Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).– La crisis de inseguridad que vive Michoacán se ve afectada por dos elementos: cuerpos policiales municipales infiltrados por el crimen organizado y un débil e incierto gobierno generado por las ausencias del Gobernador priista Fausto Vallejo, aquejado por una enfermedad.
Los avances en seguridad logrados con la estrategia de seguridad de Felipe Calderón Hinojosa quedaron atrás con la llegada del gobierno de Vallejo, hace dos años, dice la ex candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura, Luisa María Calderón, hermana del ex Primer Mandatario.
“Había contención de los movimientos, estaban controlados y se estaba disminuyendo su beligerancia”, afirma la actual Senadora.
Asimismo, las licencias pedidas por Vallejo abonan a la ingobernabilidad, ve por su parte Jorge Lara, ex Subprocurador General de la República.
“Tendría que llamarse a todas las fuerzas políticas a pensar sobre la falta de gobernabilidad antes de que empeore y haya más incidentes que aumenten la gravedad”, alertó.
De Michoacán, puede decirse que es una entidad fallida, por el desgobierno que se vive, considera por su parte el investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Edgar Cortez, quien ve la situación tan grave que propone suspender las garantías individuales para hacer frente a la situación.
Dice que se puede hacer con base en el Artículo 29, que establece que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad n grave peligro o conflicto y que debe ser a propuesta del Presidente y la aprobación del Congreso de la Unión y por un tiempo limitado.
“Vale la pena abrir el debate, bajo esta idea que para los políticos parece demasiado terrible por el costo y sería un reconocimiento de su fracaso, pero con base al Artículo 29 ver qué problemas tenemos, que sea un periodo de tiempo, con mecanismos de control y tal vez tenga más sentido que las acciones inconexas, que no saben a dónde van, nadie controla y el costo para la sociedad es alto, y vale la pena discutirlo. Al final es una posibilidad, afectar no que los quites, sino que agotas el ejercicio para hacerle frente a este serio problema”.
VIOLENCIA MICHOACANA
La semana pasada fue de extrema violencia en Michoacán. Se registraron siete ataques de delincuentes contra la Policía Federal y cayeron muertas 24 personas, 20 presuntos delincuentes y cuatro policías. Asimismo el grupo delictivo de Los Caballeros Templarios mató a cinco personas por asistir a una manifestación en contra de la presencia de la delincuencia organizada.
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que la violencia en contra de fuerzas federales se debe a los operativos anticrimen realizados por el gobierno federal.
Cerca de dos mil elementos de la Policía Federal, Marina y el Ejército se encaminaron al estado para reforzar las tareas de seguridad.
La entidad es azotada por el crimen organizado desde la década pasada. Ahí, en diciembre de 2006, a escasos días del inicio de su gestión, el entonces Presidente Felipe Calderón, originario de Michoacán, inició su guerra contra el narcotráfico. Dijo que el Gobernador Lázaro Cárdenas Batel se lo había solicitado, y que ya se lo había pedido al anterior mandatario, Vicente Fox, quien se había negado a hacerlo.
Se trata del estado cuya capital, Morelia, tuvo en 2008 una trágica celebración del Grito de Independencia, ya que la noche del 15 de septiembre de ese año registró la explosión de un petardo en la plaza Melchor Ocampo.
Es el mismo donde cerca de las elecciones federales de 2009, se registró el famoso “michoacanazo”, la detención de 11 presidentes municipales, por estar presuntamente vinculados con el crimen organizado y cuyo proceso judicial terminó como un fiasco ante la paulatina liberación de los acusados.
Es el mismo donde Julio César Godoy, hermano del entonces Gobernador, Leonel Godoy, fue acusado de tener nexos con Servando Gómez Martínez, alías “La Tuta”, líder del grupo delincuencial de “La Familia Michoacana”. Godoy tomó protesta como Diputado federal en San Lázaro en 2009 aunque después se fugó y sigue prófugo.
Es ahí también donde en las elecciones de 2011 contendió Luisa María Calderón, la hermana del entonces Presidente, a la gubernatura estatal y donde le hicieron saber, a través del candidato de los partidos Acción Nacional (PAN) y de Nueva Alianza (PANAL), Sarbelio Molina Valdez que no ganaría.
Así lo dijo Molina Valdez luego de ser interceptado por un comando cerca de Parícuaro.
Efectivamente Luisa María Calderón no ganó, y la candidata dijo que detrás de la victoria del candidato priísta Fausto Vallejo estaba el apoyo del crimen organizado.
Ahí comenzó el fenómeno de las guardias comunitarias, en Cherán donde los habitantes estaban cansados de que la delincuencia organizada talara sus bosques ante la desatención de las autoridades.
Este año la violencia se recrudeció, y cómo si fuera una repetición de la estrategia calderonista, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto mandó nuevamente al Ejército a Michoacán.
La crisis no es sólo por la violencia, sino por la falta de una cabeza visible de gobierno, ante las licencias solicitadas por el gobernador Vallejo, quien en su lugar ha dejado a Jesús Reyna, quien se ha caracterizado por sus despistes.
De acuerdo con Luisa María Calderón, el crimen organizado domina actualmente en Michoacán. Está detrás del cobro de piso, de las extorsiones. Para ello cuenta con la ayuda de la policía.
POLICÍA CONTROLADA
“Hay un crítico control sobre la mayoría del territorio estatal, no solo sobre la Tierra Caliente, ha habido incendios de locales, hubo bombas en otro negocio y tiene que ver con el no pago de delincuencia que obliga al pago de derecho de piso”, afirma la Senadora.
“Tienen el control de la economía del territorio y de las policías municipales”, asegura.
Reconoce que el crimen está presente en Michoacán desde hace varios años, pero con el actual gobierno cobran el apoyo que brindaron en las elecciones de 2011 para que el PRI ganara las elecciones.
“He dicho están presentes ahí hace mucho tiempo, y lamentaba que la delincuencia organizada hubiera decidido a quién apoyaría, a quién prohibía, ellos cobran el apoyo con el control de la policía, hacen acciones para ponerle miedo a la gente. Pasamos meses sobre el tema de la licencia si sí la pedía o no, no había claridad, hoy por lo menos sabemos que el Gobernador (Vallejo) se queda por seis meses y hay que tener mayor coordinación federal”.
Calderón señala que en abril pidió que el gobierno federal volteara a ver a Michoacán, pero entonces no actuó.
Por su parte el ex Subprocurador Jorge Lara dice que para revertir la ingobernabilidad tendría que llamarse a todas las fuerzas políticas antes de que la situación empeore y haya incidentes más graves.
“Michoacán ya no puede aguantar mucho más con la indiferencia del gobierno”.
También advierte que los grupos delincuenciales están al tanto de la estrategia de seguridad y actúan en consecuencia.
“Ya se venía trabajando en estrategia de contención hay que seguir y hacer los ajustes de manera eficaz”, pide.
Por su parte Cortez señala que lo que se ve en Michoacán es un abierto desafío de la delincuencia al Estado.
“La situación de Michoacán habla de un Estado fallido que tiene tal deterioro y debilitamiento de sus instituciones, un crecimiento de corrupción que vemos esto como un abierto desafío a las instituciones, la pregunta es qué sigue. Calderón empezó su guerra en Michoacán, Peña Nieto lo mismo y parece que tenemos gobiernos que repiten ciclos sin que modifiquen las circunstancias”, lamenta.
La ausencia del Gobernador Fausto Vallejo, de licencia por seis meses, y la debilidad de Jesús Reyna, su interino, genera ineficacia.
“Sobre todo si lo vemos desde los grupos de poder que puedan seguir sacando ventaja y no de los ciudadanos que pierden posibilidades de llevar su vida de manera ordinaria”.
Conocedor de los movimientos de derechos humanos, dice que de las pocas que hay en la entidad le expresan su preocupación por el tema del cobro por derecho de piso, y por la presencia de grupos delincuenciales que se mueven sin control ni limitación. De ahí que surjan los grupos de autodefensa, plantea.
SOLUCIONES
Para la Senadora la solución pasa por depurar a las policías municipales.
“Las policías están compradas, los militares han estado bajo control, hay que empezar por ahí, porque las policías municipales sean revisadas”.
Lara opina que el reforzamiento en seguridad es correcta, no se pueden mandar señales de titubeo, y la información de inteligencia que ha dado resultados en otros lados tiene que verse fortalecida, como la que se usó en la detención de Miguel Ángel Treviño, alias Z40.
Para Cortez la solución también pasa por tener una estrategia más clara, ya que las autoridades parece que no saben qué hacer ni a quién pedir asesoría.
También es necesario investigar a políticos municipales, federales y estatales involucrados con la delincuencia organizada
“No quieren hace una acción que los toque a ello y eso no es posible si quieren combatir en serio a la delincuencia organizada”.
