Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).– Un grupo de ciudadanos independientes ha reunido, hasta el momento, más de 70 mil firmas de personas que están en contra de que las playas mexicanas se vendan a extranjeros, con la reforma al artículo 27 constitucional, promovida por Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Seríamos el único país en el mundo que modifica su Constitución, para beneficiar directamente a un puñado de extranjeros ricos, eso me parece de una abyección brutal”, sostuvo Óscar Mondragón.
El pasado mes de abril, la Cámara de Diputados aprobó la reforma para que extranjeros puedan adquirir tierras cuando éstas sean exclusivamente para uso de vivienda sin fines comerciales, en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas. La minuta se encuentra en análisis en comisiones del Senado.
Sin embargo, un grupo de ciudadanos consideraron que esta reforma afectará directamente la soberanía nacional, permitirá que las grandes cadenas hoteleras legalicen la privatización de las playas mexicanas y encarecerá el costo de los inmuebles que ya existen.
“Lo podemos ver en lugares como Cancún, donde se construyen leyes prácticamente a 20 metros del mar, esto erosiona las playas, allí se ha visto de forma drástica este problema últimamente. En otros lados del mundo, tienes una calle y del otro lado tienes los hoteles, esto te garantiza el uso público de la playa”, argumentó Mondragón.
QUE LAS PLAYAS NO SE VENDAN
A la voz de: “Que nuestras playas no se vendan a extranjeros”, un grupo de ciudadanos subieron a la página electrónica www.change.org, el portal de peticiones en línea para cambiar al mundo, su propuesta con la intención de llegar a las 100 mil firmas.
Aseguraron que de aprobarse la enmienda constitucional, se afectarían inmediatmente 11 mil kilómetros cuadrados de litoral en Colima, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Baja California, Sonora, Quintana Roo y Tamaulipas, de acuerdo con especialistas en Derecho Agrario.
Agregaron que extranjeros tendrán la libertad legal de establecer sus negocios en las playas mexicanas, simulando fachadas de residencias particulares.
Por ello piden sumar firmas a la petición “Que nuestras playas no se vendan a extranjeros”, para ir con ese apoyo ciudadano a buscar a senadores de todos los partidos políticos, a fin de concientizarlos sobre la importancia de legislar en contra de la reforma al 27 constitucional y evitar la privatización de las playas que son patrimonio de todos los mexicanos.
“Es un llamado a los senadores para que rechacen esta reforma que ya aprobaron los diputados y se comience con un diálogo con organizaciones ecologistas o cooperativas de pescadores, para ver cómo vamos, primero a regular lo que se tiene el día de hoy como el uso de las propiedades al lado de la costa”, aseguró el activista ciudadano.
De no ser atendidos, advirtió, convocarían a manifestaciones pacíficas que no afectaran a terceros ni al tránsito vehicular, a fin de llamar la atención de los legisladores.
¿INTERESES FINANCIEROS DETRÁS DE LA REFORMA?
Óscar Mondragón dijo no comprender la razón por la que los diputados aprobaron una reforma constitucional que claramente va en contra de los intereses de la nación. Aunque sí tuvo algunas sospechas.
“A la mejor muchos de ellos tienen terrenos cerca de las costas, cuyo valor se incrementaría notablemente al aumentar la demanda con una ley como esta, pero fuera de eso no se entiende cómo un legislador pudo pasar esto”, sugirió.
Cuestionado sobre los “candados” que los diputados impusieron para evitar el uso comercial de los terrenos playeros o por los requisitos que deberán llenar extranjeros antes de poder hacerse de propiedades, Mondragón se mostró desconfiado de su efectividad.
“Evidentemente lo van a disfrazar de mil cosas, pero a mí me gustaría preguntarle a Beltrones y a los diputados que votaron a favor de esto cuántos de ellos tienen un interés material, porque o poseen terrenos en la costa o son socios de compañías inmobiliarias que tienen terrenos en las costas o tienen aliados políticos, gente que les financian sus campañas y se dedican al negocio inmobiliario”, sostuvo.
Y es que su desconfianza tiene fundamento, pues no hace mucho, en febrero de 2004, el Senador y entonces presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Emilio González, fue captado aceptando un presunto soborno por dos millones de dólares a cambio de conseguir permisos para construir complejos turísticos en zonas de manglares.
A pesar de ser exhibido públicamente, el llamado “Niño Verde” se justificó diciendo que lo “chamaquearon” y aseguró que accedió al presunto soborno para saber hasta dónde llegaban los proponentes. Nunca recibió castigo y hoy Jorge Emilio González es nuevamente Senador de la República.
LA HISTORIA DE LA REFORMA AL 27
El pasado 23 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la reforma impulsada por PRI y algunos legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para que los extranjeros puedan adquirir tierras cuando éstas sean exclusivamente para uso de vivienda sin fines comerciales, en una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas.
Los proponentes fueron el Diputado Manlio Fabio Beltrones y la Diputada por Nayarit, Gloria Núñez Sánchez, licenciada en Derecho, ex tesorera del municipio de Compostela y ex consejera política municipal, estatal y nacional del PRI.
Ese día, el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el perredista Julio César Moreno Rivera, expuso que ya habían sido superadas las circunstancias históricas que llevaron a limitar que los extranjeros adquirieran tierras y aguas en las fronteras y playas.
Aclaró que el dictamen incluía cuatro condicionamientos:
1) Que el uso de las tierras sea destinado para vivienda única y exclusivamente
2) Que la tierra no tenga un uso comercial, industrial, agrícola o cualquier otro que implique explotación económica directa o indirecta
3) El extranjero deberá convenir los términos con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
4) En caso de que las tierras sean destinadas a un uso distinto a la vivienda, la ley establecerá los procedimientos para que el extranjero pierda los bienes adquiridos en beneficio de la nación.
Por el contrario, el Diputado Ricardo Monreal, de Movimiento Ciudadano, aseguró que esta reforma tenía el propósito de favorecer los intereses de los extranjeros por encima de los intereses nacionales.
“Cabe señalar que no tenemos que pagar los mexicanos los daños colaterales de este grupo que intenta saquear y apoderarse de los bienes nacionales. Este grupo de neoliberales jóvenes corruptos y frívolos que no tienen historia y que no tienen preparación ni tampoco ningún sentido nacionalista. Por esa razón México podría estar en un grave peligro”, sostuvo.
Pese a la oposición la enmienda constitucional se aprobó con 356 votos a favor, 119 en contra y dos abstenciones, la oposición vino principalmente de algunos legisladores de Acción Nacional (PAN), PRD, partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano.
