Los recuentos independientes, sobre todo de investigadores y medios, revelan que la matanza en México sigue. Pero el Presidente ha hablado dos veces de cifras... sin dar cifras. En diez meses de administración, la información sobre las consecuencias de la guerra pasaron a la opacidad. Una pregunta ronda: ¿Por qué Enrique Peña Nieto no habla con números en la mano de los muertos, realmente?
Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– Los muertos se amontonan y la percepción de la inseguridad crece. Pero la política de silencio del Presidente Enrique Peña Nieto se muestra inquebrantable. A punto de cumplir su primer año de gestión, sus palabras sobre el asunto que más preocupa a los mexicanos han ido de poco a nada, con sólo dos menciones.
La primera vez que Peña Nieto aludió a las pérdidas humanas fue el 27 de agosto en la 34 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública cuando aseguró que los homicidios relacionados con delitos federales habían bajado en 20 por ciento durante su gestión.
La segunda ocurrió el 15 de octubre pasado, en el Alcázar de Chapultepec, durante el foro “Sumemos + Causas por la Seguridad, Ciudadanos y + policías”, cuando volvió a decir que en su gobierno los homicidios dolosos habían disminuido, pero ya no mencionó el porcentaje.
¿Por qué Peña Nieto no habla de los muertos? Al investigador de Seguridad Nacional, Pablo Monzalvo, de la Universidad Iberoamericana (UIA) la respuesta a tal planteamiento le parece una obviedad: “Porque no tiene la información”, exclama de inmediato.
El experto explica: “Una declaración del Presidente es una declaración contundente por su género jurídico. Lo que diga es la verdad jurídica o la verdad política. Al no tener datos confiables, no maneja una cifra, ni tampoco una declaración”.
Catedrático y observador de la estrategia de Seguridad Nacional, si bien Monzalvo hace notar que la carencia de datos es preocupante, “es preferible que el Presidente no diga nada. Aquí tenemos que subrayar la falta de coordinación en el pasado entre los diferentes órdenes del Estado de los tres niveles de gobierno. También entre la Policía Federal y el Cisen. Ahora es muy difícil que se pueda centralizar la información”.
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LOS NÚMEROS ENREDADOS
El viernes 8 de febrero, la Secretaría de Gobernación emitió el primer boletín sobre los muertos de este sexenio y lo presentó como “informe federal de datos preliminares sobre indicadores en materia de seguridad” correspondientes a diciembre y enero. Vinieron otros dos comunicados. El publicado en marzo, denominado “Comunicado conjunto Segob, PGR, CNS, Sedena, Semar” y uno más, en mayo, también en forma conjunta por esas dependencias. La información en estos documentos llevaba la condición de “preliminar”.
Hasta mayo, el gobierno de la República reconocía seis mil 250 homicidios dolosos en el país. De acuerdo con esta cifra, los asesinatos relacionados con delitos federales habían disminuido 16.5 %. Se trataba de mil 236 menos que en el mismo periodo de 2011-2012, cuando hubo siete mil 483.
Pero la Secretaría de Gobernación no precisó la metodología de esta contabilidad. A la petición con folio 0001700116613 sobre qué camino se siguió para publicar las cifras de homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada (en el boletín 26 de la Secretaría de Gobernación), la respuesta de la instancia a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) fue que la información se encontraba disponible en el portal de Presidencia y que por “motivos desconocidos” había dejado de funcionar.
Con cruce de datos al que añadió la cobertura periodística diaria, el semanario Zeta de Tijuana pintó otro paisaje. De diciembre a julio ya habían sucedido 13 mil 775 muertes. Basada en ese conteo, Insyde, la organización especialista en Seguridad Pública y Nacional, proyectó que de mantenerse el ritmo de la incidencia, al término de la gestión peñista, habría 124 mil 975 muertes, 50% más que en la conclusión del sexenio de Felipe Calderón.
A partir de agosto, el conteo oficial ha sido modificado y tendrá que volverse a empezar. El gobierno federal anunció una nueva forma de contabilizar los homicidios con la eliminación de la clasificación de las muertes relacionadas con el narcotráfico. En los primeros meses del gobierno peñista, hubo dos categorías: la de homicidios dolosos vinculados con el crimen organizado –contados cuando sucedían en enfrentamientos armados- y la de homicidios dolosos en general.
En la conferencia de prensa en la que fue presentado el nuevo formato, Eduardo Sánchez Hernández, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, explicó que esa decisión se tomó a petición de organizaciones civiles, con la consideración que así sería más clara la medición de la incidencia delictiva en el país.
Para el coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional de la UIA, Eruviel Tirado, el cambio de metodología permite disminuir la percepción social de la inseguridad y expulsar al crimen organizado del discurso político, en una marcada diferencia con el gobierno anterior. Pero aclara que no es una medida que contribuya con la solución del problema.
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A NOSOTROS, ¿QUIÉN NOS HABLA?
El halo de dolor tras la guerra contra el narcotráfico emprendida por el antecesor en Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa, no parece menguar en nada. Por el contrario, los mexicanos se sienten más inseguros. Ese índice aumentó a 72.3% en lo que va del sexenio peñista en relación con el último año del calderonismo, según una medición del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi).
La percepción de la inseguridad fue resultado de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (Envipe): para los mexicanos, el desempleo con 46.5% y la pobreza con 33.7% son problemas aquejantes. Pero la delincuencia es su preocupación más grande, con 57.8%
Aplicada en 95 mil 810 hogares, la encuesta obtuvo que en un tercio había una víctima de algún delito y además, la delincuencia generaba entre la población, un gasto de 215 mil 200 millones de pesos, el 1.34 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
En el discurso del Presidente de la República no han tenido cabida palabras dirigidas a los dolientes, no obstante estos resultados fatídicos y macabros. El investigador Pablo Monzalvo piensa que ahora mismo, nada que se dijera en tal sentido tendría sustento. “El problema es que si se da una frase que no vaya acompañada de acciones, quedaría como demagogia. Lo que se requiere es una palabra de esperanza jurídica y científica. (Eso no puede ocurrir) porque hasta la fecha no hay coordinación ni información certera de qué pasó con tal homicidio o tal desaparecido. Es muy grave que no haya respuesta jurídica porque no hay datos que respalden la palabra del Presidente”.
