Hermosillo, 7 Dic. (Notimex).- La Secretaría de la Contraloría General del Estado sancionó al ex director de la televisora estatal Telemax, porque expidió cheques para autoliquidarse por una cantidad superior, ocasionando un quebranto patrimonial.
El titular de la dependencia estatal, Carlos Tapia Astiazarán, explicó que al ex funcionario, Sergio Zaragoza Sicre, se le aplicó una sanción administrativa por un millón 970 mil pesos y fue inhabilitado por tres años y seis meses para ocupar cargo público.
El ex director de la Televisora de Hermosillo (Telemax) fue notificado como una deuda fiscal con el gobierno estatal, por lo que será la Secretaría de Hacienda estatal la encargada de cobrarla, anotó.
Recordó que en 2009, Zaragoza Sicre expidió cheques para autoliquidarse y también para dos empleados más de la televisora con cantidades adicionales a las que les correspondían, por lo que actuó fuera de sus facultades.
“No tenía presupuesto ni estaba facultado para pagarse a sí mismo esas cantidades, actuó fuera del cuadro de facultades autorizadas y hay un quebranto en detrimento de la hacienda pública”, externó.
Los otros involucrados son el ex gerente de Administración y Finanzas de la televisora estatal, Sergio Pompa Peralta, y la ex directora de Noticias, Elda Molina Yépiz, quienes recibieron recursos adicionales a lo permitido por la ley.
Los cobros de los ex empleados de Telemax fueron 572 mil 519 pesos en el caso de Saragoza Sicre, 444 mil 341 pesos fueron para Pompa Peralta y 425 mil 220 pesos para Molina Yépiz, mismos que fueron recibidos indebidamente.
En el caso de los tres ex funcionarios fueron renuncias voluntarias por lo que sólo tenían derecho a la parte proporcional de vacaciones y aguinaldo, dijo.
Tapia Astiazarán anotó que la sanción que emitió la Contraloría estatal es sólo para el ex director de Telemax, porque a las otras dos personas involucradas en el hecho son procesadas en expedientes por separado.
Abundó que Pompa Peralta y Molina Yépiz promovieron un amparo por lo que no han sido resueltos, pero se estima que en un plazo no mayor a los cinco meses se emita una resolución al respecto.
