie se atreva a decirnos que estamos haciendo algo mal”.
