Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).– En el Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, de las 176 recomendaciones para México en materia de derechos humanos, más de 20 fueron relativas a la situación de violencia contra las mujeres en México, de acuerdo con el abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Rodolfo Domínguez.
Distintas organizaciones han alertado por el aumento de feminicidios en el país. De acuerdo con Domínguez, 10 estados atraviesan situaciones de crecimiento de homicidios contra mujeres por su condición de serlo. Se trata de Chiapas, Sinaloa, Edomex, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sonora, Oaxaca y Guerrero.
Amnistía Internacional (AI) recomendó al Estado mexicano, a través del documento “Información de AI para el Examen Periódico Universal de la ONU”, dar prioridad a las medidas para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres en los 31 estados, “especialmente los que tienen un elevado índice de denuncias de asesinatos y ataques contra mujeres y niñas, como Chihuahua, Nuevo León, el estado de México y Oaxaca”.
En algunas de esas entidades, organizaciones de la sociedad civil han solicitado declaratorias de Alerta de Violencia de Género al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la Violencia Contra las Mujeres, aunque ninguna ha sido aceptada en cinco años de existencia del mecanismo.
LA MOVILIZACIÓN CIUDADANA
Un caso es Guanajuato, entidad gobernada por el panista Miguel Márquez Márquez. Según el Centro Las Libres la entidad del Bajío atraviesa una situación de feminicidios por lo que en abril de este año solicitaron la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.
En el informe presentado en abril para sustentar su solicitud de Declaratoria, la organización alertaba de que la violencia contra las mujeres aumentó en el estado desde hace 10 años, y este 2013 pintaba para ser el año más violento.
“Es alarmante la violencia que aun después de muertas se ha ejercido contra ellas, tanto por parte del feminicida como por parte del gobierno del estado y sus instituciones encargadas de procurar y administrar justicia, en cuyo abordaje se manifiesta la minimización, invisibilización y negación del fenómeno feminicida, llegando al extremo de no investigar a fondo el asesinato con tal de no tipificarlo como feminicidio o de negarlo argumentando muerte natural cuando lo evidente y la constancia dice otra cosa; tal es el caso de una niña de 14 años que fue encontrada en un arroyo el pasado domingo 7 de abril en la ciudad de León, cuyas evidencias, que en su momento salieron a la luz pública, mostraban signos de violencia sexual y física, sin embargo, el procurador de justicia estatal (Carlos Zamarripa) declaró que murió de un infarto.
“Y si le agregamos que su familia no está segura que a quien enterró fue su hija, ya que la autoridad no dejó que vieran su cadáver y tampoco quiso hacerles la prueba del ADN. Este tipo de negación del problema sólo retrasa el acceso a la justicia para las mujeres asesinadas y sus familias, y agravia a toda la sociedad, además de que se hace más larga la espera para la reparación del daño y la garantía de la no repetición”, según el documento presentado por el Centro Las Libres de Iformación en Salud Sexual Región Centro AC, entregado al Sistema el 15 de abril de este año.
Otra entidad azotada por la violencia contra las mujeres es Morelos. Ahí la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), el 4 de septiembre expuso junto con otros activistas que desde el año 2000 han sido asesinadas en la entidad 533 mujeres por su condición de mujer. En este año sumaban 35 hasta el mes de junio.
En un detallado informe la CIDHM documenta que además de quitarles la vida, se les abandona en las calles, se les exhibe dejándolas desnudas, con saña son acuchilladas, sus suéteres son usadas para ahorcarlas, o sus cadáveres son arrojados a las barrancas, y estos crímenes han aumentado paulatinamente en el estado.
De 33 municipios que componen el estado gobernado por el perredista Graco Ramírez Garrido, en 31 ha ocurrido por lo menos un feminicidio, y los ayuntamientos dónde más casos se han registrado eran Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec y Temixco.
De ahí que la CIDHM haya solicitado al gobierno del estado y al federal activar la Alerta de Violencia de Género, que es investigar hechos que perturban la paz social por la comisión de delitos contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres en un territorio determinado, o cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno del derecho de estas, según el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicado en enero de 2008.
Empero, el Sistema ya no analizó el documento, porque incumplía los requisitos y se limitaba a ser un escrito informativo.
Otro caso donde se pide la alerta de género es Chiapas, entidad donde a través de la sociedad civil se promueve la recolección de firmas para pedir al gobierno estatal la declaratoria de Alerta de Género. Radio Nederland, en un recuento propio, informó que el año pasado de las 97 muertes violentas contra mujeres, 52 podrían tipificarse como feminicidios.
En junio de 2013 la cifra era de 38 feminicidios, mientras que el año pasado en las mismas fechas eran 30. Una situación que obligó al gobernador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, a pronunciarse respecto al tema en julio.
La iniciativa para pedir la declaratoria fue puesta en marcha desde el 23 de septiembre por la organización Centro Derechos Mujer, luego de considerar que en el estado han aumentado los feminicidios de manera alarmante.
“Esta iniciativa tiene como objetivo informar sobre la naturaleza y origen de los feminicidios, los riesgos de la violencia feminicida, así como promover el cambio de las relaciones de género a través del conocimiento y ejercicio del derecho de las mujeres a vivir sin violencia, y exigir al Estado que cumpla con las obligaciones que le establecen las leyes nacionales e internacionales”, se lee en el enlace donde se puede apoyar la iniciativa, que hasta ayer sumaba 980 firmas.
Otro caso es el de Jalisco, donde se ha usado como bandera para concientizar al respecto el caso de la académica de la Universidad de Guadalajara Imelda Virgen, quien murió asesinada el 28 de septiembre de 2012 y cuyo presunto responsable de haber ordenado matarla es su esposo Gilberto Vázquez.
Pasado un año, familiares y amigos aún esperaban justicia para Virgen.
En el Noveno Encuentro Nacional Feminista, celebrado en Guadalajara, Jalisco, la coordinadora del movimiento, María Guadalupe Ramos dijo que ante la negativa de las autoridades estatales a tipificar como feminicidio el crimen de la catedrática, llevarían el caso ante el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), Jalisco para que este lo presente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
También informó que aunque este año se registraban 98 asesinatos de mujeres en el estado Gobernado por el priista Aristóteles Sandoval, sólo 8 habían sido consignados como feminicidios.
En el mismo encuentro el Tribunal de los Derechos Humanos de las Mujeres, fue analizado el caso de la desaparición forzada de Mónica Alejandrina Ramírez, ocurrido durante el 2004 en el Edomex.
Adela Alvarado, la madre de la víctima narró cómo ella y su familia se han hecho cargo de las investigaciones ante la obstaculización de parte de las autoridades para averiguar qué pasó con Mónica Alejandrina. También Alvarado ha visto cómo le han demeritado el caso al decir que “seguramente Mónica era lesbiana y por eso se fue de casa”.
En un boletín redactado por el Encuentro Feminista, Alvarado describe que han pasado nueve años sin saber de su hija. “No sabemos dónde está, hemos recibido amenazas y nos hemos enfrentado a la corrupción de las autoridades a todos los niveles de gobierno”.
Otro caso también expuesto en el encuentro fue el de otra mexiquense, Nadia Muciño, quien murió en 2004 a manos de su marido Isidro López y otro sujeto, a raíz de que ella ya no aceptó regresar con él luego de estar separados durante varios meses. Tanto el esposo como el sujeto se pusieron de acuerdo para simular un suicidio.
A pesar de que hubo irregularidades desde la investigación del caso, en 2009 López Gutiérrez recibió sentencia condenatoria por homicidio calificado. Pero apeló y en 2010 fue dejado en libertad bajo el argumento de que no se había acreditado el cuerpo del delito.
Las jueces del Tribunal concluyeron que el Estado violó los derechos a la vida, a la dignidad, a la igualdad, acceso a la justicia y al libre proceso y a la vida libre de violencia.
“Estamos ante una situación muy compleja de feminicidios a nivel nacional, se han identificado alrededor de 10 estados que enfrentan una situación compleja y de violencia contra las mujeres donde tenemos altos índices de violencia contra las mujeres, con casos documentados y a partir de información que nos presentan las procuradurías vemos la incidencia de feminicidios”, explica Rodolfo Domínguez.
“Preocupa que no se esté implementando a la fecha el mecanismo de protección de declaratoria de género como mecanismo preventivo para atender”.
EL MODUS OPERANDI… DE LAS AUTORIDADES
Actualmente se ha presentado solicitudes de alerta en cinco ocasiones, dos en Guanajuato, una para Edomex, otra para Nuevo León y una más para Hidalgo.
Domínguez dice que el estado de México es un caso especial. Presentada la solicitud en diciembre de 2010, cuando aún era gobernador quien ahora es presidente de México, Enrique Peña Nieto, el argumento para rebotarla fue que no estaba demostrada la situación de violencia contra las mujeres.
Les dijeron que las organizaciones de la sociedad civil no acreditaron los requisitos de la ley general de acceso.
“Vemos que son más bien argumentos pobres que siguen en la misma línea de negar declaratoria por motivo político. Sin embargo debemos ver que en el estado de México ya se encuentra ante un proceso de judicializacion de esta decisión entonces a pesar de que autoridad esgrime argumentos lo que va a pasar es que un juez de distrito va analizar los argumentos para ver si efectivamente son válidos para declarar o no alerta de género”, explica Domínguez.
Guanajuato fue el primer estado que tuvo la primera solicitud de declaratoria desde que existe el reglamento, en 2009, y este año recibió la segunda.
La entidad y sus sistemas de procuración de justicia están bajo la lupa luego de que María de la Luz Salcedo, “Lucero”, una joven de 18 años, hiciera pública la revictimización que sufrió luego del 12 de septiembre, cuando Miguel Ángel Jasso intentó violarla y matarla. A esta agresión se sumó la negligencia que padeció en el hospital, donde en la misma habitación atendieron a su agresor, y luego el ministerio público tuvo otras fallas, explica el Coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete.
“El MP lejos de interpretar las leyes para proteger a una víctima ‘Lucero’ de 18 años, se inculpó al agresor por lesiones simples, lesiones que fueron 17 golpes que el ministerio consideró ‘levísimos’ y se le consignó por abusos sexuales eróticos, cuando en realidad al agresor se le debió fincar tentativa de violación y feminicidio”.
Otro eslabón fue la actuación de la jueza Paulina Medina Manzano que ventiló cuestiones de carácter sexual de Lucero y esto sirvió para la estrategia del inculpado para deslegitimar a la víctima, con la intención de revertir que mostrar que ella tenía la responsabilidad de los hechos.
“Debió ser a la inversa el reproche contra el agresor y se le reprocha a todos los demás a creerse con derechos sobre los cuerpos de las mujeres”, señala Navarrete.
De ahí que la titular de Inmujeres Lorena Cruz acompañada de Navarrete entregaran oficios al Gobernador Miguel Márquez y al presidente del Tribunal de Justicia estatal, Alfonso Fragoso, para pedirles investigar a las autoridades y en caso de encontrar responsabilidad fincarles responsabilidad.
Otro caso donde se presentó solicitud de alerta es Hidalgo, donde tampoco pasó, y aunque se tomaron medidas estas no han servido, explica Domínguez.
“La semana pasada volvieron a aparecer tres cuerpos de mujeres y vemos que la problemática de feminicidios sigue y no ha habido suficientes acciones para revertir este tipo de problemática y las acciones que ha implementado el gobierno no han sido suficientes para atender la problemática, a pesar de la negativa y de que se tomaron ciertas acciones. Esto tiene una explicación, son acciones que se toman sin haber hecho un análisis de la problemática que se presenta, no hay evaluación adecuada de la política pública, lo cual genera acciones que no tienen el impacto esperado de revertir la violencia feminicida y una peor situación que es el feminicidio”.
También para el estado de Nuevo León presentaron una solicitud, la cual fue rechazada, pero la apelaron y está pendiente de resolverse, añade el abogado litigante.
Explica que la alerta de género se pide para dos situaciones: una que es la violencia feminicida, que se considera una de las expresiones más graves de violencia contra las mujeres. En su aspecto más grave es el feminicidio.
Pero la violencia feminicida son la violencia sexual, la violencia doméstica, la coacción de la libertad que afecta gravemente la situación de las mujeres. Es cuando existe violencia feminicida en un lugar y tiempo determinado que se expresa en delitos contra la vida, la integridad de las mujeres de forma sistemática y generalizada en un lugar.
El siguiente supuesto es por agravio comparado, estas situaciones se dan frente a leyes políticas, normativas que en sí misma es discriminatoria, un ejemplo pueden ser justamente las legislaciones que no criminalizan el aborto frente a las que sí lo criminalizan.
En ambos casos, por agravio comparado y violencia feminicida se han presentado solicitudes para Guanajuato, afirma el abogado.
