México, 10 Nov. (Notimex).- Un juez federal reveló que a lo largo de las negociaciones para re capitalizar a Mexicana de Aviación, inversionistas y funcionarios han recibido amenazas de manera anónima para impedir la compra de la aerolínea.
El juez 11 de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Felipe Consuelo Soto, hizo un exhorto al secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionicio Pérez Jácome, para que en el ámbito de sus facultades garantice los derechos humanos de las personas involucradas en el concurso mercantil.
En el acuerdo, el juzgador requirió al titular de la SCT para que “en la realidad” brinde las facilidades, asesoría y apoyo a los inversionistas, y que cumpla con las obligaciones que se establecen en la Ley de Aeronáutica Civil, además de que vigile y supervise que se cumplan los mandatos judiciales.
El juez reveló que personas que prefieren quedar en el anonimato, denunciaron que en cuanto se dio información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del nombre de algunos de los inversionistas mexicanos que fondearían el fideicomiso para el Grupo Med, las amenazas comenzaron.
“Les hablaron telefónicamente y de manera anónima para intimidarlos diciéndoles que ni se les ocurriera meter dinero al fideicomiso, porque nunca los iban a dejar volar, por lo que ya no hicieron el depósito”, dio a conocer Consuelo Soto.
Subrayó que esto genera suspicacias del por qué otros grupos anteriores interesados en Mexicana no han llevado a cabo el fondeo para capitalizar la empresa.
Asimismo, hizo del conocimiento que estas amenazas también se han hecho a otros involucrados en el procedimiento mercantil, como es el caso del conciliador y administrador, Gerardo Badín Cherit, quien le ha manifestado que ha recibido muestras de agresión por vía telefónica y personal por parte de desconocidos.
“También me ha sido denunciado de manera personal por diferentes actores en el concurso mercantil, que están siendo objeto investigación ilegal, mediante intervención telefónica”, aseguró el juez.
Dentro de este escenario, el impartidor de justicia solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública que informe en un plazo de 24 horas, quién y por qué motivo se ordenó el 9 de noviembre pasado, la presencia de policías en el acceso de la base de mantenimiento de Mexicana MRO, que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
De igual manera requirió al Gobierno del Distrito Federal para que informe en el mismo plazo, quién ordenó el desalojo por la fuerza de los manifestantes que se encontraban afuera de las oficinas de la SCT ese mismo día, y “por qué se utilizó el uso de la fuerza de forma tan desmedida e innecesaria”.
El juez federal también hizo patente “la actitud francamente grosera y prepotente” del titular de Asuntos Jurídicos de la SCT, Gerardo Sánchez Henkel, hacia algunos inversionistas, durante una reunión entre autoridades, inversionistas, líderes sindicales, a fin de recibir propuestas de compra de Mexicana.
Dijo que por esta actitud, el funcionario “en tres ocasiones fue reconvenido por los lideres de los tres sindicatos para que le diera el trato y consideración debida, a lo que el citado funcionario se disculpó varias veces y justificó su proceder alegando que en múltiples ocasiones ha recibido a inversionistas y no han podido comprobar los recursos para capitalizar Mexicana”.
Reveló que en dicha reunión, Michael Chamas mostró un estado de cuenta de un banco extranjero, que demuestra la existencia de un saldo aproximado de más de 800 millones de dólares, explicó la procedencia de esa suma, y subrayó que sólo prestaría el dinero a Iván Barona, más no tendría calidad de socio.
Chamas, de origen canadiense, se comprometió a que este viernes también ofrecerá un prueba a través del banco Santander, de que puede aportar a Barona los 400 millones de dólares que se requieren para concretar la operación y lograr la re estructuración de la empresa.
