Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).– En diciembre pasado, José Manuel Vivanco, director para América de Human Rights Watch (HRW), envió una carta al Presidente Enrique Peña Nieto sobre la situación de derechos humanos en el país y cuestionó la agenda en esta materia del Ejecutivo federal.
Vivanco dijo que estos problemas provenían de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, pero que a pesar de que el entonces Presidente anunció que abordaría estas cuestiones y aseguró que era una política de Estado la garantía de derechos humanos, nunca propuso para transformar su retórica en realidad.
“Y este incumplimiento es uno de los principales motivos por los cuales México se encuentra actualmente inmerso en una profunda crisis de derechos humanos”, escribió el director de HRW al exhortar a Peña Nieto a formular un plan exhaustivo que propusiera soluciones concretas en materia de políticas públicas para hacer frente a estos graves problemas.
Sin embargo, Amnistía Internacional consideró que el Ejecutivo “continúa haciendo la vista gorda” ante casos de violaciones de derechos humanos cometidos en el país.
“El nuevo gobierno, al igual que el anterior, afirma que la protección de los Derechos Humanos se encuentra en el centro de sus políticas de seguridad, sin embargo, detenciones arbitrarias, torturas y tratos vejatorios y desapariciones continúan impactando las vidas de miles de mexicanos”, lamentó Rupert Knox, investigador de AI para México.
Que se sepa, ninguno de ellos tuvo una respuesta oficial.
Ayer, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evaluó mediante el Examen Periódico Universal (EPU) al país. México recibió 180 recomendaciones –89 más que las que se registraron hace cuatro años– en las que destacaron la violencia contra mujeres, la pobreza, el acceso a la alimentación, los ataques a defensores y periodistas y la eliminación de la figura del arraigo.
En el marco, de esta evaluación, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos afirmaron que el país está enmarcado en un contexto de violencia generalizada.
“Se han implementado políticas de seguridad basadas en la militarización de los espacios públicos, donde las violaciones a los derechos humanos han aumentado exponencialmente. Es imposible dejar de mencionar las cifras de la emergencia humanitaria que se ha vivido en los últimos años en México, que rondan entre las 60 mil a las casi 100 mil personas asesinadas, así como 25 mil personas desaparecidas, cientos de miles de personas desplazadas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos perseguidas y asesinadas”, dice el informe publicado por estos organismos.
Asimismo, un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos, organizados por el Centro ProDH, determinó que el país sólo se limitó a llevar una lista de acciones legislativas, consideras por el gobierno mexicano como avances, pero omitió por completo mostrar las cifras de muertos, desapariciones forzadas, desplazados y pobres.
Agnieska Raczynska, secretaría ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, dijo que los representantes mexicanos no profundizaron en la realidad mexicana.
“Nos llamó la atención la carencia un diagnóstico de los últimos cuatro años en materia de Derechos Humanos. El gobierno no asume la realidad del Estado Mexicano que se vive en el país. El informe que presentó México lejos de ser integral, solo presume una serie de acciones como un listado de actividades, pero no se habla del impacto en la población de estas acciones”, dijo.
De acuerdo, con la Comisión de Derechos Humanos (CNDH), México recibió una calificación de 6 en materia de derechos humanos.
“Hablando de calificación creo que estamos entre un 6 y un 7, no estamos en condiciones de otros países, que están pues todavía apenas tratando de tener claro el tema de derechos humanos, México ha avanzado de manera muy importante, pero hacen falta muchos retos todavía por sacar adelante”, dijo el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva.
Por su parte, Amnistía Internacional consideró que el gobierno mexicano “debe hacer más” por la defensa de los derechos humanos en el país y no sólo limitarse a pronunciar “buenas palabras” por esa causa.
Amnistía reprochó al gobierno no haber cumplido su promesa de actuar según las recomendaciones hechas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2009, cuando se evaluó por primera vez a México.
Estas recomendaciones incluyían implementar medidas para zanjar la tortura y las desapariciones forzosas, asegurar la investigación efectiva de las violaciones de estos derechos fundamentales y, en general, colocar la protección de los Derechos Humanos en el centro de las políticas de seguridad pública.
En aquella ocasión el Gobierno también prometió combatir los abusos contra los inmigrantes, la violencia contra las mujeres así como garantizar el respeto por los derechos de los indígenas, recordó Amnistía.
“El informe del Gobierno mexicano dice que ha llevado a cabo estos compromisos, pero continúan ocurriendo graves violaciones de los derechos humanos, como desapariciones forzosas, torturas matanzas extrajudiciales por la policía y las fuerzas de seguridad”, recordó Knox, que agregó que “el patrón de impunidad es constante”
VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS
Artículo 19 México afirmó que el Estado mexicano no ha cumplido con las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal hace cuatro años respecto a la erradicación de la impunidad en las agresiones contra periodistas con motivo de su labor de informar y “sigue ausente la verdad, justicia y reparación”.
En una de las recomendaciones que envió la ONU ayer se pide reforzar la protección a defensores de esas garantías y a periodistas y garantizar un funcionamiento adecuado con este fin.
La organización documentó que de 2009 a 2012 se cometieron 772 agresiones contra periodistas y medios de comunicación por razones presumiblemente vinculadas con su labor de investigar y difundir información.
Del total de esos actos violentos, 128 los cataloga como graves: 36 asesinatos, 32 armas de fuego o explosivos a instalaciones de medios, seis desapariciones y 23 privaciones ilegales de la libertad.
Además, destacó que desde 2011 comenzó a registrarse un fenómeno de desplazamiento forzado de periodistas debido al peligro inminente contra su vida e integridad personal, ascendiendo en dos años a 31 casos.
“A pesar del discurso oficial del Estado mexicano de que ‘el mayor agresor contra la prensa es el crimen organizado’, Artículo 19 ha documentado de 2009 a 2013 que agentes estatales continúan siendo el principal agresor contra la prensa con 51.03% (394 casos) de los ataques de la siguiente manera: federales (109 casos), estatales (160) y municipales (125)”, consigna en uninforme.
Como mencionó hace cuatro años, con el inicio de la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada emergieron actores particulares que se caracterizaron por ejercer actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación con la finalidad de incidir en sus líneas editoriales. De esta forma: “Los grupos del crimen organizado han sido señalados como responsables de 13.76% de los ataques registrados en 2012 (106 casos). Además en 17.22% de los casos se desconoce la identidad de los responsables (133 casos). Otros actores privados que han agredido a la prensa son: particulares en un 7.12% (55 casos); fuerzas pertenecientes a partidos políticos en 4.92% (38 casos); y agrupaciones sociales un 3.62% (28 casos)”.
MUJERES ENFRENTAN DISCRIMINACIÓN, DESIGUALDAD Y VIOLENCIA
En el marco de los 60 años del Voto Femenino, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, aseguró que las mujeres mexicanas aún enfrentan añejas condiciones de desigualdad, discriminación y violencia.
El ombudsman expuso que según informes de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2011, 46.1% del total de mujeres de 15 años y más, sufrieron algún tipo de incidente de violencia de pareja de su actual o última relación conyugal.
Explicó que el 42.4% de ellas, declaró haber recibido agresiones emocionales; 24.5% algún tipo de agresión para controlar sus ingresos o el flujo de los recursos monetarios del hogar, así como cuestionamientos respecto a la forma en que gasta su ingreso.
No obstante lo anterior, señaló que en nuestro país ha mejorado la situación del goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, pues se ha incrementado su presencia en cargos públicos y un justo y significativo empoderamiento.
Sin embargo, agregó, en ese panorama de contrastes se debe romper la inercia cultural que durante muchos años privilegió al género masculino en cargos de mando o puestos de elección popular, porque en general, todavía muchas mujeres sufren condiciones desfavorables.
CONTRA LAS PROTESTAS
La Red Todos los Derechos para Todas y Todos, Artículo 19 y activistas nacionales y extranjeros así como grupos para la defensa del ejercicio periodístico y de los derechos de los migrantes, denunciaron la reacción “autoritaria” y la comisión de violaciones a derechos humanos por parte del Estado mexicano ante las recientes expresiones de protesta civil.
“La reacción oficial ha estado caracterizada por un autoritarismo que ha mantenido una tendencia creciente en los meses anteriores. En distintas marchas y acciones de protesta se había podido constatar que la respuesta del Estado ante expresiones fundamentalmente pacíficas ha sido el abuso de autoridad y la comisión de violaciones a derechos humanos”, afirmaron.
Sostuvieron que la protesta civil “es un mecanismo legítimo de reivindicación de derechos y ante ella el Estado está obligado a escuchar y buscar vías de solución a las demandas para conducir a la resolución de los conflictos”.
De igual forma instaron a la sociedad a no desviar la atención de las demandas centrales de esta conmemoración: “la reivindicación de la memoria y la exigencia de justicia por los crímenes de Estado caracterizados por la impunidad absoluta”.
Por ello, hicieron un ”YA BASTA a la represión del Estado que impide el ejercicio pleno de las libertades, YA BASTA a la criminalización de la protesta, YA BASTA al clima de hostigamiento en contra de defensoras, defensores y periodistas. Reprimir es un delito, expresarse una libertad”.
DESAPARECIDOS Y EL ARRAIGO
En su informe anual de actividades de 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), estableció que del total de desapariciones en el país, existen 2 mil 106 expedientes abiertos sobre desaparición forzada. Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (WRW) y asociaciones civiles locales de Coahuila y Nuevo León han dado cuenta de la gravedad del problema en México.
En el informe “Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada”, que presentó en febrero la organización Human Rights Watch, se estableció que miembros de las fuerzas de seguridad participaron en numerosos casos de desaparición forzada.
Prácticamente en ninguno de estos casos las víctimas fueron halladas ni se llevó a los responsables ante la justicia. La organización documentó casi 250 desapariciones ocurridas durante el Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, y en 149 de esos casos Human Rights Watch encontró pruebas contundentes de desapariciones forzadas en las cuales tuvieron participación agentes estatales.
De acuerdo con las 33 organizaciones firmantes del informe conjunto previo al EPU, la figura del arraigo “continúa siendo aplicada de manera excesiva y extensiva”.
“El arraigo es utilizado como un medio para investigar a presuntos delincuentes, que en la práctica se utiliza para que las autoridades gocen de más tiempo para imputar responsabilidades penales. Con ello, se detiene para investigar, no se investiga para detener. La legislación no establece los lugares en los cuales debe de ser aplicada esta medida, permitiendo el arraigo incluso en cuarteles militares. Aunado a ello, no existe un recurso efectivo en contra de la medida, pues el amparo no resulta eficaz; de 324 amparos solicitados, 96% fueron negados”.
Pero a pesar de que México ha sido llamado en varias ocasiones a eliminar la figura del arraigo, en mayo de este año la Cámara de Diputados aprobó con 389 votos a favor, 32 en contra y 14 abstenciones y con el voto en contra reformas al artículo 16 de la Constitución Mexicana para reducir el periodo de arraigo de 40 a 20 días.
Organizaciones como Human Rigths Watch, Amnistía Internacional y Sin Fronteras reaccionaron y solicitaron al Senado mexicano desaparecer de la Constitución la figura del arraigo pues origina violaciones a los derechos humanos y negligencia en los cuerpos policiales.
El director para América de Human Rights, José Miguel Vivanco, dijo que Congreso Mexicano no sólo debería rechazar un proyecto de reforma constitucional sobre el arraigo, sino eliminar esa práctica de la Constitución, porque no se adecua a las normas internacionales de derechos humanos.
La directora de Sin Fronteras, Nancy Pérez García y el director de Amnistía Internacional, Daniel Zapico, coincidieron en que el arraigo es una figura violatoria de los derechos humanos.
EL ESTADO SE DEFIENDE
Previo a la evaluación de la ONU, el Senado de la República recibió iniciativas del presidente Enrique Peña Nieto en materia de derechos humanos, las cuales pretenden adecuar el marco legal mexicano a los tratados internacionales en materia de combate a la desaparición forzada, y garantizar el derecho de audiencia de extranjeros en los procesos de expulsión, ente otros temas.
Las iniciativas están dirigidas a las Leyes Reglamentarias de los artículos 29 al 33 constitucionales, así como reformas a los artículos 215-A, 215-B Y 215-C del Código Penal Federal.
Mientras que las reformas plantean los límites del Estado en la suspensión de derechos y sus garantías, y acotan su actuación respecto a la expulsión de extranjeros, mediante un procedimiento que garantiza el derecho de audiencia y el debido proceso. También pretende adecuar el delito de desaparición forzada a los estándares internacionales.
El titular del Ejecutivo federal propuso además el retiro de siete reservas a distintos tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Por su parte, el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE) José Antonio Meade Kuribreña subrayó que “en México la defensa y protección de los derechos humanos es una tarea indeclinable”.
Meade enumeró los avances en la promoción y defensa de estas garantías, y enfatizó la disminución de la violencia y la importante baja en las quejas ante la CNDH contra miembros de las fuerzas armadas.
Subrayó que “tenemos absoluta convicción que las políticas de seguridad y de derechos humanos en México deben estar plenamente articuladas”.
Afirmó que existe un nuevo enfoque en la atención a las víctimas de la delincuencia y de violaciones a derechos humanos.
Como ejemplo recordó que en enero pasado se publicó la Ley General de Víctimas, de alcance nacional y sin precedente, que cumple con los estándares internacionales en la materia.
En el tema de Justicia Militar, que motivó recomendaciones en el examen anterior, reveló que se trabaja para redefinir la competencia de la justicia militar.
“El Estado mexicano reconoce que ante situaciones que vulneren los derechos humanos de personas civiles, no debe operar la jurisdicción militar “, indicó.
En el tema de la violencia contra periodistas, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón, reconoció en rueda de prensa el reto que significa implementar el mecanismo dado que su creación es relativamente nueva “y sin referentes”.
El gobierno, destacó, ha pedido asesoría técnica a la organización Freedom House para perfeccionar este mecanismo y expuso que se cuenta con un fideicomiso de 13 millones de dólares “que ya se echó a andar para garantizar su funcionalidad”.
