Ginebra, 9 Oct (Notimex).- La Unión Interparlamentaria (UIP) llamó hoy a adoptar medidas a nivel internacional para proteger el derecho a la libertad de expresión frente a la rapidez de la evolución tecnológica y los programas de vigilancia masiva.
Este llamado coincide con la adopción de una resolución relativa a la vulneración de los derechos humanos de la parlamentaria islandesa Birgitta Jónsdóttir, por su colaboración en la producción de un video difundido por Wikileaks.
A raíz de ello, su privacidad digital fue violada por las autoridades de Estados Unidos y fue llevada a juicio por las autoridades de ese país el cual acabó perdiendo.
"El FBI se metió en mi casa por la puerta trasera", dijo en sentido figurado Jónsdóttir al hablar con la prensa en Ginebra sobre su caso y de cómo fue sujeto de una invasión virtual de su privacidad por parte de los servicios de inteligencia estadunidenses.
La diputada islandesa describió cómo "perdió todo" en cuanto a su vida personal siendo sujeto de una especie de acoso cibernético.
Señaló que la gente debe ser más cauta sobre lo que sube al internet o manda por mail comparándolo con el hecho de escribir una postal e indicó que para protegerse nunca manda por internet algún mensaje que no quiere que se lea o que la comprometa a ella o a sus seres queridos.
La UIP, tras reconocer que la libertad de expresión es un elemento esencial para la labor de los parlamentarios y para la democracia, expresa en la mencionada resolución su profunda preocupación ante este hecho.
Sobre todo porque el marco jurídico nacional e internacional relativo al uso de los medios electrónicos, incluidas las redes sociales, no ofrece suficientes garantías para asegurar el respeto de la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho a la privacidad.
La UIP externó su preocupación pues la inmunidad parlamentaria de la que disfrutaba la diputada Jónsdóttir en virtud de la legislación de Islandia no fue tenida en cuenta.
Esta situación dejó sin efecto la capacidad de los Estados de proteger a sus parlamentarios frente a otros Estados cuando se utilizan las redes sociales para divulgar información.
Las repercusiones que entraña el caso de la diputada Jónsdóttir requiere que se preste mayor atención a la cuestión y que se adopten medidas a nivel mundial a fin de abordar los grandes retos que afrontan los derechos humanos y la democracia a ese respecto, afirmó la UIP.
Esta resolución de la UIP, adoptada al término de la 129 Asamblea de la UIP celebrada en Ginebra, fue uno de los resultados alcanzados en relación con los casos de violaciones de derechos humanos de 148 parlamentarios de 17 países de todas las regiones del mundo.
