Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).– Bajo el pretexto que la comunidad de San Miguel Del Progreso, en Guerrero, es dueña sólo de la superficie de su tierra, más no de lo que hay debajo, la Secretaría de Economía (SE) autorizó durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa concesiones para la exploración y explotación minera en esa región.
Así lo explicaron ayer representantes de la comunidad en el Centro Pro de Derechos Humanos.
Desde la región de La Montaña Alta acudieron el presidente del Comisariado de Bienes Comunales San Miguel, Agapito Cantú; el comandante de la Policía del pueblo, Anastasio Basurto Contreras; Valerio Mauro, comisario municipal, y Abel Barrera, director de la organización Tlachinollan.
Relataron que antes de que inicie la exploración buscan revertir las concesiones ante el Poder Judicial, La autorización, otorgada desde 2010, se hizo desde el sigilo oficial y sin consultar a las comunidades, que forma parte del municipio de Malinaltepec, en Guerrero, denunciaron.
Pero hubo algunos signos que alertaron a las comunidades. Vieron algunos helicópteros sobrevolar la zona, y a ingenieros que se aparecían a hacer algunos trabajos de exploración, y además un rumor se esparció como un reguero de pólvora: que se habían dado concesiones.
Fresco en su memoria tenían lo que ocurrió en El Carrizalillo: la comunidad había sido sorprendida y cuando se dieron cuenta, no eran concesiones, sino trabajos de exploración lo que tenían en sus tierras de parte de una empresa canadiense.
Pero a los comuneros de San Miguel el Progreso, el hecho de que las autoridades no les hubieran informado nada, ni las estatales ni las federales, los detuvo en su búsqueda de respuestas. Requirieron la ayuda de la organización de derechos humanos Tlachinollan, la cual mediante peticiones al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), se enteró que había concesiones para exploración y explotación que podían iniciar en cualquier momento.
Descubrieron que en la entidad el gobierno federal ha otorgado 30 concesiones por 50 años para que se realicen actividades de exploración y explotación minera. Las regiones de La Montaña y Costa Chica del estado tienen 42 yacimientos mineros. En el caso de San Miguel El Progreso uno de los yacimientos es Corazón de Tinieblas, de 43 mil hectáreas, y afecta a 10 núcleos agrarios.
Fue así como nació la demanda de amparo interpuesta el 15 de julio de 2013, radicada en el Juzgado Primero de Distrito de Guerrero, bajo el expediente 1131/2013. La comunidad de San Miguel El Progreso argumenta que las concesiones entregadas por la Secretaría de Economía (SE) contravienen el derecho colectivo a la propiedad integral de las tierras indígenas, el derecho a la consulta, las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como el derecho a la protección de las tierras comunales.
La comunidad se apuntó una primer victoria con el juicio de amparo que ya concedió la suspensión de los actos impugnados, lo que implica que no puede llevarse a cabo ninguna actividad de exploración o explotación minera en el territorio de Júba Wajíín, que es como se llama la comunidad en la lengua indígena.
Pero además, la intención de la comunidad es que su juicio de amparo pueda ser un cuestionamiento de la ley minera vigente.
Oro y plata son los minerales que la empresa de capital británica, Hochschild Mining busca explotar, dijeron los pobladores de San Miguel El Progreso.
El comisario municipal, Valerio Mauro, teme que la extracción a cielo abierto de los minerales que se haría en los cerros afecte con su contaminación las tierras donde siembran maíz, platanales y cafetales.
Pero además afectarían cerros que son santuarios, donde a fines y principios de año los habitantes acuden para pedirle a sus santos por lluvias para el ciclo agrícola.
Por su parte el presidente Comisariado de Bienes Comunales, Agapito Cantú, a quien el frío no amedrentó e iba con una camisa y en huaraches, dijo que el pueblo no está de acuerdo con esa aprobación de la concesión. “No fue consultado”.
Pero no sólo ellos resultarían afectados. También lo sería la gente que vive tierra más abajo que ellos.
Anastasio Basurto Contreras, comandante de la policía del pueblo dijo que por eso se organizaron para pedir una consulta.
“Si daña nuestras montañas, ¿cuántas comunidades más sufrirán consecuencias?”.
Abel Barrera afirmó que ha habido un despertar de la comunidad en la defensa del territorio.
Aunque aún no inician las obras, Cantú dijo que impedirán que sean usadas las concesiones, y añadió que incluso si llegara el Ejército Mexicano buscarán que no intervenga.
“El Ejército no es el dueño. El gobierno usa al Ejército pero no para defender al pueblo”, concluyó.
LA HISTORIA
En los últimos años el territorio de los pueblos indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero ha despertado la ambición económica debido a los 42 yacimientos mineros que en ella se encuentran.
El gobierno federal ha otorgado 30 concesiones por 50 años para que se realicen actividades de exploración y explotación minera, sin tomar en cuenta los derechos de los pueblos indígenas Naua, Me’phaa y Na Savi. Los títulos entregados en la Montaña corresponden a cerca de 200 hectáreas, equivalentes a un tercio de la extensión territorial de esta región.
