El mismo juez que encarceló a Yakiri Rubí aparece en otro caso: uno de abuso de autoridad, influyentismo y prepotencia que obligó a una madre de Yucatán a vivir a salto de mata, lejos de sus hijos. Esta historia, en la que ya se involucraron distintas organizaciones civiles, pone al descubierto los nexos presuntamente criminales de uno de los socios del ex Tesorero de Andrés Granier Melo, ex Gobernador de Tabasco…
Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).– Es viernes 25 de mayo de 2012, cerca de las 4:30 de la tarde. Mérida, la ciudad blanca, capital del estado “más seguro del país”, no está preparada para lo que sucederá muy pronto en una de sus calles.
Ema Gabriela Molina Canto maneja el carro de su madre, Ligia. En él viajan también sus tres hijos: Mariana, Martín e Isabela, y la chica que le ayuda con las labores del hogar, Suemy. En un alto, dos camionetas le cierran el paso.
Ema Gabriela le hace señas al conductor de una de las camionetas para que avance, porque si no llegará tarde a la cita que sus hijos tienen con su padre, Martín Alberto Medina Sonda, en la PRODEMEFA (Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia), único lugar en el que lo pueden ver, siempre bajo supervisión oficial, los viernes de 5 a 6 de la tarde.
El vehículo, sin embargo, no se mueve. De pronto, Ema Gabriela ve venir a un hombre que, en cuestión de segundos, mete la mano por la ventanilla del conductor, la jala de los cabellos y le estrella el rostro contra el cristal. Aturdida, la mujer de 1.52 metros de estatura y 52 kilogramos de peso no sabe qué hacer. De todos modos, no tiene tiempo de pensar en nada porque otro hombre ya entró por la puerta del copiloto.
De repente Ema (Gaby, como le dicen quienes la conocen) se ve arrastrada fuera del carro por los dos hombres y siente los golpes que no cesan en el vientre. Uno de ellos le dobla el brazo por detrás para que no se pueda mover. Casi se queda sin aire pero el horror apenas empieza: de los dos vehículos bajan otros hombres, armados con pistolas y metralletas que cortan cartucho, amenazador.
Gaby sólo puede pensar en sus hijos. Grita:
–¡¿Qué es esto?! ¡¿Es un secuestro?! ¡¿Qué pasa?!
Pero nadie responde.
Entonces, como salido de una pesadilla, Martín Alberto, el padre de sus hijos, se baja de otro auto. En la mano lleva un arma. Se acerca al carro que, hasta hace unos ¿minutos? ¿segundos? conducía Ema Gabriela y así, a punta de pistola, saca a la pequeña Isabela, de tres años de edad, que grita y patalea, resistiéndose.
Desde adentro del coche se escuchan los gritos de Mariana, la más grande, que ese día iba vestida de princesa porque quería enseñarle su disfraz a su padre: “¿Qué le hacen a mi mamá?”
Gaby, totalmente dominada por los hombres que la golpearon y que ahora le tapan la boca para que no siga gritando, ve pasar todo como en una película de terror.
Martín, el segundo hijo, de seis años y con problemas de disfunción fonética que lo hacen tener que asistir regularmente a terapia de lenguaje, es el segundo al que su padre saca del auto. Se ha desmayado y su cuerpo inerte no opone ninguna resistencia cuando Martín Alberto lo pasa al otro vehículo.
Mariana, entonces de ocho años de edad, grita que no la saquen de ahí, que se quiere quedar con Suemy, la muchacha que la cuida.
Martín Alberto le replica:
–Te bajas o te bajas.
Le da de nalgadas y la arrastra fuera del carro en cuestión de segundos.
El vehículo arranca, alejándose a toda velocidad por las calurosas calles de Mérida. En las ventanas traseras del auto que manejaba Gaby quedan atorados unos adornos que Mariana llevaba en el pelo.
Es la última vez que Ema Gabriela Molina Canto ve a sus tres hijos, según su propio relato a la periodista yucateca Maricarmen García de Jasso, casi un año después.
LA PRISIÓN
Policías ministeriales de Tabasco, que fueron quienes la detuvieron, trasladan a Ema Gabriela a ese estado. No le permiten hablar por teléfono para avisar a su familia, tampoco le dicen bajo qué cargo la llevan presa. La insultan y la golpean durante todo el camino. El horror se prolonga durante horas, hasta que aproximadamente a las 2 de la madrugada la entregan al CRESET (Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco), en Villahermosa. Una habitación de 4 por 4 metros, en la que hay entre 10 y 11 mujeres hacinadas, es el espacio a donde llega Gaby, llorando, preguntando por sus hijos.
Una custodia le ordena callarse:
–Estás aquí por el robo de una camioneta y encima lloras por tus hijos.
Ella le replica que nadie le dijo por qué la detenían y que su familia, allá en Mérida, no sabe nada. La oficial termina por compadecerse y le presta una tarjeta telefónica.
–Toma. Habla a tu casa y diles que estás aquí en Tabasco, en la cárcel –le dice.
La agonía de Gaby se prolonga durante cuatro meses y cuatro días. Una empresa propiedad de su esposo Martín Alberto Medina Sonda la ha acusado de retención indebida de una camioneta, una Town & Country 2008 que él mismo le había regalado (junto con la factura, a nombre de la empresa), para que llevara a los niños a la escuela y a sus clases vespertinas, así como a la terapia de lenguaje de Martincito.
Aunque desde el 23 de marzo (casi dos meses antes del secuestro de sus hijos y su encarcelamiento) Gaby había intentado devolverle la camioneta a Martín Alberto, éste se había negado. A pesar de que había una acta notarial que certificaba este intento, ella no podía salir libre bajo fianza porque “no tenía domicilio en Tabasco”.
Sin embargo (y paradójicamente), todas las notificaciones de que había una acusación en su contra se las habían hecho en ese estado, en donde ya no vivía desde el 2008, cuando se separó de Martín. Por supuesto, Gaby nunca las recibió.
Estando presa, se entera de que el Juez 1º de lo Familiar en Tabasco le ha dado la custodia de sus hijos a su esposo, Martín Alberto, como resultado de un proceso que duró menos de una semana, y en el que éste alegaba que, dado que la madre estaba en la cárcel por un delito, los niños corrían peligro con ella.
Ligia Teresita Canto Lugo, pensionada del ISSSTE y madre de Ema Gabriela, recuerda así esos momentos angustiantes, cuando tuvo que ver a su hija caminando esposada, como una delincuente:
“Como iban a presionar a mi hija al reclusorio, y a la que le está hablando, de que a cambio de que ella firmara cediendo la custodia la empresa le daba su perdón para que saliera libre, la llevaron al Juzgado de lo Familiar como si fuera una Zeta, con tres camionetas, no se cuántos custodios armados. En ese momento, afortunadamente, hubo gente conocida que se hizo pasar por reporteros y presionaron psicológicamente al Juez, al que no le quedó otra que decir que a él no le competía y que regresaba el expediente a Yucatán”.
En Tabasco, Ligia Teresita tampoco la pasa nada bien. Sus recursos económicos son limitados; sin embargo, quiere acompañar lo más posible a su hija. Pronto le empiezan a llegar avisos de que no es bienvenida en el estado:
“Me hablaba por teléfono el mismo Andrés Granier Melo [ex Gobernador, hoy preso por desvío de recursos] para decirme que lo mejor era que mi hija firmara porque era una delincuente”.
Según Ema Gabriela, su madre Ligia, y el periodista Jenaro Villamil (“La conexión yucateca de Granier”, Proceso, 19 de septiembre de 2013), Martín Alberto Medina Sonda era socio de José Manuel Saiz Pineda, ex Tesorero de Tabasco, encarcelado por desviar fondos del erario durante el gobierno de Andrés Granier.
Gaby salió de la cárcel de Villahermosa el 29 de septiembre. El 1 de octubre se comunica, vía telefónica, con la juez de Yucatán que había determinado que ella tenía la guardia y custodia de sus tres hijos, Sandra Beatriz Bermejo Burgos. Le recuerda que, según sus propias órdenes, los niños no tendrían porqué haber salido del estado de Yucatán, y le pide que gire instrucciones para que le sean presentados y devueltos.
Contagiada de dengue hemorrágico en el CRESET, Gaby regresa a Mérida en una ambulancia que Ligia, su madre, consiguió, según sus propias palabras, “llorándole al médico y al personal del DIF de Yucatán”.
PROTESTA Y REPRESALIA
Si bien el juez de Tabasco decretó que regresaba el expediente a Yucatán, esta decisión no benefició en nada a Ema Gabriela. Ligia Teresita, su madre, recuerda entre lágrimas lo que sucedió entonces:
“Quince días después de que ella le habla para decirle: ‘Juez, estoy yendo a Yucatán por mis hijos. Estoy desesperada por mis hijos, no se donde están, cómo están, que les están haciendo’, insiste tanto que la juez Sandra Bermejo, el 18 de octubre nombra, sin ningún sustento humano, sin ningún sustento legal a los padres de Martín Alberto Medina Sonda, tutores de mis nietos”.
Adelaida Salas es una maestra de educación especial jubilada que se dedica a luchar contra la violencia contra las mujeres en Yucatán. Es la representante, en esa entidad, del Observatorio Ciudadano del Feminicidio. El caso de Ema Gabriela Molina Canto, como otros que ocurren en el estado, no la dejó indiferente:
“Primero nos enteramos por medio de la prensa que ella había hecho un plantón en Tabasco cuando salió del penal. Ya no volvimos a leer nada hasta que hizo un plantón aquí, en el Tribunal Superior de Justicia, en el que repartió volantes. Una persona me trajo uno de esos volantes, y entonces nos involucramos directamente con su caso”.
Inmediatamante Adelaida se comunicó por teléfono con Gaby y concertó una cita para encontrarse en persona:
“Me empieza a contar su historia, que de verdad es terrible. Terrible ver la impunidad, la corrupción, todo lo que se le puede hacer a una mujer y aquí no pasa nada. Nos involucramos toda la red para sacar su caso a nivel nacional y ver la manera en la que podíamos ayudarla para que pueda recuperar a sus hijos”.
Después del plantón frente al Tribunal Superior de Justicia, en el que Gaby exigía la destitución de la juez, los familiares de Martín Alberto organizaron su propio mitin. Ahí, Erica Medina Sonda declaró antes las cámaras de televisión locales que nada de lo que Ema había dicho era cierto: que no la detuvieron con lujo de violencia, que no secuestraron a los niños, y que, además, éstos sufrían desnutrición y enfermedades de la piel cuando estaban con su madre.
Pero Ema Gabriela no estaba dispuesta a dejar las cosas así. En diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto hizo su primera gira de trabajo como Presidente de la República a Yucatán, no dejó pasar la oportunidad. Como siempre Ligia, su madre, estaba con ella:
“Ema hizo un plantón cuando llegó el Presidente Peña Nieto por primera vez, el 21 de diciembre. El licenciado Peña Nieto se comprometió con ella, y su esposa, porque hablaron con ella, y ella le entregó inclusive documentos. Él dijo que pronto tendría a sus hijos. Pero ya pasó un año”.
Después de hacer otro plantón en el Monumento a la Bandera, símbolo de la ciudad de Mérida, vino una nueva y más fuerte represalia. Cuenta Ligia Teresita:
“¿Qué pasó? Para callarla, le fabricaron otro delito, ahora en el Distrito Federal: fraude equiparado. Dijeron que mi hija, estando en la cárcel en Tabasco, contactó gente y robó dinero. Que ella y otra persona le robaron dinero a unos individuos. Que se encontraron en un Sanborns en el Distrito Federal, y que mi hija vive en el Distrito Federal. ¿Y qué juez cree que es? El mismo que encarceló a Yakiri [Rubí Rubio Aupart]. Ese mismo juez (Santiago Ávila Negrón, Juez Sexagésimosexto de lo Penal). El expediente de mi hija es el 96/2013”.
Yakiri Rubí fue encarcelada en la Ciudad de México, acusada de asesinar al hombre que, comprobó la autoridad después de una intensa movilización social, la violó.
Según Ligia, Ema Gabriela se enteró de este nuevo delito porque una persona de la Fiscalía de Yucatán (a la que no quiere identificar para no perjudicarla) le dijo que huyera, que se escondiera, ya que había una orden de aprehensión en su contra, y como se trataba de un delito grave, la encarcelarían sin derecho a fianza.
A pesar de haberse amparado, Ema Gabriela Medina Canto se encuentra, desde entonces, bajo resguardo y sin saber aún en donde están sus hijos.
EN BUSCA DE JUSTICIA
El 21 de diciembre de 2013, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio y el Colectivo de ONGs Por nuestros derechos, Mujeres en Red, hicieron llegar una carta a la Directora del Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, en la que le contaban el caso de Ema Gabriela y le pedían su intervención. En un párrafo de esa carta se lee:
“Es importante mencionar que a Martín Alberto Medina Sonda, desde el 2007 durante la inundación de Tabasco, cuando detuvieron en Mérida una avioneta con 8 millones de pesos, la prensa lo ha estado relacionando estrechamente con el saqueo a Tabasco, con el exsecretario de finanzas, José Saíz Pineda, y con el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, mediante la creación de empresas para triangular el dinero”.
Después de describir la violencia y tortura física e institucional a la que ha estado sometida Ema desde que decidió separarse de Martín Alberto en 2008, la carta se centra en su situación jurídica actual.
Ema Gabriela, para defenderse de la orden de aprehensión por el nuevo delito fabricado en el Juzgago 68º penal del D.F., interpuso desde junio un amparo, el 788/2013, ante el juzgado 4º Penal de Distrito en Yucatán, en donde, extrañamente se ha pospuesto la audiencia constitucional cuatro veces porque la denunciante no existe y no se la ha podido notificar, porque en el domicilio que manifestó en la denuncia y que es el mismo que aparece en su IFE, no la conocen.
Adelaida Salas dice que la lucha porque se aclare la situación jurídica de Ema Gabriela y se le entreguen a sus hijos continúa:
“Ya estamos en contacto con la senadora Layda Sansores. Vamos a agendar una cita con ella, a ver si se puede en estos días. También a ver si podemos llegar con Carmen Aristegui y evidenciar este caso, como el de Góngora Pimentel. Es nuestra esperanza que al hacerse público tal vez puedan caminar las cosas y avanzar, y esta mujer pueda salir libre de este nuevo delito inventado, tan burdo, en el que no existe la persona que la acusa, cuya credencial de elector es falsa, y en el que se viene difiriendo la audiencia mes tras mes”.
Según Adelaida, Gaby se encuentra casi incomunicada, por su propia seguridad. Su salud está decayendo y padece depresión:
Ella es una víctima de la violencia institucional por haberse atrevido a levantar la voz y decir ‘ya basta, basta de violencia’. Su marido la golpeaba, era agresivo con los niños, ahora imagínate en qué ámbito están viviendo...”
