Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– El gobierno de Enrique Peña Nieto no supo, no quiso o no pudo definir una estrategia de seguridad, es el diagnóstico que hace el Partido Acción Nacional (PAN), a nueve meses de iniciada la administración del actual gobierno federal.
Así está plasmado en el documento “Enrique Peña Nieto, Primer Informe de Gobierno, Promesas sin Resultados”, publicado la semana pasada por la Fundación Rafael Preciado Hernández, que es dirigida por Juan Molinar Horcasitas.
“Cegada por el prejuicio y el revanchismo, la Administración de Peña Nieto desechó todo lo realizado por el gobierno de Felipe Calderón y pensó que su solo regreso a Los Pinos –‘nosotros sí sabemos gobernar’– actuaría como un remedio automático, en una clara muestra de pensamiento mágico, como si los problemas pudieran desaparecer por efectos misteriosos derivados de las cualidades del nuevo gobernante”.
A pesar de renegar de la estrategia del anterior gobierno, encabezado por el panista Felipe Calderón Hinojosa, ante la falta de resultados, la administración actual ha debido retomar algunos aspectos de la pasada administración, como la captura de líderes de organizaciones criminales, como es el caso de la aprehensión de Miguel Ángel Treviño, líder de Los Zetas y conocido bajo el alías de “El Z-40”; el combate simultáneo a distintas organizaciones criminales, y los operativos especiales.
El documento destaca también que en los estados donde no ha habido alternancia de gobierno, como son Tamaulipas, Coahuila y Durango, la delincuencia está más enquistada.
“Hay una coincidencia que une a los estados que han sufrido de mayor violencia por parte de las organizaciones criminales: tienen gobernadores priistas. Algunas entidades, incluso, no han experimentado la alternancia política. Y esto no es un dato menor o que deba ser considerado a la ligera, porque es bien conocido que el auge del narcotráfico en las décadas de los ochenta y noventa fue tolerado y/o propiciado por gobiernos del PRI, que prefirieron ser tolerantes o hasta cómplices de las organizaciones criminales en lugar de combatirlas. Fue esa complicidad, sobre todo en los ámbitos estatales, la que permitió el fortalecimiento político y económico de los señores de la droga, y es esa misma complicidad la que permanece a nivel estatal y, ahora que el gobierno federal ha vuelto a ser priista, amenaza con volver a nivel nacional”, advierte el documento panista.
LAS FALLAS
Cuatro fallas observa la Fundación Preciado en la estrategia del gobierno federal contra la inseguridad:
1) La pérdida de importancia en la atención del problema por la reducción presupuestal;
2) La minimización de los operativos militares y policiacos de control de las organizaciones criminales que se traduce en indefensión de la ciudadanía;
3) El freno del proceso de fortalecimiento de las instituciones de seguridad por el menor presupuesto y la falta de voluntad política y,
4) La indefinición de la relación con Estados Unidos y pérdida de apoyos de parte de ese país a la lucha por la seguridad.
En el primer punto del informe del PAN se lee que “prioridad política que no se refleja presupuestalmente es demagogia”, y critica que el nuevo gobierno haya reducido el presupuesto para seguridad desde su primer año.
“El proceso de fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia iniciado por el Presidente Calderón, no sólo se ve frenado, sino que comienza a revertirse. Este es un asunto de extrema gravedad, pues no se cuente con los recursos suficientes para tener policías, ministerios públicos suficientes y eficaces”.
Sólo la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) registraron aumentos en sus presupuestos, aunque de manera “pírrica”, según el documento.
Se cuestiona lo dicho por el gobierno federal de que la estrategia pasa por más “inteligencia”; empero, mientras al Cisen le aumentaron su presupuesto en 400 millones de pesos entre 2011 y 2012, de 2012 a 2013 sólo recibió un incremento de 10 millones de pesos.
“Si Peña ha asegurado que combatirá al crimen usando ‘inteligencia’ ¿por qué mantiene el presupuesto de la agencia de inteligencia estancado?”, preguntan los panistas.
En cuanto al segundo punto, la disminución de operativos militares ha tenido consecuencias negativas para estados como Guerrero y Michoacán. Según el documento del blanquiazul, hasta antes de la llegada del gobierno de Enrique Peña Nieto en ambas entidades se había mantenido a raya a los grupos criminales.
Pero con el nuevo gobierno regresaron para azotar a la población, lo que causó el éxodo de familias guerrerenses de Tierra Caliente. También se recurrió a soluciones desesperadas, como son los grupos de autodefensa.
“Un grupo de autodefensa, a diferencia de las policías comunitarias que ya existían en algunos municipios de la entidad con reconocimiento de la ley, es una banda fuertemente armada que no tiene ningún sustento jurídico ni responde ante ninguna instancia formal. El peligro que significa la proliferación de estos organismos, y la tolerancia que el gobierno federal ha tenido hacia ellos, demuestra la falta de control y la ausencia de una estrategia de Estado en el gobierno de Peña. De los 81 municipios de Guerrero, 33 ya cuentan con una autodefensa, según datos del legislativo estatal. ¿Hasta dónde va a dejar crecer Peña esta bomba de tiempo? ¿Hasta que estalle una revuelta armada?”
En Michoacán se suma la ausencia del gobernador y la inacción amenaza con extender la situación de emergencia a los estados vecinos.
Respecto a la falta de fortalecimiento de los cuerpos de seguridad, en el estudio se lee que las policías estatales y municipales han sido depuradas en 65%, en tanto la federal lo ha hecho en 98 por ciento.
“Entre las iniciativas de ley de Peña Nieto no se encuentra la del mando único de las policías estatales, razón por la cual los estados no pueden avanzar en forma seria y sistemática en la conformación de policías estatales depuradas y fortalecidas profesionalmente. Y mientras eso no suceda, las organizaciones criminales seguirán contando con las ventajas que les proporcionan la debilidad y la complicidad de los cuerpos policiacos de los estados y municipio”.
Esto traerá como consecuencia que se retrase el control y la desarticulación de las bandas de secuestradores y extorsionadores, prevé la Fundación.
“Es una acción verdaderamente criminal de parte del gobierno no darle prioridad presupuestal y política a la depuración, reconstrucción y fortalecimiento de las policías, ministerios públicos y cárceles de los estados y municipios”.
En cuanto a la indefinición de la relación de colaboración con Estados Unidos, el documento panista ya avizora algunas consecuencias.
Se congelaron 95 millones de dólares como parte de la Iniciativa Mérida, ante la falta de información que fluía de México hacia su contraparte de Estados Unidos.
“Perdido en el mar de la ambigüedad, la falta de definición del gobierno actual, su falta de estrategia, le está costando a México valiosos fondos que podrían ser aprovechados para ampliar la red de prevención que el gobierno anterior había comenzado a desarrollar”.
ESTRATEGIA O PURAS OCURRENCIAS
Según el balance, si en los primeros meses no había claridad era porque no se había definido una estrategia.
El documento critica el anuncio del 17 de diciembre del año pasado de la Gendarmería Nacional, y las declaraciones contradictorias en ese sentido. No queda claro si se hará cargo de zonas rurales alejadas, de puertos y aeropuertos. Tampoco cómo se evitará la duplicidad de funciones con la Policía Federal, ni cómo se reclutará a sus miembros.
El documento también critica el Programa Nacional de Para la Prevención del Delito y la Violencia. Anunciado bajo el objetivo de atacar los problemas de “fondo”, se anunciaron en marzo las bases del programa.
Se dio una lista de 57 demarcaciones prioritarias donde se instrumentaría, entre las cuales se encuentras Mérida, Yucatán; Tlaxcala y Calpulalpan, en Tlaxcala, con mínima violencia, y excluyendo a Matamoros y Reynosa, ambos en Tamaulipas, o Mazatlán, Sinaloa, que la padecen más. Otra inconsistencia detectada es que se le dio más presupuesto a Querétaro que a La Laguna.
“Es decir, una revoltura sin pies ni cabeza; un disparo de escopeta. Sólo ‘bases para elaborar el programa’ y nueve meses después de iniciado el gobierno de Peña Nieto no se ha formulado bien el programa. ¿Hay estrategia o son puras ocurrencias?”.
El gobierno federal ha presumido más coordinación con los gobiernos estatales, algo no visible con la situación violenta sufrida por Michoacán a lo largo de este año.
Los cuestionamientos en materia de seguridad se extienden a la liberación del capo del narcotráfico Rafael Caro Quintero “por parte de un juez menor y sin el conocimiento de la Procuraduría General de la República” y que generó diferencias diplomáticas con el gobiernode Estados Unidos.
También por el asesinato del vicealmirante Carlos Salazar Ramonet, jefe de la Octava Zona Naval, en Michoacán “que no fue prevenido del bloqueo que lo llevó a la muerte a manos de criminales”.
ESTILO PRIISTA
Aunque Peña Nieto presuma comunicación, coordinación y prevención como ejes de su programa de seguridad, son elementos que no se ven, de acuerdo con el balance panista.
“En los hechos, la ‘coordinación’ que pregona Peña Nieto en sus discursos ha estado completamente ausente”.
En cuanto a prevención, que se haría a través del Programa Nacional de Prevención del Delito, el cual buscaría la cohesión social, combatir las adicciones, rescatar los espacios públicos y promover proyectos productivos, no fue “más que palabrería’. La razón es el subejercicio registrado de 63 por ciento.
A ello se suman recortes como el programa al que explícitamente se refiere la prevención social del delito, con 93.8% de los recursos recortados.
“Al más puro estilo del priísmo tradicional, Peña espera gobernar con discursos, mientras a espaldas de los mexicanos, desbarata uno a uno los programas que eran ‘prioridad para su gobierno’”.
También reprocha que el programa “Todos Somos Juárez” de prevención del delito en la ciudad fronteriza y que en 2010 recibió 3 mil millones de pesos ya no lo recibe, y delegó su aplicación y operación al gobierno estatal.
ESTADOS INCENDIADOS
De diciembre del 2012 a julio de este año se registraron 13 mil 775 ejecuciones, de acuerdo con el semanario Zeta.
Encabezados por Guerrero, “gobernado por un ex priísta”, Angel Aguirre Rivero, con 1,441; Chihuahua, encabezado por César Duarte, con mil 227; estado de México, cuyo Gobernador es Eruviel Ávila, es el tercero con mil ,217, y el cuarto Jalisco, gobernado por Aristóteles Sandoval, con mil 094.
“De las entidades con mayor tasa de homicidio en los últimos seis años, prácticamente todos eran gobernados por el PRI en el momento de la medición. Los casos más impactantes son los de Chihuahua, Sinaloa y Guerrero, que invariablemente aparecen en este “ranking de la muerte”. Durango no se queda muy atrás”.
Resalta el caso de un gobernador “paradigmático” del PRI, Humberto Moreira, bajo cuya administración el crimen se disparó, mientras en 2007 eran 121 ejecuciones, en 2012 pasaron a 852.
El informe destaca que estados gobernados por priistas también encabezan las cifras del secuestro. Es el caso de Michoacán, Tamaulipas y Estado de México.
Michoacán y Tamaulipas tiene cada uno 90, Estado de México 89.
Michoacán ocupa el primer lugar desde 2011, cuando desbancó al Edomex. La entidad gobernada por Ávila destaca en otro delito: el de la extorsión, con 760 denuncias. Pero también destaca por su opacidad: apenas el año pasado comenzó a reportar cifras, y en los gobiernos de Arturo Montiel Rojas y el ahora presidente Peña Nieto, no los presentaron.
“Ya desde su paso por el gobierno mexiquense, Peña Nieto demostró su preferencia por la falta de transparencia con información incómoda”.
Recuerda que el Estado de México en el último año de gobierno de Peña Nieto encabezó a las entidades con mayor número de secuestros, con 171.
Las entidades gobernadas por el PRI destinan menos recursos al combate a la delincuencia.
“Para el ejercicio fiscal 2013, el porcentaje del gasto estatal que el promedio de las entidades destina para estos rubros es de 7.17 por ciento. Sin embargo, estados como Coahuila, Durango, Estado de México, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz, todos con altos índices de delincuencia y narcotráfico, y todos gobernados por el PRI –sin tampoco haber conocido la alternancia, con la excepción de Michoacán– destinan menos recursos que el promedio, siendo Durango y Veracruz los que menos con 5.3% y 5.2%, respectivamente. Los resultados están a la vista: poca inversión en seguridad y justicia, tolerancia y complicidad con el crimen organizado por parte de los gobiernos locales, un trágico coctel que ha llevado a estos estados al borde de la ingobernabilidad”.
