La Ministra Olga Sánchez Cordero elaborará proyecto para admitir o rechazar controversia por Ifetel

17/02/2014 - 5:02 pm

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).–  La Ministra Olga Sánchez Cordero es la encargada de elaborar el proyecto sobre la admisión o rechazo de la controversia constitucional que presentó el Presidente Enrique Peña Nieto para resolver la retransmisión gratuita en la televisión de paga de los contenidos de televisión abierta, conocido esto como most carry y must offer.

Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la demanda a trámite y la turnó a Sánchez Cordero, según se dio a conocer.

El pasado jueves el Jefe del Ejecutivo federal interpuso una controversia constitucional contra el Juez José Guadalupe Mejía, Trigésimo Segundo de lo Civil, por haber invadido el juzgador las facultades constitucionales del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

Fue la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República la encargada de entablar la demanda al señalar que es necesaria la intervención del máximo tribunal de justicia para invalidar el oficio del juez civil que impidió al Ifetel votar los lineamientos para autorizar la retransmisión de señales radiodifundidas de televisión abierta a través de los sistemas de televisión restringida.

De acuerdo con su mandato constitucional, el Ifetel es responsable de garantizar el acceso equitativo a infraestructura y otros insumos esenciales para las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos los de banda ancha e Internet.

El Instituto fue notificado de un acuerdo emitido por el Juez Trigésimo Segundo de lo Civil, el cual señala que carece de competencia para ordenar la retransmisión gratuita de ciertos canales de televisión abierta, derivado de un juicio iniciado en 2011 por Televisa en contra de Comercializadora de Frecuencias Satelitales.

En la demanda, el ejecutivo federal planteó que “el must career y must offer es un elemento esencial de la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones para generar competencia en el sector de la televisión de paga, pero más aún para salvaguardar el derecho de toda persona a recibir las señales de la televisión abierta por medio de la televisión de paga sin costo adicional”.

 

 

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