Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).– Activistas en contra de la experimentación e introducción al mercado comercial de maíz transgénico (conocidos también como organismos genéticamente modificados, OGM), acusaron a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de litigar a favor de la trasnacional Monsanto.
Eso, luego de que la Sagarpa pidió apelar la decisión que el 10 de octubre el Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil, en el Distrito Federal, tomó de suspender 79 permisos para la siembra al aire libre de maíz genéticamente modificado en México, al considerar que había riesgo de daño al medio ambiente.
De acuerdo con el abogado de la asociación civil Colectivas, René Sánchez Galindo, con esta decisión la Sagarpa actúa como si litigara a favor de las trasnacionales productoras de OGM Monsanto y Pioneer, entre otras.
“Queremos denunciar que Enrique Martínez y Martínez (el titular de Sagarpa) está litigando a favor de Monsanto. Se ha convertido en un burócrata de Monsanto. La medida lo que hace es congelar el procedimiento para otorgar los permisos. La Sagarpa ‘se duele’ de que no pueda otorgar los permisos y por eso apela”.
Para el abogado, la Sagarpa basa su apelación en que no fue avisada de que los permisos serían congelados, lo que según Sánchez Galindo muestra que la dependencia ya había tomado la decisión de autorizar los cultivos experimentales, paso intermedio para después cultivar el maíz de manera comercial, situación a lo que Colectivas y un grupo de 53 académicos y organizaciones de la sociedad civil se oponen.
“Significa que Martínez y Martínez, birlando su posición de autoridad ya había tomado la decisión de otorgar permisos y argumenta que el juez debió avisarle, darle un plazo antes de tomar la medida precautoria y eso es contrario a la finalidad de las medidas precautorias porque haberle dado aviso a Sagarpa hubiera liberado el maíz transgénico. Nosotros demandamos que la medida precautoria no fuera modificada con anterioridad a Monsanto ni a Sagarpa con base en la cuarta alternativa de la medida precautoria, que prevé la ley de acciones colectivas que faculta al juez a emitir medidas sin audiencias de la contraparte y así actuó el juez y no hay nada que apelar”, sostiene.
Además del daño al medio ambiente, los activistas argumentan que en caso de permitir la siembra de maíz transgénico por parte de las trasnacionales pondría en riesgo un producto agrícola que es netamente mexicano.
Sánchez Galindo recuerda que desde 2009 hubo autorizaciones de parte de la Sagarpa para hacer cultivos de maíz transgénico en espacios cerrados, y en 2011 comenzaron los experimentales, y los permisos pedidos por las trasnacionales abrirían los cultivos comerciales, pero con la suspensión se impidieron.
“Que la autoridad litigue a tu nombre ya lo quisieran los comerciantes u otros; los que están preocupadísimos son las autoridades, es un contrasentido que viola tratados internacionales y refleja que Martínez y Martínez es un burócrata de Monsanto”, reitera.
MAÍZ, RIQUEZA MEXICANA
Los 53 activistas se oponen a que las trasnacionales hagan la introducción de maíz transgénico y por eso el 5 de julio presentaron la demanda colectiva. Entre los firmantes se encuentran el Padre Miguel Concha, el antropólogo Julio Glockner, y las actrices Jesusa Rodríguez y Regina Orozco.
Según la página mexicolibredetransgenicos.org, las empresas Monsanto, Pioneer y Dow AgroSciences hicieron solicitudes para sembrar maíz transgénico en Sinaloa y Tamaulipas en una extensión que sumaba dos millones de hectáreas.
“Es la principal riqueza económica climática del país, es una responsabilidad de esta generación que defendamos 9 mil años de diversidad y debemos heredar a las generaciones futuras la riqueza para confrontar el cambio climático con alimentos diversos e identidad nacional e histórica”, dice el abogado al referirse al maíz.
Afirma que con su defensa del grano ellos están del lado del derecho público colectivo mientras que el gobierno lo hace del lado del derecho privado.
Otra activista, Adelita San Vicente, de Semillas de Vida señala que además de defender a un grano identificado con México, también se oponen a los transgénicos porque son dañinos para la salud.
“Nuestra defensa es en contra del maíz transgénico porque es una tecnología que ha sido rechazada en el mundo a través de las cuales las empresas nacionales que han patentado se pueden apropiar de nuestro maíz y se apropiarían de todo el país, enfrentaríamos el problema de que cualquier campo que se contamine tendría que pagarle regalías a las empresas, es un atentado al campo mexicano y estaríamos comiendo maíz transgénico en nuestras tortillas, algo que en ningún pueblo sucede. No queremos comer alimento transgénico y aquí es el origen del maíz”, asegura.
Al preguntarle si los transgénicos pudieran ser una alternativa para aumentar la producción de alimentos, respondió que eso es falso y que la crisis de producción es por la tendencia de importar alimentos y que algunas empresas productoras mexicanas, como Bachoco, se benefician de subsidios.
El grupo de 53 activistas anunció que el 30 de noviembre realizarán una fiesta en honor del maíz.
“Esperamos que el gobierno mexicano tome la decisión de apoyar a los mexicanos y deje de litigar a favor de las empresas trasnacionales, necesitamos esa gran fiesta y estaremos celebrando ese gran triunfo”, concluye San Vicente.
