Ella es la primera ciudadana en interrumpir al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en un evento público en el Distrito Federal. Cuando lo hizo, el 3 de diciembre de 2013, el primer mandatario avalaba la Reforma Educativa. Los motivos de Jeannette Ascencio García eran otros: quería saber cuál era la posición del gobierno federal en cuanto a las desapariciones en México. Y por eso, tuvo que gritar. Porque tras la desaparición de su hermana Vilma Paulette de la faz de Ciudad Victoria, Tamaulipas, ha pasado por instancias invisibles o modificadas por el cambio de gobierno en un sinfín burocrático. Y, como para miles de familias mexicanas, en el túnel no se vislumbra luz ni salida. Lo único cierto es que ya no hay tanta fe. “La fe en las instituciones –dice–, si es que alguna vez existió”...
Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).– “A mí no me gusta el silencio. El silencio le sirve a la injusticia. Es cierto: hay días en que el optimismo se va. Ya pasaron seis meses y no sabemos nada. Alguien me preguntó que si gritándole al Presidente, me devolverían a mi hermana. Yo le dije que no. No. A lo mejor, no me la devuelven. Sé que no me la devuelven. Pero el silencio es otra cosa. En todo esto, el silencio es lo que menos me gusta...”
I
Es el 3 de diciembre de 2013 y el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, será interpelado por primera vez por una ciudadana. Ocurrirá como sorpresa, en el patio central del edificio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicado en la calle Brasil del Centro Histórico, donde los murales de Diego Rivera llenan las paredes, de extremo a extremo, de esquina a esquina.
Es un martes frío. Protocolario. De triunfos políticos. El Presidente y los gobernadores van a firmar los acuerdos para que la recién promulgada Reforma Educativa tenga efecto en cada entidad de la República.
No lejos de ahí, hay una protesta. Un círculo de hombres y mujeres, convocados por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) camina alrededor de la sede del Senado de la República en el Paseo de la Reforma para impedir que esa cámara avale el dictamen de la Reforma Energética, la misma que después modificará el Artículo 27 constitucional y permitirá capital privado en la exploración de hidrocarburos. Los maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación avanzan en silencio hacia la sede de debates. Dos reformas peñanietistas, la Energética y la Educativa, provocan esta pugna. Y la caminata es como la de Sansón encadenado. No tiene fin, al parecer. Por los aires zumban helicópteros.
II
Jeannette Ascencio está sentada dentro del edificio de la SEP. Es como cualquier otro ahí, entre invitados y reporteros. De repente, es ella quien encarna a la primer persona que pasa a la historia por increpar al Presidente de la República en un evento público en el Distrito Federal. Sus porqués no están a la vista. El detonador de su grito no será ni el futuro de la Educación ni la privatización de los hidrocarburos en el subsuelo nacional.
–¡Señor Presidente Enrique Peña Nieto y Gobernador de Tamaulipas Egidio Torre Cantú, ¿qué opinión tienen sobre las desapariciones forzadas en Tamaulipas? ¡Tengo una hermana desaparecida hace cuatro meses y nadie me ayuda!
El maestro de ceremonias la ignora. Continúa con el programa. Le da el turno en el micrófono al líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, quien por primera vez pronunciará un discurso como representante gremial.
Ella vuelve a decir:
–¡Exijo respuesta!
Y el grito se quedará flotando, ignorado por quienes ocupan el templete, anotado por algunos periodistas que lo alcanzan, seguido por el murmullo de los “¿qué dijo?” “¿qué pasó?” “¿quién es?”, grabado en las cámaras de televisión, flotando.
III
En el invierno de 2014, no quiere hablar, pero desea decir lo que le pasa. Apenas lo ha susurrado a los familiares más cercanos y a las poquísimas personas con su confianza.
Cuidarse, en este caso, no es exageración. Al principio, alguien –el conocido de conocidos– le dijo que le ayudaría a localizar a su hermana, que la “habían levantado”, pero que él la liberaría. No ocurrió. Le dijeron que su hermana estaba en un sitio de Tamaulipas. No era cierto. Le dieron el pitazo que la camioneta de Vilma Paulette estaba abandonada en una carretera. No la encontró.
Quizá por eso, Jeanette Ascencio García se ha ido antes de tiempo de la cita a ciegas y ha dejado un mensaje: “He optado por la escritura”. A partir de entonces, cada noche, deja caer palabras en correos electrónicos, como en desafío para armar un rompecabezas de piezas chiquititas.
Tendido el epistolario, hace dos madrugadas que dio a conocer por qué le gritó al Presidente.
“En verdad no me preparé. Todo fue coincidencia. Me mandaron a cubrir ese evento como prensa por parte de la empresa en la cual laboro. Es más, ni sabía a qué iba, ni quién estaría en el evento. Ese día, 3 de diciembre, se cumplían cuatro meses de la desaparición forzada de mi hermana Vilma Paullette Ascencio García…”
El escrito se interrumpe. Pasan las horas. Pasan los días. Llega la Navidad de 2013 y luego, empieza otro año. Y aquel permiso para contar este pedazo de historia se desvanece. Ya no será posible saber de ella, de ellas. Otra noche, está de nuevo: “Todo este tiempo he sentido mucho dolor, mucha rabia, mucha impotencia de no poder hacer nada y querer hacer todo”.
Una pregunta había quedado suspendida en los tiempos del espacio virtual, pero ya encontró respuesta: “Había querido gritar y nadie me escuchaba, y pensaba: ¿Qué podía hacer yo? Me sentía atada de pies y manos, y es que, ¿cómo actúas en estos casos? ¿A quién le pides ayuda? Ya había denunciado y no había avance. Las personas me decían, ándate con cuidado, si sigues reclamando lo de tu hermana te pueden hacer algo a ti y ya sabes, nadie se quiere arriesgar a hablar de lo prohibido. Y luego, la policía me decía que era contraproducente hacer tanto ruido en mi búsqueda, que si tenían a mi hermana viva la podían matar si yo la buscaba tanto”.
–¿Por qué hacer eso, Jeannette?
–Ya lo había hecho todo
–¿Y entonces?
–Llegó mi oportunidad. Ese día llegué a cubrir el evento, y al ver ahí sentado al Gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, como si nada ocurriera en el estado donde crecí y donde mi hermana desapareció, y donde tantas familias viven en dolor del arrebato inexplicable de un ser amado, me dio coraje. Luego, el Presidente de la República… Ahí, en un acto de su apretada agenda de reformas en lugar de buscar soluciones a lo que nos ha arrebatado la paz y la armonía a tantas familias, en su mayoría del norte y noroeste de nuestro país…
(En México, no hay un registro único de desaparecidos. En estos momentos, hay más de mil en todo el país. Cada fuente tiene diferentes números. Secretaría de Seguridad Pública Federal: 2 mil 44. Procuraduría General de la República: 4 mil 800. Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal: 5 mil 229)
IV
El tiempo avanza como tren desbocado. Esa sensación, en mayo del 2013 es contundente en la banqueta del Paseo de la Reforma, donde está la Procuraduría General de la República (PGR). Madres y familiares de desaparecidos han cumplido nueve días en huelga de hambre. El Presidente Enrique Peña Nieto jamás los ha aludido en su primer semestre de gobierno. Ni a ellos ni a ningún otro que tenga, en estos momentos, una ausencia.
Un representante del Procurador Jesús Murillo Karam ha salido para pactar la creación de la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada, pero no ha dicho en dónde estarán las oficinas y si para tal intención, habrá dinero. Aun así, todos suspenden la huelga porque a querer o no, ha llegado una migaja de esperanza.
Más adelante, el procurador dará su palabra en emisiones radiofónicas que la instancia no carecerá de recursos y que faltan pocos días para instaurarla.
Pero los meses pasan y llega agosto y Vilma Paulette Ascencio García desaparece en Tamaulipas, y su familia no sabe qué hacer, como estas otras que están aquí en la banqueta de una de las avenidas más grande de México y que ya están a punto de irse. Regresan a Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua.
Se han ido.
Es verdad que en noviembre, el gobierno de Enrique Peña Nieto cumple el ofrecimiento de abrir la Unidad ofrecida. Es verdad que por fin se conoce el presupuesto: 40 millones 205 mil pesos; además de otros 70 millones 270 mil para la Atención Integral a Familiares de Personas Desaparecidas no Localizadas, instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El primer monto resulta menor que el ejercido por la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia, el cual llega a casi 117 millones de pesos.
Eso es verdad. Pero también que Jeannette no puede acudir al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas por una razón simple: esa instancia aún no existe.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP) debió presentarlo al Consejo Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con la Ley que entró en vigor el 17 de abril de 2012, pero no lo hizo porque el reglamento no fue expedido.
Se trata de una base informática que debe agregar los datos de las entidades de la República, lo que obligaría a cada estado a llevar un registro particular con actualización constante.
La Procuraduría Social de Atención a la Víctimas del Delito (Províctima) ya no pudo recibir a Jeannette. El organismo creado por el Presidente Felipe Calderón para atender a los deudos de la llamada Guerra contra el Narcotráfico, desapareció. En el antiguo número telefónico de 10002000 que le perteneció, ahora el conmutador responde: “Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”.
Y aunque Províctima dejó de atender desde el año pasado, apenas el 8 de enero, el gobierno federal emitió el decreto que transforma al organismo en comisión. De modo que todo ha vuelto a empezar en esa oficina y los datos se traspasaron a otro equipo de trabajo en un proceso que todavía no concluye. Ahí están las cajas con fotos, testimonios en hojas bond, declaraciones; todo.
Jeannette tampoco pudo acudir a la Base Única de Datos Genéticos, anunciada en junio del año pasado por la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR. No acudió por otra razón simple: la instancia tampoco está lista.
Al final, llegó a la recién creada Unidad. Quiso ayudar con la agilización del trámite. Por eso, preguntó si debía hacerse una prueba de ADN. Pero tuvo de regreso algo parecido a una broma macabra. “Bueno, buscamos a tu hermana, ¿viva o muerta?”, preguntó una licenciada.
Palabras de Jeannette:
“Sí, tiene mucha razón la licenciada. Yo busco a mi hermana viva. La quiero viva. Yo espero con ansias el día de volver a abrazar a mi hermana y que todo vuelva a ser como antes....”
V
Vilma Paullette Ascencio García desapareció de su departamento de Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 3 de agosto de 2013. Su funesta ausencia se presintió porque se oyó un llanto de niño. El hijo de Vilma Paulette, de dos años, se había quedado solo durante un fin de semana completo.
Si se busca su huella –esa esencia que cada cual va dejando en Internet– se da con la dueña de una vida llena de actividad. Era empleada del Gobierno del estado de Tamaulipas como bióloga. Apenas en 2011, había participado en el Congreso Nacional de Ecología con Análisis de la Diversidad del estrato arbóreo de la Selva Baja Caducifolia de Tamaulipas. Como estudiante activa, fue ganadora de Becas Santander de Movilidad Nacional. En su brazo, coleccionaba tatuajes.
Si se busca en la memoria de Jeannette Ascencio, se da con la mejor compañera de juegos en una niñez transcurrida en Tamaulipas, pero ya un poco borrada, difuminada, entre nubarrones. (No se dirá nada más en este texto sobre la familia Ascencio. En su circunstancia, prefieren la discreción).
Sostiene Jeannette que el corazón de los sitios se marchita. Que es como si los lugares sintieran tristeza. Y cuenta que así le ocurrió a Tamaulipas, donde ya nada fue igual después de que en San Fernando se hallaron 196 cadáveres de migrantes en fosas clandestinas en 2011, y 72 inmigrantes ilegales en 2010. Las dos masacres, cuyas noticia le ha dado la vuelta al mundo, fueron imputadas al grupo de narcotraficantes de Los Zetas.
Es muy difícil viajar en autobús a San Fernando. Hay algunas corridas por la mañana, pero son esporádicas.
No es que aquellos traumas definan las acciones de ahora. El problema es que las desapariciones de personas en la entidad ocurren más en las carreteras, de acuerdo con el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica. Cientos de personas han desaparecido en las autopistas Monterrey-Nuevo Laredo y Reynosa-Nuevo Laredo, tanto en autobuses como en coches particulares.
La organización ciudadana “Esperanza por Tamaulipas”, encargada de buscar a quienes ya no están, calcula dos mil desaparecidos, la mayoría en esos caminos. ¿De quién es esta culpa? Aquella versión de que casi todos se esfumaron al cruzar la caseta Sabinas-Hidalgo, punto controlado por Los Zetas, choca con la de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que en varios de sus reportes indica que la Secretaría de Marina ha realizado detenciones en forma arbitraria con el pretexto de combatir al crimen. Y ahí tiene, documentado, el caso de Armando Humberto del Bosque Villarreal, de 33 años, quien fue detenido por elementos de la Armada el 3 de agosto de 2013 y su cuerpo, machacado, con signos de sufrimiento antes de la hora última.
Dice el documento de la organización internacional Amnistía Internacional (AI) Enfrentarse a una Pesadilla. La Desaparición de Personas en México que “al no investigarse de forma íntegra y eficaz (las) graves violaciones de derechos humanos, se transmite claramente a los actuales autores de desapariciones –ya sean agentes del Estado o bandas criminales– que la desaparición forzada es un delito que no tiene repercusiones para quien lo comete, pero es un dolor en los deudos que ningún lenguaje alcanza a describir.
Puede ser muy cierto al tomar en cuenta sólo un dato: México tiene más de 700 casos de desaparición forzada sin resolver que datan del episodio llamado Guerra Sucia, que transcurrió de 1960 a 1980. Quienes desaparecieron de la faz de México en cualquier momento de esos veinte años estuvieron en manos de fuerzas de seguridad en operaciones de contrainsurgencia. No hay un solo juicio emprendido por esto. Mucho menos, sentenciados. Las madres siguen en la búsqueda.
Lo que ese tiempo dejó –de acuerdo con documentos de la misma AI de los que no difiere ninguna organización no gubernamental de la defensa de derechos humanos– es impunidad.
Este no es un fenómeno que pueda analizarse por épocas, un cáncer al que pueda adjudicarse una extirpación y luego, un resurgimiento. La desaparición forzada en México ha sido incesante. Y cada vez, más grande en números. Pero si tuvieran que ponerse picos en la línea de tiempo, uno marcado con rojo tendría que estar en 2006, cuando se inició la llamada "guerra contra el narcotráfico", emprendida por el ex Presidente Felipe Calderón.
A partir de ese año, las desapariciones se incrementaron al grado que en los registros oficiales, basados en las denuncias en las procuradurías de justicia de los estados, se cuentan más de 26 mil casos sólo en un sexenio.
Los reclamos por revertir los números provienen de muchos lugares, de la viva voz de los activistas, así como de los estudios de las ONG. El año pasado Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja llenaron sus informes anuales de llamadas de atención para México.
En junio de 2013, cuando Vilma Paulette aún vivía su vida normal, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hubo un seminario titulado “Desapariciones forzadas, crimen de Estado y rendición de cuentas”.
En la mesa del estrado, la coincidencia fue que respecto al tema, México estaba en pausa. El impasse era tanto en lo legal como en la voluntad política. Y ello podía dejar en un estado de desesperación a cualquier familia que en estos momentos se enfrentara a la desgracia de la desaparición. Por una razón u otra.
Daniel Zapico, director ejecutivo de AI dibujó ante grabadoras un paisaje sin luz: “… Es necesario que México haga una reforma profunda en la tipificación de este delito, pero también en la atención a las víctimas y en la investigación. Es muy importante que se dé ese cambio legislativo, pero (aun así) no sería suficiente porque México es un país de muchas leyes, pero sin justicia”.
Dos meses después, Vilma Paulette desapareció. Y entonces, su hermana, Jeannette, supo lo que es enfrentarse a los mares de las letras que sobre el fenómeno se han escrito en México. Un solo ejemplo: el Informe Especial sobre las Quejas en Materia de Desapariciones Forzadas Ocurridas en la Década de los 70 y Principios de los 80 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de 1200 páginas.
Leyó: “La desaparición forzada por parte de las fuerzas del Estado es una de las acciones de mayor gravedad que se pueden dirigir a las personas, al causar agravios a la víctima, al grupo familiar y a la sociedad en general”.
Y leyó: “Conocer la verdad y hacer justicia permitirá a la sociedad fijar límites al poder, para que por ninguna razón vuelvan a cometerse violaciones a los derechos humanos tan graves como la desaparición forzada de personas”.
Pero no leyó nada en cuanto al periodo de la Guerra contra el Narcotráfico. La CNDH no ha emitido ninguna recomendación al gobierno por desapariciones. Es decir, no tiene ningún pronunciamiento sobre las de ahora, de este tiempo que corre, en el que Vilma Paulette ya no está.
Para Jeannette Ascencio vale la pregunta:
–¿Qué se esfuma primero?
Ella escribe:
“La confianza en las instituciones se pierde primero (si es que alguna vez existió confianza en las instituciones) porque acude uno hecho trizas, con tanto dolor e incertidumbre a denunciar y no recibe ningún tipo de apoyo ni interés de parte de las autoridades. Todo es un trámite lento.... Te toman la denuncia y es un, vuelva después, nosotros le llamamos.... Gracias .... La fe se pierde con los días, con los meses, al cansarte de rezar, de orar, de suplicar una noticia de tu ser querido y no encontrar ni respuestas, ni paz, ni consuelo. Al no encontrar lógica a lo ocurrido”.
VI
Jeannette Ascensio está sentada dentro del edificio de la SEP en un evento en el que el Presidente Enrique Peña Nieto va a firmar con los gobernadores el aval de la Reforma Educativa para cada entidad de la República.
Algo la hace preguntarle a gritos al primer mandatario cuál es su posición respecto a las desapariciones en México. Sorprende. Llama la atención. El personal de asistencia de la Presidencia se le acerca. Le piden que tome asiento, que la van a ayudar, que le darán seguimiento a su “caso”, que no sabían de su problema y que por favor, ya no interrumpa al Presidente.
Desde algún sitio, ha decidido escribir:
“No he tenido nada de lo prometido. Un día, me llamó un subprocurador de Tamaulipas. Me dijo que lamentaba conocerme en este incidente y que si yo podía acudir a Ciudad Victoria lo antes posible para platicar cómo sucedieron los hechos. Me negué. Es cierto que no me gusta el silencio, pero tengo miedo”.
