Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).– La creación de policías comunitarias deben ser entendidas como oportunidades para hacer labores de vigilancia, ante la incapacidad de las autoridades para hacerlo, y su formación es parte de una antigua costumbre de los pueblos de América Latina, dijo el director para América Latina de International Crisis Group, Javier Ciurlizza.
En contraste, si surgen organizaciones ciudadanas armadas, muchas conocidas como autodefensas, reciben financiamiento y capacitación en manejo de armas por algún gobierno o de algún grupo, bajo el pretexto de proteger territorios, entonces el riesgo es que puedan convertirse en un ejército privado y cometan abusos y desplazamientos de la poblacion, dijo la integrante del Colectivo de Mujeres en Resistencia de Colombia, Elizabeth Yangana.
Ambos participaron junto con el especialista de Procesos Integrales para la Gestión de los Pueblos (PIAP), Miguel Ángel Mijangos Leal, en el foro “Civiles Armados: uso de la fuerza y Estado de derecho”, organizado por la Fundación Heinrich Böll Stiftung.
Como ejemplo de policía comunitaria está la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), en Guerrero, creada en 1995 y que hace labores de vigilancia desde entonces, con el aval de la población, dijo Mijangos Leal.
Como caso de los grupos de autodefensa, está la experiencia colombiana de los Paramilitares. En los años ochenta y noventa los gobiernos capacitaron y financiaron a grupos civiles para combatir a la guerrilla, lo cual derivó en abusos y creación de ejércitos paralelos , algunos encabezados por narcotraficantes, que desplazaron a comunidades enteras de sus tierras, recordó Yangana.
Cometieron atrocidades y masacres, y Álvaro Uribe cuando fue presidente del país sudamericano les dio impunidad con la ley de Justicia y Paz, y no pagaron por sus abusos, agregó la especialista
Las circunstancias que causaron la apropiación de esas tierras, además de la intención de usarlas para los sembradíos de coca, era la desordenada situación agraria de Colombia.
Los tres especialistas coincidieron que la fuerza del narcotráfico se convierte en un elemento distorsionador de la fuerza del Estado en los países latinoamericanos, ya que a través de su poder busca controlar distintos territorios para producir y traficar las drogas.
“(El narcotráfico) requiere para expandirse controlar la superficie de la tierra para el cultivo de la mariguana y la coca; controlar las rutas para distribuir la droga; y controlar las plazas y el mercado; los dos primeros están Río Bravo abajo”, agregó Ciurlizza.
De ahí que pidió distinguir entre los grupos de vigilancia formados en comunidades como una tradición de siglos, y el surgimiento de grupos con armas de alto poder con capacidad de controlar territorios y desplazar a comunidades enteras. Ambos fenómenos se presentan en América Latina porque el Estado ha sido incapaz de tener el monopolio completo del uso de la fuerza en la región, expuso Ciurlizza.
TRADICIÓN CONTRA AMBICIÓN
El fenómeno de las policías comunitarias es común en México y en América Latina, es una tradición de distintos pueblos.
Pero cuando llega el narcotráfico, lo mismo surgen grupos para vigilar las calles o propiedades de comunidades y protegerse, que ejércitos privados para apropiarse de territorios y desplazar poblaciones.
En México se ha comenzado a detectar que en Michoacán lo mismo existen policías comunitarias, como en Cherán, que aparece como uno de los municipios más seguros del estado, que grupos armados integrados por mercenarios, que son clones de los cárteles con presencia en la entidad, explicó Ciurlizza.
Mijangos habló del fenómeno de las policías comunitarias en Guerrero.
Desde hace 18 años existen en las regiones de la Montaña y en la Costa Chica y su presencia se ha nutrido de los grupos de resistencia civil, como maestros, grupos indígenas o los descendientes de la guerrilla de los años 70, y por la desconfianza que sienten por las autoridades y el Ejército Mexicano.
Recordó que su estado ha sido de los más golpeados por los soldados, luego de que ahí se asentaran en los años setenta células de la guerrilla de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, y en los noventa se detecto la presencia del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), y en el estado se registró la masacre de El Charco, hace 15 años.
Pero desde 2006, año en que inició la llamada Guerra contra el narcotráfico por parte del entonces Presidente Felipe Calderón, a la fecha han comenzado a proliferar más grupos.
“Recientemente en México se hacen categorías de grupos de autodefensa, policía comunitario, paramilitares o policía ciudadanía”, dijo.
Las clasificaciones están separadas por una delgada línea que ocasiona confundirlos, y a veces se habla de policía comunitaria lo mismo vinculada al pueblo que al crimen organizado, que más que vigilar, busca controlar un territorio para el narcotráfico, reconoció.
Explicó que el primer grupo surgido en 1995, tiene actualmente presencia en 16 municipios donde existen 120 pueblos, y sus policías comunitarias están agrupadas en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
En el caso opuesto está las Autodefensas que han surgido en las regiones de Costa Grande, Tierra Caliente y Norte, surgidas este año.
Su peculiaridad es que reúnen todo tipo de personas, gente que pertenece al crimen organizado, talamontes vinculados a la familia Figueroa (del ex gobernador Rubén Figueroa). Portan armas de alto calibre “como si fueran paletas”.
De acuerdo con Mijangos Leal, quien visite los lugares donde tienen presencia debe ir acompañado de un conocido o portar un salvoconducto o “ya no sale uno”. Una característica más es que son cómplices de las autoridades y del crimen organizado.
Otra diferencia es que mientras las CRAC tiene fundamento en la ley estatal, y cuentan con un reglamento interno, las autodefensas no.
Entre los grupos descritos, existen otros presentes en las demás regiones que a sus labores de vigilancia vigilar suman las de convertirse en brazos políticos de movimientos indígenas o magisteriales, y unos más que se forman basados en asambleas comunales.
También destacó que algunos han surgido como escisiones de la CRAC y en cuanto esto ocurre, son apoyados por el gobernador Ángel Aguirre Rivero, en una estrategia de debilitamiento a la Coordinadora.
Mijangos Leal dijo que a veces es difícil distinguirlos, porque sus reivindicaciones son parecidas.
Piden respeto a sus derechos a hacer labores de vigilancia, al considerar que son legítimos y tienen validez jurídica y por eso no consideran necesario que el gobierno los reconozca; están por la vida, la libertad, la justicia y la seguridad; dicen que surgen por la necesidad de autoprotección, y algunos elaboran planes económicos para mantenerse.
Esto ultimo lo reivindican los de más reciente creación y exigen cobros por su labor, y por eso se distinguen de las policías comunales, que hacían la labor de vigilancia sin cobrar, o con apoyos de las autoridades municipales.
Añadió que las autodefensas surgidas en Costa Grande, Tierra Caliente y Norte, lo han hecho en zonas donde impera el narcotráfico y estan en operación millonarios proyectos mineros, y la población ya les tiene miedo.
Ciurlizza concluyó que la labor de los grupos de civiles armados no debe soslayarse ni endiosarse, y previó que seguirán surgiendo mientras el Estado sea incapaz de tener el monopolio de la fuerza y deje territorios sin vigilar.
