Empresa filial de Slim rechaza sanción en Ecuador por “injustificada”

09/02/2014 - 10:05 pm

Santiago, 9 Feb (Notimex).- El Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones (Conecel), que administra la empresa Claro, rechazó hoy por “injustificada” una multa de 138.5 millones que le impulso la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM).

En un comunicado, difundido este domingo en la capital ecuatoriana, Conecel afirmó que “la magnitud de la sanción (por un supuesto abuso de poder de mercado), a más de injustificada, violenta el principio constitucional de proporcionalidad de las penas”.

El consorcio consideró además que existen “serias inconsistencias en el proceso que atentan contra el debido proceso y el derecho a la defensa, como haberse impedido el acceso a pruebas declaradas confidenciales”.

La Superintendencia ecuatoriana multó con 138.5 millones de dólares a la empresa de telecomunicaciones por supuesto abuso de poder en el mercado, al impedir que otros operadores instalen sus equipos en los mismos terrenos donde tiene los suyos.

De acuerdo con el órgano de control, la firma “coaccionó el cobro de multas a los propietarios de los inmuebles en los que arrienda para que no alquilen sus predios a terceros”, por lo que fue sancionada por la SCPM.

La estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) acusó en este sentido en 2012 a Conecel, la cual respondió en el comunicado que esa denuncia se refería a sólo cinco sitios que arrendaba Conecel, “en los que CNT alega no habría podido expandir su red”.

Aseguró que en esa zonas y en todas las demás, “existen terrenos alternativos igualmente idóneos, por lo cual CNT bien pudiera, actuando con eficiencia y sin ningún problema, ni costos adicionales, instalar su infraestructura”.

En consecuencia, según Conecel, “no ha existido, no existe entonces, barrera de entrada alguna para CNT, que no sea su falta de diligencia empresarial”.

La firma anunció que ejercerá los recursos que contempla la ley, “a fin de lograr una resolución conforme a derecho, que garantice el debido proceso y el derecho a la defensa, dentro de un marco de seguridad jurídica”.

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