Ha llegado el 22 de diciembre otra vez y no hay un solo culpable de la matanza de Acteal, acontecida en 1997. Por el contrario, en esa comunidad de Chenalhó, Chiapas, lo único que hay es tensión. La presencia de 99 personas desplazadas del Ejido Puebla en la ermita evoca aquel diciembre de hace 16 años, cuando 45 indígenas tzotziles católicos cayeron acribillados mientras rezaban por la paz. Además, la liberación de los últimos 15 líderes evangélicos apresados por la masacre, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), crispó los ánimos al grado que integrantes de “Las Abejas de Acteal” los acusa de la formación de grupos paramilitares. Felipe Arizmendi, obispo de San Cristóbal de las Casas, resume así este amanecer en Acteal: “Vemos resultados de conflictos históricos no superados con el peligro de que puedan reactivarse”. Para colmar el panorama, el gobierno de Enrique Peña Nieto no reconoce intolerancia religiosa en la zona. Algunos defensores de derechos humanos sostienen que sin ese elemento será difícil dirimir el conflicto. Pero el destino no ha sido tan intrincado para todos. Si se sigue la vida del ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León; el ex Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor y el ex Procurador Jorge Madrazo Cuéllar -quienes en 1997 tomaban las decisiones en el territorio nacional-, Acteal parece un simple mal recuerdo.
Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- En el escenario de Acteal, donde 45 indígenas cayeron masacrados en 1997, predomina la tensión como si la herida, lejos de cicatrizar, fuera a abrirse todavía más. No es que por ahí anden los fantasmas. En torno a la ermita, ubicada en el centro de la comunidad, están presentes de carne y hueso –como lo estuvieron hace 16 años los 45 tzotziles- 99 católicos que en abril pasado fueron desplazados del Ejido Puebla bajo la amenaza de las piedras, los palos y el linchamiento.
Por otro lado, los 87 líderes evangélicos, culpados de la matanza, han obtenido la libertad después de juicios que no alcanzaron el debido proceso y que tienen la marca de la violación a los derechos humanos. Quieren regresar a Chenalhó, su tierra. Pero el Gobierno del Estado les mantiene prohibida la entrada al municipio.
Unos y otros se consideran desplazados. Todos, describen despojo de sus cosas materiales. Desde sus bandos, desde sus laderas, coinciden en que hay señales evocadoras de ese diciembre de 1997, cuando no lograron ponerse de acuerdo sobre lo que debía imperar en el mismo pedazo de tierra y el único consenso fue la muerte.
El grupo “Las Abejas de Acteal”, formado tras ese acto de sangre, teme tanto que lanza el aviso de que la violencia está tan encajada que puede generar otra masacre. Porque en Chenalhó, la intolerancia religiosa no ha querido tomar descanso. En casi dos décadas, católicos y evangélicos se han expulsado, señalado, no se han aceptado; difieren en su creencia, pero también en quién debe ser el dueño de la tierra, el agua y hasta el aire.
En este invierno en los Altos de Chiapas hay un símil con las condiciones previas a la matanza de Acteal. El obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, piensa en este amanecer del 22 de diciembre: “Nos preocupan realmente los conflictos que sigue habiendo en el muncipio de Chenalhó y particularmente en el Ejido Puebla. Vemos resultados de conflictos históricos no superados con el peligro de que pudieran reactivarse”.
Víctor Hugo López es director del Centro Fray Bartolomé de las Casas. Acompañó a los desplazados del Ejido Puebla en el intento de regresar. Pero fracasaron. Y hoy, con ellos en Acteal, la realidad significa mucho más que un conflicto entre religiones o comunidades, desde su punto de vista. El hecho que los evangélicos y católicos sean los protagonistas de las disputas brinda un pretexto para que Los Altos de Chiapas se convierta en una zona experimental para el terror y el Estado vuelva a militarizar la zona. Dice: “Nosotros pensamos que por encima de las diferencias religiosas y políticas están lo intereses militares y contrainsurgentes”.
¿Qué pasa en Acteal? El obispo Felipe Arizmendi sostiene: “No es un problema fundamentalmente religioso, sino político, social e histórico que no ha sido resuelto”.
VOLVER A CHENALHÓ
Los 86 líderes evangélicos acusados de la matanza de 1997 ya están todos libres.
Sin pruebas en su contra, procesos donde a veces reinó la tortura, con inconsistencias en las acusaciones, en ninguno de los casos se cumplió el proceso debido, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De modo que por Acteal, ya no hay nadie en prisión.
En 2009, cuando el máximo tribunal del país liberó a un grupo de 20 indígenas evangélicos, el gobierno del estado de Jaime Sabines firmó con ellos un acuerdo para evitar que volvieran a sus comunidades, no dieran declaraciones a la prensa ni pidieran ayuda internacional, a cambio de tierras de cultivo y una casa en comodato en el municipio de Barriozábal, según el documento al que tuvo acceso SinEmbargo a través de la organización Libertad Religiosa.
Desde ese municipio, sus voces coinciden. “Lo que más deseamos es volver, por lo menos a ver las parcelas abandonadas”, dice alguien que como los otros no considera importante dar su nombre. Pero sí le importa decir que a ellos ya no les importan sus casas ni las otras pertenencias que dejaron dentro de ellas, pero anhelan pisar Chenalhó, ese sitio bañado de ríos y un arroyo, donde nacieron.
Hay otro grupo, de 15, que fue el último en salir de la prisión. Ocurrió este año. La masacre cumplía 15 años y la Primera Sala de la SCJN expuso que el juicio penal que enfrentaron estuvo plagado de irregularidades. Algunos de ellos sí emprendieron el regreso a Chenalhó. Uno de ellos fue Jacinto Arias Cruz, quien en 1997 fue Presidente Municipal y pagó por la masacre de Acteal 15 años en la cárcel de El Amate.
LAS ACCIONES DE JACINTO
En Acteal, Chenalhó, en Chiapas, no hay personajes disfrazados que cobren piso por tener un negocio, no hay grandes capos identificados con el crimen organizado, no hay espontáneas balaceras por el tráfico de droga, no hay sembradíos de marihuana, no hay disputas de territorios; pero hay violencia. El fenómeno ocurre debido a la diferencia de fe.
El 2013 fue un año de enfrentamientos, desplazamientos y negociaciones con machete en mano. O piedras. O palos. Una vez liberados, volver, para los evangélicos acusados de la masacre de 1997, hubiera sido una provocación. Pero Jacinto Arias Cruz no creía eso.
Él, quien ocupó la Alcaldía en 1997, el año de la masacre, obtuvo la libertad en abril de este año y lo primero que hizo fue internarse en las montañas del Ejido Puebla para ver a su familia. No tenía la intención de quedarse. Apenas si pisó el Ejido y se fue a Berriozábal.
Pero esas horas de Jacinto en Chenalhó bastaron para adquirir más culpa. Porque todo lo que ocurrió tras la visita de Jacinto, se debió a él. Eso dicen cuatro denuncias penales por lesiones, intento de homicidio, amenazas, robo y despojo ante el Ministerio Público.
Unas 32 familias de la Iglesia Católica –99 hombres, mujeres y niños- decidieron remodelar una ermita pues la que tenían estaba deteriorada y tenían miedo que se les cayera sobre sus cabezas. En eso estaban cuando el 29 de abril, unas 140 personas bajo el liderazgo del comisariado ejidal, Agustín Cruz Gómez y el agente municipal, Lorenzo Gutiérrez Gómez, ambos pastores presbiterianos, rompieron la puerta del predio seguidos por decenas de hombres y mujeres.
El 1 de julio, los católicos acudieron a reanudar los trabajos. Sólo vieron ruinas. La ermita era polvo y ladrillo derruido. Veinte días después, la policía local, al mando de Cruz Gómez, detuvo a dos integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de religión bautista. Los acusaron de haber envenenado el agua. A seis meses, se cree que toda el agua que brota del Ejido Puebla, Chenalhó, está “maldita de veneno”. Y más vale no estar ahí. Ni acercarse.
Las 32 familias decidieron irse. Lo hicieron en medio de la noche y bajo la lluvia. Todos, llegaron a Acteal. El Centro Fray Bartolomé de las Casas turnó una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la aplicación de medidas cautelares para estos indígenas tzotziles y alertó “sobre el riesgo latente de que la violencia persista y aumente, debido a la nula actuación de las autoridades del gobierno de Chiapas encargadas de procurar y administrar justicia”.
El 21 de agosto, el gobierno medió con un convenio de Civilidad, Distensión y Respeto Mutuo. Así que el grupo intentó volver. Cuando caminaba uno de los tzotziles dijo: “Que quede claro que respetamos el acuerdo desde el momento en que no hemos hecho ninguna agresión, decididos a hacer valer su contenido”, pero también dijo que había “fundados temores” de que la otra parte no respetara nada. Ya casi llegaban al ejido, pero se enteraron de algo peor: un grupo de evangélicos mantenía secuestrado en la escuela Primaria al párroco de Chenalhó, Manuel Pérez Gómez. Luego, una turba les impidió el paso. Por eso, se regresaron a Acteal que es donde amanecen este 22 de diciembre, cuando se conmemora la matanza de otros 45 indígenas, cuando rezaban por la paz.
“Las Abejas de Acteal” mantiene colgado un mensaje en su página: “Nosotr@s La sociedad civil de Las Abejas aclaramos que los paramilitares se están reactivando porque los que fueron liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguen en las comunidades de Chenalhó. En especial el ex Presidente Municipal Jacinto Arias Cruz de la colonia Puebla que ya se encuentra libre y todavía organiza a sus cómplices”.
En otro comunicado, la organización indica: “Queda constatada la reactivación de los paramilitares en el Ejido Puebla y la posibilidad de una masacre de familias católicas que están bajo amenazas y no pueden caminar ni ir a sus milpas tranquilos. Ya es parecido como en los hechos previos de la masacre de Acteal”.
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En Chiapas, en Chenalhó, en Acteal, se mantiene un foco rojo en un mapa guardado en la Secretaría de Gobernación. Es el mapa de la intolerancia religiosa. Sólo en ese estado, hay 22 disputas debido a este factor que muchas veces ha bañado de sangre a otros pedazos de México. Ni evangélicos ni católicos creen que en Acteal el problema sea sólo por intolerancia religiosa. Pero Óscar Moha, defensor de derechos humanos, expone que si bien, en Acteal están conjugados los conflictos políticos, sociales e históricos, excluir el factor religioso no contribuye con el entendimiento del problema. Mucho menos con su solución.
Este año, el gobierno de Enrique Peña Nieto recibió 16 quejas por intolerancia religiosa en el territorio nacional, pero el concepto no predominó cuando la Secretaría de Gobernación investigó los conflictos. Los pleitos fueron catalogados como agrarios, políticos o económicos, pero en ninguno se consideró la diferencia de fe.
Ello lo reconoció el director general de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, Arturo Manuel Díaz León en un evento por el XXI Aniversario de la promulgación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en octubre de este año y además, lo confirmó para este texto, el grupo “A favor de la libertad religiosa”.
De modo que el Presidente Enrique Peña Nieto puede decir que durante su primer año de gestión no hubo casos por este fenómeno. Pero el pasado arroja la presencia de este fenómeno en toda la República como detonador de violencia.
Según datos proporcionados por el Instituto Federal de Acceso a la Información, el gobierno de Felipe Calderón recibió 200 quejas, pero arregló sólo 17. El de Vicente Fox tuvo 121 casos y le dio cauce a 103.
¿Cómo se conjuga la diferencia de fe con la política en un municipio? Chenalhó, Chiapas, tiene en sus entrañas el enfrentamiento entre evangélicos y católicos, pero también a las filiaciones políticas. Víctor Hugo López, director del Centro Fray Bartolomé de las Casas, desglosa tales afinidades y cómo han influido en la disputa: “De las personas católicas unos pertenecen a Las Abejas de Acteal otras son bases zapatistas y otras no tienen afiliación política alguna. La característica de los evangélicos presbiterianos es que sí pertenecen a partidos políticos. El PRI, básicamente”.
La relación de los miembros de la Iglesia Evangélica con el partido que escribe sus nuevos días en el poder pudo verse desde la campaña para las elecciones federales en 2012). Grupos de esta iglesia comprometieron el voto para ese partido (Ver: http://www.sinembargo.mx/11-07-2012/292504) y recibieron la promesa del entonces candidato Enrique Peña Nieto de una oficina especial en la Presidencia para erradicar la intolerancia religiosa (Ver: http://www.sinembargo.mx/29-03-2013/572667).
Minoría en el país, los evangélicos han vivido desplazamientos en forma sistemática desde los 80, según tiene documentado Óscar Moha, defensor de derechos humanos de miembros de esa iglesia. Al pensar en Acteal, Moha hace un balance: “La intolerancia religiosa y la discriminación jugaron en contra de todos.
Los muertos en Acteal en 1997 eran católicos, pero todos los detenidos eran líderes evangélicos. Los segundos eran personas clave dentro de sus comunidades y a ninguno se le pudo demostrar responsabilidad. Muchos pasaron 15 años en la cárcel. Tienen la vida destruida y han tenido que volver a empezar. Algunos, lejos de su tierra. Acteal no terminó en diciembre de 1997”.
Esa voz se encuentra en la iglesia de los evangélicos. Desde la católica, el obispo Felipe Arizmendi exclama: “Las heridas del pasado se reavivan… Y obviamente no es fácil de controlar ni por el Estado ni por la Iglesia ni por nadie”.
EN EL PODER, COMO EN 1997
¿Qué significa la palabra Acteal para Emilio Chuayffet Chemor quien en 1997 era secretario de Gobernación? No mucho, si se considera su presente. Nombrado Secretario de Educación en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha sido desde el principio de la administración uno de los impulsores más activos de la Reforma Educativa.
En febrero, en Palacio Nacional, pronunció un discurso en contra de la ex dirigente magisterial Elba Esther Gordillo Morales y dijo, entre líneas, que el camino estaba despejado para la enmienda constitucional. 24 horas después, ella sería detenida por lavado de dinero. Desde entonces, Chuayffet se comporta como alfil en el tablero político del Presidente. Aparece con frecuencia en los actos públicos y sale de ellos franqueando al Presidente.
Pero lleva a Acteal en los hombros. Su silueta siempre se asoma, como ladrón en la noche, cuando se reconstruye lo ocurrido aquella madrugada.
Según el archivo de la Fiscalía Especializada de Chiapas para la investigación de delitos en el caso Acteal, formada en 2006, la responsabilidad de Chauyffet es la omisión impropia conspirativa porque tuvo información para impedir la masacre un año antes y no hizo nada.
La masacre –se lee en el informe– fue resultado del Plan de Campaña Chiapas 94, aplicada por la Séptima Región Militar con sede en Tuxtla Gutiérrez, diseñada y puesta en marcha por el gobierno federal para encarar al EZLN. “… (Los funcionarios del gobierno federal) incurrieron en responsabilidades antes, durante y con posterioridad a los hechos: antes, puesto que previo al crimen, actuaron de manera conspiratoria, ya que se coaligaron para ignorar y ocultar las múltiples advertencias y avisos que se les hicieron sobre la inminente matanza”.
El expediente documenta tres hechos:
- El 30 de septiembre, habitantes de Chenalhó le entregaron una carta al primer mandatario y al Gobernador Julio César Ruiz Ferro, en el que denunciaban agresiones en su contra.
- El 18 de octubre, el obispo Raúl Vera López, envió una carta a Zedillo, por conducto de Emilio Chuayffet Chemor, Secretario de Gobernación. Vera advertía que un baño de sangre era inminente.
- El 21 de diciembre, un grupo de desplazados denunció ante legisladores que visitaban el poblado vecino de Polhó que miembros de su comunidad estaban secuestrados por pobladores contrarios al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
“Nosotros pensamos que hoy en día con el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder han vuelto los perpetradores. No podemos dejar de pensar que Emilio Chuayffet, quien fue Secretario de Gobernación hoy esté en el gabinete de primer nivel”, dice Víctor Hugo López, director del Centro Fray Bartolomé de las Casas.
Este año, un grupo de manifestantes interrumpió una ponencia de Emilio Chuayffet en la Fundación Ortega y Gasset en Madrid, y lo acusó de ser responsable de la matanza. “Me da tristeza recordar el evento”, dijo él. Esperó a que los manifestantes que sostenían una manta de letras rojas se callaran o se fueran. No pudo completar la exposición. Pero sí alcanzó a decir: “A mí no se me ha acreditado responsabilidad alguna”.
ACTEAL ES UNA SOMBRA
En septiembre de 2011 al rompecabezas de Acteal se agregó una pieza que permite ver –como muchos lo vieron desde el principio- al ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y a miembros de su gabinete en el centro de la tragedia. Abogados de los familiares de 10 víctimas presentaron de manera anónima en la corte de distrito de Connecticut, Estados Unidos, una demanda cuya base fue un informe de la Fiscalía Especializada de Chiapas para la investigación de delitos en el caso Acteal.
Pero en julio de este año, el juez de la corte de distrito de esa localidad estadounidense desechó la demanda civil. De acuerdo con información de las cortes federales de Estados Unidos, durante los argumentos a favor de su cliente, los abogados de Zedillo utilizaron una petición del gobierno mexicano para que el ex Mandatario recibiera inmunidad. Él era jefe de Estado cuando ocurrió la masacre, expusieron.
Acteal es apenas una sombra para el currículum fabricado por el ex Presidente tras dejar la silla presidencial de México. En 2000, se convirtió en académico de la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut. Es miembro de grupos como el Consejo InterAcción, prestigiosa asociación de ex jefes de Estado que hace recomendaciones en temas de interés mundial, y de la Comisión Global de Políticas de Drogas, donde comparte créditos con el colombiano César Gaviria y el btasileño Fernando Henrique Cardoso en la petición para replantear la estrategia mundial sobre el combate al crimen organizado.
Integra también el consejo de administración de empresas transnacionales como Prisa, Procter and Gamble y Citigroup, y de la Fundación Bill & Melinda Gates.
Hace poco fue incluido en el grupo de líderes mundiales The Elders, fundado por Nelson Mandela para promover la paz, la justicia y los derechos humanos, dirigido por Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas (ONU).
Acaso las paradojas se encuentran más en la historia de Jorge Madrazo Cuéllar, quien en 1997 fue Procurador General de la República. Es un hombre que se preparó como defensor de los derechos humanos y se concentró en Derecho Indígena durante su licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esa casa de estudios y a partir de ese cargo, hizo su carrera en el ámbito de los derechos humanos. Se convirtió en primer visitador y segundo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como el segundo comisionado para la paz en Chiapas de 1994 a 1995, en sustitución de Manuel Camacho Solís.
Cuando en diciembre de 1996, Zedillo lo nombró Procurador, sustituyó al panista Antonio Lozano Gracia quien estaba en un laberinto: La Paca, la osamenta de El Encanto, Othón y el segundo tirador. Toda desmoronada recibió Madrazo a la institución de la que fue responsable hasta el último día del periodo zedillista. El asesinato colectivo de Acteal lo sorprendió en su escritorio. El Presidente lo llamó para que se encargara de la investigación. Madrazo nombró como fiscal a una de sus personas de confianza, Efrén González Pola.
Al siguiente día de la masacre, empezó la cadena de acusaciones, consignaciones y sentencias. Dieciséis años después, el trabajo de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) de Madrazo quedó desmoronado ante la opinión pública. La primera sala de la Suprema Corte amparó y ordenó la liberación de los indígenas que fueron culpados porque las sentencias se basaron en pruebas obtenidas de manera ilegal y en testimonios fabricados.
ALGUIEN DEBÍA PAGAR
Habían pasado cuatro días de la lluvia de balas en Acteal en contra de 45 indígenas tzotziles y la PGR empezó una serie de aprehensiones. Primero, detuvo a 16 indígenas de varias comunidades donde había grupos de apoyo al EZLN. Iban en una camioneta cuando frente a ellos pasó el cortejo fúnebre con los cadáveres de los masacrados en Acteal.
Las crónicas en la hemeroteca coinciden en que la PGR argumentó que de no haberlos detenido, la gente los hubiera linchado. El hecho es que para los detenidos, el penal de Cerro Hueco fue el destino.
Otro grupo de 24 fue invitado por funcionarios del gobierno el 27 de diciembre a un diálogo en San Cristóbal de las Casas. Fueron llevados a los separos de la PGR y luego,
remitidos al mismo penal donde se encontraban los otros 16.
El 4 de marzo, 35 personas más fueron convencidas de comparecer ante la PGR durante un periodo máximo de tres días. Les dijeron que fueran a demostrar su inocencia y así ayudarían a generar tranquilidad en su tierra. Llegaron por su propio pie a San Cristóbal de las Casas. Nadie hubiera creído que ese día los detendrían. Hasta les permitieron ir a comer al mercado. A su regreso, en un fuerte operativo de seguridad, los llevaron a Cerro Hueco. En el total de detenidos se encontraban cinco personas confesas.
A uno de ellos –Tomás Pérez Méndez– lo amenazaron. Le dijeron: “Te vamos a lanzar desde el helicóptero”. Lo hicieron firmar una declaración donde inculpaba a los demás. De hecho, a todos los amenazaron. Cuando ampliaron su declaración, el total de detenidos por Acteal negó lo que al principio había aceptado. De nada valieron los desmentidos. Para 86 indígenas, la cárcel fue la parada durante muchos años. En 2004, debido a la transformación del penal de Cerro Hueco en museo, fueron trasladados a El Amate, y ahí cumplieron sus condenas.
Hasta que el 5 de agosto de 2009, la Corte dictaminó que hubo manipulación del sistema de justicia a favor del Estado. Con la liberación del último grupo en abril de este año, ratificó el dictamen.
Son ellos los que desean volver a Chenalhó. Los mismos que ahora son señalados de haber formado grupos paramilitares y mantener en vilo a Acteal, donde hace 16 años hubo una matanza.
