Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- Las reformas estructurales enviadas al Congreso de la Unión integraron siempre los discursos del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, en su primer año de gestión. Pero en el trajín de las justificaciones de la necesidad de estas enmiendas, el jefe del Ejecutivo dejó de hablar de los pobres de México, las víctimas mortales de la inseguridad, los hombres y mujeres mancillados en sus derechos humanos y la desaceleración económica.
Aun cuando el entorno fuera la Cultura, como ocurrió en el Colegio Nacional, el 28 de octubre; o el Deporte, como pasó con la entrega del Premio Nacional el 1 de diciembre, Peña Nieto dijo una y otra vez que las modificaciones a la Constitución permitirían impulsar el desarrollo nacional. Pero de los otros temas, ni hablar.
Y esta política de silencio tiene relación justo con los problemas que más preocupan a los mexicanos, según la primera Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), levantada en 2011 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Inseguridad (víctimas mortales), desempleo (economía) y pobreza quedaron a la cabeza de la lista obtenida en los cuestionarios del Inegi. La inseguridad ganó sobre la pobreza. Seis de cada diez personas respondieron que ese era el asunto más acuciante en sus vidas. Cinco de cada diez, expuso que la pobreza.
¿Qué pasa cuando un Primer Mandatario deja de hablar de ciertos asuntos? Hugo José Suárez, analista de Discursos Políticos, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expone que con su silencio, el Presidente plantea una cuestión que lo puede perseguir en los años por venir: “Si el discurso siempre enuncia algo y oculta otra cosa, ¿por qué hay temas de los que no quiere hablar?”
A decir de Eruviel Tirado, director del diplomado de Seguridad de la Universidad Iberoamericana, no mencionar cifras en cuanto a las víctimas mortales de la inseguridad podría permitir una disminución en la percepción del fenómeno, pero la estrategia conlleva el riesgo de que los problemas no desaparezcan y al final, se vivan, se perciban, como ocurre con la violencia.
Ahora, detrás del hecho de que Peña Nieto hable más de las reformas que de ningún otro tema, hay una intención: “Lo más atractivo analíticamente es mostrar cómo en algunas ocasiones el discurso del poder crea falsos dilemas que son su caballo de batalla. Por ejemplo, privatizar Pemex o no; una opción es la fabulosa y la otra es la desastrosa. Nadie habla de una opción C u otro tipo de acentos. Cuando un gobierno lleva discursivamente a la nación a un falso dilema, prepara todos los mecanismos para que la solución venga de su iniciativa”, explica Hugo José Suárez, de la UNAM.
SILENCIO SOBRE LOS POBRES
Contrario a sus antecesores priistas en Los Pinos, como José López Portillo (1976-1982) o Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), quienes basaron el eje de sus políticas en ellos, el Presidente Enrique Peña Nieto no habla de los pobres de México.
Fuera de la presentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre en Las Margaritas, Chiapas, el primer mandatario no se refirió a quienes padecen esta dramática circunstancia en el primer año de gestión, ni para bien ni para mal.
Y los pobres se multiplicaron. Diez estados del país y el Distrito Federal incrementaron el porcentaje del 2010 al 2012, mientras que las entidades federativas con mayor porcentaje fueron Chiapas, Guerrero, Puebla y Oaxaca, que en forma tradicional han estado en la cabeza de esta apremiante lista, según reveló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su informe de julio.
Ancla de la política social peñanietista, la Cruzada Nacional contra el Hambre tiene el fin de garantizar el abasto suficiente de alimentos para 7.4 millones de mexicanos con carencia alimentaria. La atención está dirigida a la mínima parte de los 53 millones de mexicanos con pobreza.
Ante las críticas que señalaron que no sólo los miserables debían ser atendidos, sino los pobres en general, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) respondió que el padrón se basaba en los estudios del Coneval que pinta con color marrón a quienes se encuentran en situación más apremiante; es decir, con hambre.
Con los meses, la Cruzada fue tocada por la política. El Pacto por México se rompió debido a este programa. En Veracruz, por lo menos, sus recursos no estaban dirigidos a amainar la crisis alimentaria; sino al chantaje a cambio de votos a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Habrían participado 59 servidores públicos, hoy bajo proceso por delitos electorales.
Los discursos de Presidente se enfocaron en el blindaje ordenado para el programa, condición de los partidos de oposición para regresar al Pacto, pero no en los pobres. Llegó noviembre y la organización Amnistía Internacional (AI) le reprochó a Peña Nieto que el asunto no se mencionara.
La organización internacional alertó sobre las cifras del Coneval y llamó a las autoridades mexicanas para que combatieran este mal tan anclado en México. “Es lamentable que pese a esas escandalosas cifras y de los reiterados compromisos de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, la pobreza pareciera estar relegada a un segundo plano en las políticas públicas”, criticó el director de AI en México, Daniel Zapico.
DE LOS MUERTOS, NI HABLAR
Los muertos se le amontonan a Enrique Peña Nieto en un ambiente donde la inseguridad y la violencia van en ascenso como admiten las cifras oficiales y no oficiales.
Hasta octubre, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad contabilizó 17 mil 068 ejecuciones basado en igual número de averiguaciones previas abiertas por homicidios dolosos. Pero el conteo del semanario Zeta que toma otras bases de datos, lo supera: arroja 19 mil 016 ejecuciones en el mismo periodo.
El del semanario Zeta es la contabilidad más socorrida por los especialistas. Y esas 19 mil 016 muertes contrastan desfavorablemente con los últimos 11 meses del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), donde se reportaron 18 mil 161 asesinatos violentos y relacionados con la guerra contra el crimen organizado.
Las menciones de Peña Nieto sobre las víctimas mortales fueron de poco a nada en su primer año de gestión. La primera vez que aludió a las pérdidas humanas fue el 27 de agosto en la 34 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública cuando aseguró que los homicidios relacionados con delitos federales habían bajado en 20 por ciento durante su gestión.
La segunda ocurrió el 15 de octubre, en el Alcázar de Chapultepec, durante el foro “Sumemos + Causas por la Seguridad, Ciudadanos y + policías” cuando volvió a decir que en su gobierno los homicidios dolosos habían disminuido, pero ya no mencionó el porcentaje.
En la Cumbre “The Economist México Summit 2013”, el editor de las Américas de esa revista británica, Michael Reid, recibió al Presidente Enrique Peña Nieto con cuatro cuestionamientos. Uno de ellos fue: “Tenemos una inquietud en la estrategia de Seguridad, que tal vez no hemos mirado suficientemente de cerca, pero no la vemos muy clara en este momento”.
Ni siquiera por la pregunta tan directa, el Presidente habló de la Seguridad con amplitud. En esa oportunidad, volvió a decir que la violencia y los homicidios dolosos han tenido un descenso sensible en su gobierno, pero otra vez se guardó las cifras.
DERECHOS HUMANOS
En cuanto a los derechos humanos, Peña Nieto calló inquebrantablemente. Apenas les otorgó una mención cuando el 12 de diciembre tuvo que entregar el Premio de Derechos Humanos 2013, un galardón instaurado por el gobierno federal. Ahí, sostuvo que su gobierno ha tenido avances considerables en derechos humanos porque ha logrado fortalecer el marco legal en la materia con la aprobación de la Ley General de Víctimas y la Ley de Amparo.
El 1 de diciembre de 2012, cuando se puso la banda presidencial, Peña Nieto se comprometió a “hacer realidad los derechos humanos” que reconoce la Constitución de México”. Pero transcurrió un año y si se siguen sus discursos, no hubo luces sobre el tema.
Sólo el Pacto por México expresó el compromiso de convertir el respeto de los derechos humanos en una política de Estado. Pero ahora, el acuerdo está roto y las intenciones plasmadas ahí se han esfumado.
El 24 de octubre, México estaba por ser evaluado ante la Organización de las Naciones Unidas con el Examen Periódico Universal (EPU), que cada país miembro afronta cada cuatro años ante el escrutinio de otras naciones. Con la crisis humanitaria y el maltrato a migrantes centroamericanos y mexicanos en la ruta hacia Estados Unidos, México en ese momento contaba con más pendientes que logros.
Un día antes, Enrique Peña Nieto hizo la tarea y envió tres iniciativas sobre la materia al Senado. Propuso reformas al artículo 215 al Código Penal federal, relativo al abuso de autoridad, así como a los artículos 215a, 215b y 215c del mismo ordenamiento en materia de desaparición forzada. Ello impedirá que el delito no prescriba y que quienes lo cometan no apelen a beneficios como la amnistía o el indulto.
También envió la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, el cual otorga facultades al titular del Ejecutivo para suspender el ejercicio de derechos y garantías, y la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Carta Magna, que lo faculta para expulsar a ciudadanos extranjeros.
El embajador de México ante la ONU, Juan José Gómez, se presentó en Ginebra ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos de la organización para que el país fuera evaluado. Ahí, aceptó: “Si bien nos congratulamos de nuestra evolución en materia de derechos humanos, subsisten rezagos importantes y retos por superar. En materia de derechos humanos cualquier esfuerzo siempre es susceptible de mejorarse y debe intensificarse”.
Pero nada de lo anterior dejó satisfechos a los observadores. En noviembre, José Miguel Vivanco, director de la organización gubernamental Human Rights Watch (HRW) le dirigió una carta al Presidente en la que hizo notar el silencio sobre los derechos humanos. “A pocos días que concluya el primer año de su sexenio, tengo el honor de dirigirme a Usted para manifestar nuestra profunda preocupación debido a que no se han registrado resultados frente a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en México en los últimos años”.
ECONOMÍA Y LOS DESEMPLEADOS
Si las proyecciones del crecimiento económico para 2013 del mismo gobierno federal eran de 3.5 y 4 por ciento al inicio de la administración, las perspectivas cayeron a un intervalo de entre 1.2 por ciento. El primer año de gobierno peñanietista estuvo marcado por la desaceleración económica y el Presidente habló del tema sólo en una ocasión.
Fue en octubre en la 11 Cumbre de Negocios en Guadalajara, Jalisco, y casi al final, por primera vez mencionó la desaceleración económica, la cual adjudicó a un entorno internacional adverso y a la transición del gobierno.
“Lamentablemente no hemos tenido el crecimiento económico deseado, el que proyectamos al inicio de la administración”, admitió Peña Nieto ante empresarios.
El jefe del Ejecutivo pidió que no se tomara como “excusa ni justificación”, pero había que considerar lo siguiente: “La gran mayoría de los países del mundo, de mayor y de mediano desarrollo, prácticamente todos, y lo hemos sabido a través de los medios de comunicación, ajustaron sus proyecciones de crecimiento económico que originalmente habían pronosticado al inicio de este año porque el entorno internacional no lo ha permitido”.
En seis meses de gobierno peñista, la inversión fija bruta completó cinco meses con datos negativos. El consumo de los mexicanos bajó 7.25%. Aunado a ello, en agosto, el Banco de México, por undécimo mes consecutivo, informó que las remesas desde el extranjero experimentaron una caída de más de 13% con respecto a mayo del año pasado para situarse en dos mil 34 millones de dólares.
En este mar de cifras, el fantasma del desempleo es el más amenazante. Sobre esos 2.6 millones de mexicanos sin trabajo formal, una cifra superior al 4.8% reportado en igual periodo de 2012, no hubo una sola palabra del Presidente de la República.
