Carcomida por una crisis que ni siquiera el Procurador Jesús Murillo Karam niega, en el presente sexenio la PGR debe enfrentarse a tres procesos: un plan de modernización planteado por el mismo Murillo Karam; el cambio a una fiscalía autónoma, considerada en la Reforma Político-Electoral avalada por el Congreso, así como las modificaciones que le exige la reforma penal de 2008. Pero los planes de reestructura se han metido en un letargo. Fuentes de la misma PGR y especialistas avizoran que esta revolución no ocurrirá durante la actual administración. Mientras, los índices de comisión del delito se desbordan en un ambiente marcado por el narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada.
Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).– “Queda usted libre por falta de pruebas”. Pueden ser millones los hombres y mujeres que en México han escuchado la consabida frase en nueve décadas de operación de la Procuraduría General de la República (PGR).
Los expedientes que narran derrotas en los juzgados por falta de sustento acusatorio, después de endebles investigaciones, llenan los entremuros del área coordinadora de Archivos del órgano encargado de investigar el delito en México.
Ningún especialista en seguridad nacional consultado duda en decir que la PGR, más que concentrarse en la procuración de justicia, ha sido el instrumento más eficaz de los presidentes en acciones de revancha política, sexenio tras sexenio, como un horno en el que se prepara un gran plato caliente que se sirve frío.
Esa crisis no la niega ni siquiera el Procurador Jesús Murillo Karam, quien con insistencia ha descrito el precario estado en que recibió al organismo y quien desde abril le entregó al Senado de la República un plan de modernización. Los abusos de figuras como el arraigo y los testigos protegidos en la pasada administración panista de Felipe Calderón Hinojosa, son el foco de sus críticas. El anhelo de lograr procesos de investigación eficaces sin corrupción es la esencia de su plan maestro.
Pero su proyecto ha caído en un punto muerto.
ESTE SEXENIO, NO
Los planes para una cirugía mayor de la PGR están en un letargo y realizarlos puede tomar el sexenio de Enrique Peña Nieto, coinciden especialistas de diferentes instituciones académicas.
Mientras, la comisión de delitos se dispara y la violencia cada vez es más brutal en un ambiente dominado por el narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada.
Si bien Murillo Karam planteó el año pasado que la modernización podría apreciarse ya por estas fechas; su plan topó con los cambios constitucionales presentados por el Presidente Enrique Peña Nieto.
La Reforma Político-Electoral, aprobada por el Congreso de la Unión, incluye una modificación al artículo 29 de la Constitución para que la PGR se transforme en Fiscalía General, con carácter autónomo del Ejecutivo.
Para ello, explican fuentes en algunos Ministerios Públicos, se requiere una nueva ley orgánica, lo que retrasa el proyecto maestro del Procurador.
Lo más probable es que la Fiscalía (esa PGR reformada) no empate con el nuevo sistema penal acusatorio, cuya conclusión está ordenada en la reforma al Código Penal de 2008, para 2016.
Martín Barrón es uno de los especialistas que desde el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) ha pugnado por una modificación en todas y cada una de las aristas del sistema de justicia mexicano. Dice que era deseable que la reestructura de la PGR y la conclusión del sistema penal acusatorio-oral confluyeran. Pero aclara que jamás creyó que este cambio estuviera listo en un año, como lo planteó el procurador Murillo Karam y por el contrario, avizora que puede transcurrir el sexenio sin que la revolución avance.
“El cambio de la reestructura y reingeniería de la Procuraduría no es un proceso fácil. Hay que adecuar el marco legislativo, esfuerzo que no es menor. Además, hay que cambiar las atribuciones para convertirla propiamente en una Fiscalía General”.
El decreto del 18 de junio de 2008 del nuevo sistema adversarial indica que dentro de dos años debe quedar listo en todo el país el esquema de juicios orales. A la fecha, opera apenas en tres estados y de forma parcial en ocho. La PGR, según el Programa Nacional de Justicia 2013-2018, apenas tiene un avance de 15 por ciento en su “plan maestro” para adaptarse a ese nuevo sistema.
Reconocida su crisis, en el presente gobierno, el organismo debe enfrentarse a tres procesos: el plan de modernización planteado por el Procurador Jesús Murillo Karam, el cambio a una Fiscalía autónoma contenida en la reforma política, aprobada por el Presidente, así como las modificaciones que le exige la reforma penal de 2008.
LA VIOLENCIA A REFLEXIÓN
Aunque desafiada a cambiar de entraña, los expertos no observan que la PGR lleve un camino paralelo a la dimensión del flagelo de la violencia, proveniente del narcotráfico y otras formas de crimen.
El especialista Pablo Monsalvo, catedrático del Diplomado de Seguridad Pública de la Universidad Iberoamericana prefiere que la transformación de la PGR tome tiempo, dado el incremento desbordado de la inseguridad, cuya “medicina” aún no se encuentra.
“En los últimos tiempos, en los últimos sexenios, hemos tenido un Estado fallido en materia de seguridad pública y las causas deben revisarse. Esto va a llevar tiempo. Y confrontación. Tenemos que atender a la realidad social que no se resuelve con lógica formal”, piensa Monsalvo.
–Pero, ¿a qué aspira el gobierno federal? –se pregunta Erubiel Tirado, otro experto de la misma casa de estudios. “Se trata de una instancia que arrastra tantos vicios y letargos que necesita planes muy precisos. Si el Estado ha fallado, la PGR es el espejo. El mejor ejemplo es Michoacán, donde la figura del Procurador simplemente fue accesoria y nada relevante. De modo que la PGR tiene que refundarse, recrearse y asumir un papel activo”, expresa Tirado.
LOS PENDIENTES DE REFORMA 211
Por lo pronto, del plan maestro de Murillo Karam sólo se ha instalado una instancia: la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la cual no ha sido presentada de manera formal.
Hasta el cierre de este texto, aún trabajaba en forma parcial en uno de los pisos del edificio del Paseo de la Reforma 211-213 sin haber completado la contratación de su personal.
Publicado su decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 25 de septiembre de 2013, la Agencia fue creada por la PGR como un nuevo modelo de operación institucional para combatir el crimen a través de productos de inteligencia, así como servicios científicos y forenses.
Según la propia explicación de septiembre de Murillo Karam, este sería el órgano más acorde con el sistema penal acusatorio. El Procurador argumentó, cuando la Agencia fue decretada, que para transitar de un sistema penal inquisitivo mixto a uno acusatorio, hacía falta esta agencia que articula a todas las unidades administrativas.
Eso es lo más avanzado. Otro organismo que se desprende del plan maestro del procurador es la Subprocuraduría de Operación Territorial. Esta continúa por completo en el papel. Y aquí se encuentra el mejor ejemplo de cómo el plan del Procurador y la reforma del Presidente no fueron de la mano: para su formación hace falta la expedición de la nueva ley orgánica de la PGR.
Los otros pendientes son: la conformación de un órgano especializado en Lavado de Dinero y el fortalecimiento del Cuerpo Policial Ministerial mediante la creación de células élite y la contratación de 2 mil nuevos elementos con perfiles universitarios.
EL CÍRCULO PERVERSO
En el plan de trabajo entregado al Senado de la República en abril, el Procurador admite que la dependencia enfrenta un “círculo perverso”, heredado de administraciones anteriores, con “una maraña de estructuras, discrecionalidad en las áreas, deficiencias y relaciones clientelares”.
Va más allá el llamado abogado de la Nación y dice que en su procuraduría “los asuntos que se consignen serán producto de investigaciones de calidad en donde las conclusiones permitirán conocer en forma completa lo relacionado con la comisión de un delito, y siempre en apego al debido proceso y el respeto a los derechos humanos”.
En el documento, Murillo anuncia unidades regionales, especialización de los ministerios públicos y la justa administración de los recursos, mediante un sistema de indicadores que permitan la rendición de cuentas.
Fuentes en la PGR indican que este plan de viraje está basado en el documento elaborado por especialistas de la UNAM, “Elementos para la construcción de una política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”.
Uno de los señalamientos más críticos en ese documento es la actuación de la PGR en el corto plazo para beneficiar a los grupos de poder. El Procurador, para elaborar su plan maestro, habría leído en ese legajo especializado: “Los objetivos del Estado para garantizar la seguridad pública y la justicia no se encuentran en un marco de acciones nacionales de corto, mediano y largo plazo; por el contrario, con frecuencia se guían por objetivos a corto plazo con fines, en algunos casos, de carácter político o electoral”.
En el documento, la impunidad también es señalada como clave del resquebrajamiento de la institución. “Las políticas públicas de seguridad y justicia y sus instrumentos de aplicación están frecuentemente influenciadas por intereses de partido. La formulación de políticas e instrumentos no funciona como punto de encuentro, consenso y soporte de decisiones de Estado”, se lee en el documento de la UNAM.
Pablo Monsalvo plantea la duda de que la sola transformación de la PGR pueda resolver los problemas principales del organismo. “Eso no se resuelve con cambio de forma. Hace falta que nos actualicemos en la forma, pero ésta debe ir acompañada de conocimiento nuevo. Se requiere vocación y capacitación del personal. Una vez que se tiene el cargo dentro de las corporaciones, no se invierte en capacitación. Mientras que para los que están afuera es difícil acceder a una carrera universitaria con especialización en Seguridad Pública. La carrera está por lo suelos”. Remata: “En México, nadie quiere ser policía”.
LA FÁBRICA DE CULPABLES
“Instrumento de venganza política. Históricamente eso ha sido la PGR”, expresa Erubiel Tirado, responsable de la cátedra de Seguridad Nacional en la UIA. Y sus palabras se vuelven certeras en una revisión de los acontecimientos de la política nacional donde en cada cambio de sexenio hay uno o varios culpables.
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) la usó para someter a Joaquín “La Quina” Hernández Galicia, ex dirigente del sindicato petrolero. Y él recibió de su sucesor en Los Pinos, Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), el mismo puño de la PGR: su hermano Raúl fue detenido, acusado por el asesinato de Francisco Ruiz Massieu, quien al momento de su hora última era dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Zedillo designó como Procurador a Fernando Antonio Lozano Gracia, quien se metió en un laberinto: La Paca, la osamenta de El Encanto, Othón y el segundo tirador en el caso de la desaparición del Diputado Manuel Muñoz Rocha, señalado de la muerte de Riuz Massieu y ya exonerado.
Con Vicente Fox Quesada, quien inauguró los gobiernos de la alternancia, la PGR fincó una acusación para que el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, fuera desaforado y de esa forma, impedido su derecho a contender en las elecciones presidenciales de 2006.
De los episodios más recientes está el bautizado como “Michoacanazo” cuando once presidentes municipales, 16 funcionarios de alto nivel del estado y un juez fueron detenidos en mayo de 2009 por supuestos vínculos con el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Hoy todos los detenidos están libres por falta de pruebas.
También, en ese gobierno, cinco militares de alto rango fueron encarcelados por vínculos con el narcotráfico, pero el Ministerio Público envió al juez conclusiones no acusatorias. Están libres.
Durante su comparecencia ante el Senado, cuando rindió protesta como nuevo Procurador, Jesús Murillo Karam aseguró que no utilizaría a la dependencia como instrumento político.
Era diciembre de 2012.
En febrero de 2013, la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, –acusada de traición al PRI y expulsada del partido en 2003– fue detenida en el Aeropuerto de Toluca por operación con recursos de procedencia ilícita.
El Procurador jamás ha abandonado el discurso de la necesidad de cambio en la cartera que dirige. Al firmar un convenio con la Canacintra para la prevención del delito y los derechos de autor en diciembre de 2013, expresó: “En la PGR se trabaja en la transformación hacia una Fiscalía General, pero no sólo se trata de cambiar los edificios y ponerles una sala oral y una sala de conciliación, o crear nuevas funciones, sino de cambiar la mentalidad de los funcionarios".
