Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo/ZonaFranca).– La hija de Laura Patricia Vázquez, una mujer que fue asesinada presuntamente por su esposo en Guanajuato a pesar de que denunció tres veces que era víctima de violencia intrafamiliar, está desaparecida.
Jeraldina Aguilar Castro, madre de Vázquez, dijo que las autoridades locales la han ignorado aún cuando su negligencia ya provocó una muerte. La bebé estaría con la familia del presunto asesino de su hija.
Jeraldina Aguilar narró que a los 40 días de nacida, la pequeña fue arrebatada por el presunto homicida, Miguel Ángel Concha Rocha, de las manos de su madre. Esto llevó a Laura Patricia a acudir varias veces al Ministerio Público, que la ignoró. Ahora, la madre está muerta y la niña desaparecida.
“El señor le quitó a su bebé cuando apenas la nena tenía 40 días de nacida y ella aún la estaba amamantando. Le fue arrebatada de sus brazos con golpes, con violencia”, dijo la abuela.
Cuando aún vivía, Laura fue al Ministerio Público acompañada de su madre; denunció violencia intrafamiliar y el robo de su hija. Pero las autoridades las ignoraron. El esposo se decía agente de seguridad pública.
Poco después, Laura Patricia murió estrangulada a manos del marido; eso fue el pasado 21 de septiembre, en la colonia Villas de Nuestra Señora de la Luz de Guanajuato.
La abuela, Jeraldina, afirmó que posiblemente la pequeña está con la abuela paterna, es decir, la madre del presunto asesino. Pero las autoridades, que han sido negligentes desde la primera denuncia, no la han rescatado.
“Desde los 40 días la tiene la abuela paterna. Yo desde entonces no he visto a mi nieta. A mi hija se la dejaron ver creo que en dos ocasiones nada más a cambio de leche, pañales, cigarros, dinero en efectivo. Entonces son cinco meses los que he esperado y he esperado a que las autoridades me digan: ‘aquí está la niña’”.
Laura estaba peleando que le regresaran a su niña, “pero en lugar de niña, tuvo una muerte muy trágica”, señaló Jeraldina Aguilar.
EL CASO LAURA
El pasado 10 de octubre se dio a conocer que la inoperancia en los protocolos de género del Ministerio Público de León, Guanajuato, derivaron en el feminicidio de Laura Patricia Vázquez Aguilar a manos de su esposo, Miguel Ángel Castro Rocha, a pesar de que acudió en tres ocasiones en el Ministerio Público para denunciar que sufría violencia intrafamiliar.
El crimen se cometió a finales de septiembre pasado, aunque la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) lo hizo público apenas el 1 de octubre, cuando logró el arresto del presunto asesino.
Este caso se suma a decenas ya documentados por organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos en Guanajuato. La sociedad de leonesa, en particular, mostró su indignación por este nuevo caso que apunta a un nuevo acto de negligencia de las autoridades, afirmaron activistas locales.
El más reciente, el de la joven Lucero, quien denunció el ataque físico y sicológico del que fue víctima por parte de un desconocido y la doble victimización que sufrió por parte de las autoridades de justicia de la entidad, acaparó incluso la atención nacional y llevó a la Diputada guanajuatense Malú Micher a denunciar en la tribuna de la Cámara Baja a la administración del Gobernador panista, Miguel Márquez Márquez, como uno que ha mostrado “total desprecio” por las mujeres en el estado.
A lo largo de julio pasado, con golpes en diversas partes del cuerpo, Laura acudió al MP en León, acompañada de su madre, buscando una solución. Como respuesta fue vinculada a la Agencia Conciliadora No. 5, donde recibió en tres ocasiones un citatorio que le pidieron entregara a su esposo llamado Miguel Ángel Castro Rocha, para que acudieran a la delegación e intentaran arreglar la situación con el dialogo.
El citatorio señala de forma textual:
“La Agencia del Ministerio Público de la CONCILIADORA No 5, que se ubica en el EDIFICIO DE PREVENCIÓN SOCIAL de esta ciudad, a fin de atender un conflicto en el cual se le involucra y que procuramos resolver a través de un Procedimiento de Mediación y Conciliación neutral, imparcial, equitativo y gratuito, evitando con ello el seguimiento de los trámites legales correspondientes”.
La madre de Laura, Jeraldina Aguilar Castro, contó la trágica historia y destacó que en dos de las tres ocasiones cuando su hija le entregó el citatorio, Miguel Ángel Castro, supuesto agente de la policía, los rompió arremetiendo con más violencia y generando un sentimiento de desesperación.
“Mi hija se sentía desamparada”, dijo.
No fue hasta la primera semana de septiembre cuando Jeraldina Aguilar dejó de recibir noticias de su hija.
Con un boletín de prensa emitido el 1 de octubre pasado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJE), anunció la detención de Miguel Ángel Castro Rocha por el delito de feminicidio.
“La Procuraduría General de Justicia del Estado, en su firme compromiso de dar cumplimiento a la persecución de los delitos que laceran seriamente a la sociedad, logra la detención, consignación y formal prisión de MIGUEL ÁNGEL CASTRO ROCHA por el delito de feminicidio”.
“Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través de la PGJ refrenda el compromiso con la sociedad guanajuatense de procurar justicia”, expuso la dependencia.
Miguel Ángel Castro podría ser condenado a 40 años de cárcel, pero la lenidad de la autoridad ya marcó el destino de Laura, quien sí acudió el Ministerio Público, sí levantó la voz para decir que era maltratada, y se atrevió a buscar una salida para mejorar su vida. Pero la tragedia ocurrió y no encontró en vida la justicia que tanto estuvo pidiendo.
EL CASO LUCERO
La falta de protocolos en las investigaciones y trato a las víctimas de violencia intrafamiliar evidencian el México misógino, es lo que se desprende después del caso de María Luz Salcedo –mejor conocida como Lucero–, una joven víctima de violencia física y sexual en Guanajuato que en las últimas semanas ha denunciado la “misoginia” en el Estado y la falta de apoyo de las autoridades.
“Me atreví a denunciar a mi agresor por todas las mujeres que no lo hacen”, fue el llamado de Lucero, que a los 18 años conoció a Miguel Ángel Jasso Manríquez, otro joven que al recibir una negativa para tener relaciones sexuales procedió a golpear brutalmente a la chica e intentar asesinarla, según se documentó Radio Nederland.
María Luz Saucedo -mejor conocida como Lucero- ha denunciado los constantes acosos e intimidaciones por parte de funcionarios públicos, como la de la agente del Ministerio Público Blanca Raquel Ramírez Tapia, de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, que la citó antes de la primera audiencia para advertirle que si decidía seguir con la acusación se vería expuesta su intimidad. Familiares de la joven señalan que el tono de la funcionaria judicial fue absolutamente intimidatorio.
Lucero asegura que nunca esperó que los datos que le dio en confianza a quien creía que era una sicóloga adscrita a la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, aparecieran después en manos de la defensa de su agresor y menos para ser utilizados en su contra.
Por otra parte, la afectada nunca pudo solicitar que la audiencia fuese privada. La agente del MP que la acompañaba le aseveró: “va a tener que ser pública por todo lo que has manejado en los medios”.
De la carpeta desapareció la acusación de tentativa de homicidio, sin que Lucero Salcedo fuese informada, sino hasta el día de la audiencia pública. Al preguntar porqué a la agente que la acompañaba, esta le respondió que eso lo agregarían después.
Al respecto, el propio procurador, Carlos Zamarripa, ha dicho que las lesiones sufridas por Lucero “no eran suficientes para calificar la tentativa de homicidio”, sin embargo, de eso se enteró ella al leerlo en la prensa y no por quien la representa en el juicio.
La actuación de la Procuraduría de Justicia, a través de su área especializada de Delitos sexuales y Violencia Intrafamiliar, ha recibido serios cuestionamientos, como el de la diputada Erika Arroyo Bello, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local, en la tribuna del Congreso, ese mismo jueves 3 de octubre:
“Señor Procurador hablo de las instituciones a su cargo que se dieron a la tarea de integrar un expediente incompleto y absurdamente invasivo a la intimidad de la ofendida. Hoy a las mujeres víctimas de agresión se les pregunta en los ministerios públicos a qué edad iniciaron su vida sexual, qué ropa interior usaban el día de la agresión…”.
Así, mientras la ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito en el Estado de Guanajuato, contempla en su segundo capítulo y en la primera sección de su tercer capítulo, el apoyo y la asistencia sicológica a la víctima de un delito, en lo que hace hincapié en varios de sus artículos, en el caso de Lucero la única asistencia sicológica sirvió para extraerle datos que se convirtieron en argumentos de la defensa de su agresor.
Organizaciones de la sociedad civil preocupadas por atender el asesinato sistemático de mujeres, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, han solicitado a la Secretaría de Gobernación que emita alerta de género en entidades como Oaxaca, Nuevo León, Guerrero, Guanajuato, Veracruz y Estado de México por el incremento en los casos de feminicidios. Sus esfuerzos han sido ignorados.
En abril de 2012, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio expuso una investigación propia en donde identificó en el Estado de México “un patrón sistemático de violencia contra las mujeres, generado por la falta de investigación, juzgamiento y sanción por el sistema de administración de justicia de la entidad”.
Desde el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto hasta el 2010 –continuó el reporte–, se registraron 1003 casos de presuntos feminicidios en la entidad. Concentrándose 54% en 10 municipios del Estado de México: Ecatepec, con 118 casos; Nezahualcóyotl, 71 casos; Tlalnepantla, 53 casos, y en Toluca, con 45 casos.
