Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).– El diccionario electoral priista nunca perdió vigencia. “Ratón loco”, “despensa”, “mapache”… Todas las voces mantienen puntual actualidad por su uso. Su correcta aplicación también perdura gracias al dominio que del lenguaje alcanzaron los demás partidos políticos, los críticos de las prácticas del autoritarismo.
A la terminología propia de la democracia mexicana se suman otras actividades menos pintorescas, pero no por eso menos efectivas: el extensivo uso de recursos públicos de los gobernadores a favor del candidato de su partido, la intimidación de secciones electorales adversas, el abstencionismo como regla y no como excepción,
Ni en los días anteriores a las elecciones ni durante el curso de las mismas los dirigentes nacionales del PAN, Gustavo Madero, y del PRD, Jesús Zambrano, cesaron las quejas por lo que llamaron, una y otra vez, “las manos metidas de los gobernadores” priistas. Pero esto tampoco es atípico. No existe elección mexicana que no sea descalificada antes de que ocurra.
Si el asesinato de candidatos previo a la elección y de militantes durante el día de la contienda electoral son hechos normales e inherentes a la democracia, como el PRI y el gobierno federal sostuvieron, entonces los comicios de ayer fueron de terciopelo.
Debió ser así. Al acudir a emitir su voto en la casilla 0908 con ubicación en Pachuca, Hidalgo, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que hubo paz en el proceso electoral y que no tenía registros de incidentes graves en los 14 estados donde se realizaron comicios.
Osorio Chong dijo que pese a los hechos ocurridos en diversos estados como Veracruz, Oaxaca, Coahuila y Durango, son incidentes “normales” de la jornada electoral, y descartó que existan riesgos.
“Hay normalidad en todos los estados, pocos incidentes, los ciudadanos libremente pueden salir a ejercer su derecho a elegir sus autoridades”, señaló.
En cuanto a la violencia que se ha desatado en el periodo de campaña, donde fueron asesinados candidatos, dijo que no se tiene una cifra exacta de los crímenes realizados por los cárteles de la droga; sin embargo, dijo que no todos los incidentes tienen que ver con el crimen organizado.
El mismo optimismo sobre el carácter pacífico de la jornada electoral, fue expresado por el Coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, quien con aire triunfal llamó a los mexicanos a “retomar el clima de armonía, paz, trabajo y justicia” que se vive en el país, toda vez que pasaron los procesos electorales.
Auguró que desde este lunes 8 de julio “los mexicanos continuaremos con paso firme en el combate a la pobreza y la desigualdad, para transformar la calidad de vida de las familias mexicanas”.
Ni el Secretario de Gobernación, ni los destacados priistas, dijeron una sola palabra sobre Feliciano Castillo, el joven del municipio de Mecayapan, Veracruz, que fue asesinado, presuntamente por intentar grabar con su teléfono celular la repartición de despensas por parte de militantes del PRI y del Partido Cardenista.
En el mismo estado, pero en el municipio de Coxquihuil, un grupo de personas baleó la casa de campaña del candidato priista a la alcaldía, Reveriano Pérez Vega, lo que dejó como saldo una persona muerta.
Al cierre de la jornada electoral de este domingo, Alfredo Grajales Jiménez, secretario de Comunicación del PAN en Veracruz, hizo un llamado enérgico para que el gobierno y el Ejército resguarden y garanticen la integridad de los paquetes electorales, ante el temor de que pueda haber robo de urnas en varios municipios veracruzanos.
En conferencia de prensa aseguró haber recibido reportes sobre la existencia de grupos armados en diversos puntos del territorio veracruzano, entre los que citó a: Tantoyuca, Tecolutla, Xalapa, Tierra Blanca, Santiago Tuxtla, San Juan Evangelista, Altotonga, Huatusco y Yanga, entre otros.
El panista mencionó la posible existencia de un grupo de más de cien personas que presuntamente fueron contratadas para amedrentar a la ciudadanía y realizar actos vandálicos durante el desarrollo de la jornada electoral en el municipio de Martínez de la Torre
Y si hacía falta que el Ejército y la Marina hicieran algo más con respecto del crimen organizado, ambas dependencias declararon la alerta en nueve estados sobre los que montaron operativos especiales: Chihuahua, Coahuila, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
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Son palabras del dirigente de Jesús Zambrano, el líder perredista que lo ha puesto todo a favor de mantener una alianza con el gobierno de Enrique Peña Nieto a través del Pacto por México:
“En una parte importante de los municipios, el crimen organizado está actuando para favorecer a los candidatos del PRI. Las evidencias de la actuación ahí están en los hechos (…) Yo nunca he dicho que tenga confianza en ellos. No tengo confianza, mucho menos en la democracia electoral de México… estas elecciones están muy lejos de hablarse de procesos electorales que sean ejemplo de ejercicio democrático. Vivimos en una lógica de salvajismo.
¿Y sobre el Pacto?, le preguntaron a Zambrano. El político perredista bajó la cabeza:
“No adelantemos vísperas, nos vamos a esperar…muchos de los gobernadores se pasaron el adéndum al Pacto por México por el arco del triunfo”.
Zambrano Grijalva denunció una serie de irregularidades en varios estados, principalmente en Quintana Roo.
“Lo más preocupante está pasando en Quintana Roo, Veracruz, Zacatecas y una parte de la Zona de la Laguna en San Pedro de las Colonias. Lo más grave que se ha dado es en Benito Juárez, en Quintana Roo, donde la policía municipal ante reportes de distintas personas identificó y detuvo a un grupo de choque integrando por 45 personas, todos ellos ex policías que habían sido dados de baja de la policía porque no pasaron la prueba de confianza”, dijo.
Zambrano detalló que los detenidos estaban armados con palos, varillas terminadas en punta y que después de su detención, el Gobernador de ese estado, Roberto Borge solicitó personalmente su liberación.
“A esos extremos llega el salvajismo político gubernamental electoral, en donde el propio gobernador del estado abogando por su grupo de choque”, dijo.
Denunció irregularidades en Tulum, donde se localizó un domicilio resguardado con personas armadas y operando a favor del PRI con compra de votos.
“Hay reportes preocupantes de varios municipios de Veracruz, el Paso del Macho impidieron que se firman nuestras boletas en una buena cantidad de casillas. En Catemaco, la policía municipal apoya a los equipos de campaña de candidatos del AVE (Partido Alternativa Veracruzana) u partido local que es una incisión del PRI. Ahí han golpeado a compañeros nuestros y hay una situación de tensión”, denunció.
El dirigente nacional perredista dijo que en Minatitlán, el Instituto Electoral Veracruzano no quería acreditar a los representantes de casilla perredistas y lo hizo a las hasta las 11:30 de la mañana.
En el municipio Carlos A Carrillo, fuerzas de la Marina hostigaron a los perredistas que vigilan a los mapaches, agregó, y en Alvarado la policía municipal vestida de civil en carros de civiles protege a la mapachería priista “un grupo de perredistas quisieron impedir que se hicieran cosas indebidas, golpearon a un compañero y lo soltaron ensangrentado”, señaló.
“En Tuxtlilla hay grupos de personas hostigando a la gente”.
En el Municipio de Jerez, Zacatecas hay priistas en la compra del voto y encapuchados, mientras que en Aldama, Chihuahua, la policía municipal protege al PRI mientras realiza estas prácticas.
Mientras Zambrano encabezaba su primer corte informativo, le comentaron que en el Sombrerete, Zacatecas, una camioneta atropelló al Presidente del Comité Municipal del PRD, Gustavo Nolasco, quien fue trasladado de urgencia a un hospital y se desconoce su estado de salud.
En Durango, hay amenazas e intimidaciones a candidatos perredistas y en Sinaloa hay una fuerte tensión alrededor de los comicios, pues el crimen organizado opera a favor del PRI y mantiene amenazados a los candidatos opositores, reveló.
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El narco fue las urnas. Si se admite que la vida social en varias regiones del país es definida por el crimen organizado, entonces hay que revisar las zonas de influencia de los grupos criminales para ver que la mayor parte de las entidades en contienda electoral es donde lo han estado los cárteles por el control de las rutas de las drogas.
Los estados más violentos durante el arranque del gobierno priista acudieron a las urnas. Con base en datos desprendidos del “ejecutómetro” elaborado por el diario Reforma y publicado a propósito de los primeros 100 días del gobierno de Peña Nieto, cinco de los 10 estados con mayor mortandad violenta votaron por la renovación de sus ayuntamientos y congresos locales.
Estado Ejecuciones Posición Partido en el gobierno estatal
Sinaloa 357 1 PAN-PRD con ex priista
Chihuahua 271 2 PRI
Coahuila 209 4 PRI (sin alternancia)
Durango 118 7 PRI (sin alternancia)
Tamaulipas 68 10 PRI (sin alternancia)
Además hubo elecciones en Zacatecas, Quintana Roo y Aguascalientes, otros
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Dicen que Veracruz ardió cuando Los Zetas declararon su independencia del Cártel del Golfo. Pero las llamas del incendio fueron evidentes en el traspaso de gobierno de Fidel Herrera, un hombre con la peculiar afición por coleccionar billetes ganadores de la lotería, a Javier Duarte, un hombre con la aún más extraña inclinación por condecorarse por su inclinación a favor de la libertad de expresión.
Nunca había muerto tanta gente en Veracruz por razones del crimen organizado como ahora. Nunca se habían acusado tantas ni tan diversas violaciones a los derechos humanos en ese estado. Nunca habían muerto tantos periodistas en un estado como ha sido en Veracruz. Nunca el Pacto por México quedó tan vulnerado como cuando estuvo claro que la Cruzada contra el Hambre es también un instrumento electoral y que Duarte y Rosario Robles, Secretaria de Desarrollo Social, son a la vez que funcionarios públicos operadores electorales.
“Mapaches”, se consignaba en el vigente diccionario priista.
Ayer, Veracruz también puso los muertos. La muerte de un hombre en un ataque a una oficina de campaña en Veracruz –a horas de iniciar la jornada electoral de este 7 de julio– selló lo que ha sido calificado como el proceso electoral más violento de la historia moderna de México.
La Procuraduría veracruzana reportó que en el municipio de Coxquihuil un grupo de personas baleó la casa de campaña del candidato priista a la alcaldía, Reveriano Pérez Vega. No el candidato, pero una persona resultó muerta. Un joven del municipio Mecayapan falleció apuñalado luego de que intentara grabar con su celular a militantes del PRI y del Partido Cardenista repartiendo despensas y otros apoyos a cambio de votos.
Durante los comicios en el vecino estado de Tamaulipas –que comparte con Veracruz, además del Golfo de México, la guerra entre los mismos cárteles y la perpetua tenencia del gobierno estatal del PRI– Acción Nacional denunció la desaparición de 35 integrantes de sus comités municipales. El dato no fue confirmado, pero en un lugar en que la tierra se traga un día a 180 migrantes centroamericanos y a las pocas semanas a tantos más mexicanos en ruta hacia Estados Unidos, todo se cree posible.
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La dolorosa “normalidad” se previó desde el inicio del proceso electoral, días antes de la instalación de las casillas.
Durante el primer proceso electoral ocurrido durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, la primera contienda del PRI gobernante en su regreso al poder, al menos 20 políticos que participaron, lo hacen o lo harían en los comicios de 2013 sufrieron actos de violencia.
El 17 de enero, Ignacio Domínguez Carranza, su esposa y su hijo fueron acribillados a tiros por varias personas armadas en el interior de su domicilio en Morelos. Nacho, como era conocido, intentó ser Alcalde de Tlaquiltenango en 2009, bajo el cobijo del PAN.
Al siguiente mes, el 5 de febrero sujetos armados dispararon en contra de la casa de Rocío Rebollo Mendoza, Alcaldesa de Gómez Palacio, Durango. La funcionaria local no se encontraba en su domicilio en el momento de la agresión.
El 22 del mismo mes, Francisco David Carrasco Carnero, candidato del PAN a la alcaldía de Julimes, Chihuahua, fue hallado en una acequia tras haber desaparecido días antes. Tenía cinco balazos en la cabeza.
Al siguiente mes, el 21 de marzo un comisario ejidal de Atoyac y operador político del alcalde priista en ese municipio fue asesinado en su domicilio. Dos días después, el edil de San Juan Mixtepec, Oaxaca, fue emboscado y asesinado junto con un policía municipal.
Ya en abril, el 9, un ex candidato a diputado federal por Michoacán, fue asesinado de un balazo en la cabeza.
El 20 de abril, se registró el homicidio de José René Garrido Rocha, presidente municipal de San Salvador El Verde, Puebla. El 4 de junio, Celestino Félix Vásquez Luis, Presidente municipal de San Miguel Tilquiapam, Oaxaca, fue ultimado en la puerta de su hogar.
Cinco días más tarde, el cuerpo del priista Jaime Orozco Madrigal, aspirante a la alcaldía de Guadalupe y Calvo en Chihuahua, fue localizado en un paraje cercano a la carretera municipal.
El 6 de junio, la secretaria de asuntos legislativos del Sol Azteca en Guerrero, Yolanda Domínguez Flores, denunció ante el Ministerio Público que cerca de seis personas, que portaban armas largas, intentaron derribar el portón de su casa, pero al no lograrlo, acuchillaron las llantas y rompieron los vidrios de su automóvil.
El 14 de junio autoridades veracruzanas localizaron el cuerpo de Isaac López Rojas, candidato suplente a la alcaldía del municipio Martínez de la Torre por el Partido Cardenista, quien había sido secuestrado en su rancho en el municipio de Atzalan.
Al siguiente día, el presidente de la Organización para el Desarrollo de los Pueblos del Papaloapan y presidente consejero estatal del PRD en Veracruz, Nicolás Estrada Merino, desapareció. Dos días después se encontró su camioneta carbonizada.
Un candidato suplente a regidor en la planilla de Esteban López Beltrán en Sinaloa, fue asesinado el 24 de junio. Su cadáver se localizó frente a un cementerio.
Tres días después, pero en Xicotepec, Puebla, dos hombres balearon la casa del candidato a presidente municipal de por el Partido del Trabajo, Alejandro Montiel Rosas.
Además, el 29 de junio la candidata a diputada local por el Distrito 14 de la alianza PRI-PVEM en Oaxaca, Rosalía Palma López, resultó herida de bala tras una emboscada a la camioneta en que viajaba. En el atentado perdió la vida su esposo y una sobrina suya murió cuando era trasladada a un hospital.
Ese mismo día, horas más tarde, en Culiacán, Sinaloa, fue encontrado el cuerpo de un hijo de 19 años de edad del coordinador de campaña del candidato priista a la Alcaldía del municipio de San Ignacio.
También ese día, el ex líder del Partido Cardenista Coahuilense, ex Diputado y ex dirigente de colonias populares, Francisco Navarro Montenegro, fue asesinado. Su cuerpo fue localizado junto con otro más, sin identificar. Los dos cadáveres se encontraron envueltos en bolsas y cobijas, atados con cinta. Al lado de los restos había cartulinas con mensajes que no fueron revelados por las autoridades.
El primer día de julio apareció el cadáver de José Ricardo Reyes Zamudio, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de San Dimas, Durango, con heridas de arma de fuego.
Horas antes, un grupo armado atacó la casa de Carlos Triana, candidato del PAN a la alcaldía del municipio de Tlalixcoyan, en Veracruz. También en esa entidad, Eduardo de la Torre Jaramillo, candidato por el mismo partido a una diputación local por Xalapa, denunció ser víctima de agresiones junto con su equipo de trabajo.
Al siguiente día, Carlos Alberto Valenzuela, candidato del PAN a regidor por Boca del Río, Veracruz, fue secuestrado. Tras recuperar su libertad, el político aseguró que sus plagiarios le advirtieron que “le bajara sobre todo en el tema político”.
En la recta final de las campañas, el 3 de julio la casa de la candidata a la regiduría tercera del PAN por el municipio de Yanga, Veracruz, fue baleada sin que se registraran lesionados.
En Oaxaca, los domicilios de una candidata a Diputada local y el de un coordinador de campaña a una Presidencia municipal fueron atacados a balazos. Tampoco se reportaron víctimas.
En el Municipio de Ejutla de Crespo, fue baleada la casa de Manolo Ramírez, coordinador de la campaña del candidato del Partido Movimiento Ciudadano (MC) a la Alcaldía de Ejutla, Víctor Barrita Martínez.
En la misma demarcación fue tiroteada la casa de Natividad Díaz Jiménez, candidata a la diputación local por el X distrito local con cabecera en Ejutla-Sola de Vega por la Coalición “Unidos por el Desarrollo”, formada por el PRI y el Partido Verde.
El 5 de julio fue encontrado muerto el coordinador de campaña del PRD en Guadalupe, Zacatecas, Aquiles González Mayorga.
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Según Gustavo Madero hasta las tres de la tarde de ayer de Baja California había 12 muertos. Lanzó el dato antes de mencionar que en cuanto a la política nacional había dos realidades: una, la del Pacto por México y otra, la del comportamiento del PRI en las elecciones.
Veracruz y Oaxaca se convirtieron en los escenarios cruentos. De hecho, las casillas aún no habían sido instaladas por completo en los 14 estados con elecciones, cuando Feliciano Castillo cayó asesinado por una puñalada. Grababa la repartición de despensas por parte de integrantes del PRI y del Partido Cardenista. Hasta el cierre de esta edición, por ese hecho, permanecía detenida Cruz Ruiz, a quien se le acusó de haber sido la autora intelectual.
En Coxquihui y Acayucan, durante la madrugada, hubo enfrentamientos que arrojaron el saldo de dos muertos, aunque el gobierno estatal aceptó sólo uno.
También en Veracruz, Rosita Martínez Facundo, candidata por el PRI a la Alcaldía de Pajapan, fue detenida por elementos del Ministerio Público porque fue captada cuando entregaba dinero a la población a cambio de su voto. Más tarde, el Revolucionario Institucional aseguró que la candidata no fue detenida sino auxiliada por elementos policiacos, luego que militantes del PAN y Movimiento Ciudadano la acorralaron en su casa.
En Oaxaca, los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cumplieron a cabalidad el plan anunciado 24 horas antes: durante la jornada mantuvieron bloqueadas las radiodifusoras de la capital para manifestarse –una vez más– en contra de la reforma Educativa y Laboral. Pero el gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, resumió ese boicot como “el mito” que interrumpiría la elección y se congratuló que el 96 por ciento de las casillas hubiera podido ser instalado.
La tensión conquistó los ánimos. A la una de la tarde, el candidato de la coalición “Unidos por el Desarrollo” a la presidencia municipal de la capital del estado, Francisco Reyes, denunció que había sido amenazado de muerte.
Para las cuatro de la tarde, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Oaxaca había iniciado 44 averiguaciones previas y 33 actas circunstanciadas.
Por ejemplo, en San Marcos Tlapazola, Tlacolula, la Agencia Estatal de Investigaciones detuvo a cinco personas cuando encañonaban a otras que se identificaron como simpatizantes priistas. Y en Santo Domingo Petapa, un grupo de encapuchados, sustrajo dos paquetes electorales y los quemó junto con utilería de la casilla. En cuatro municipios del estado no fue posible la instalación de 16 casillas.
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Sinaloa –la tierra emblema de la gestación de los cárteles de la droga- y Quinta Roo –donde el PRI y el PAN habían denunciado un clima de terrorismo electoral en los días previos a la elección, se mantuvieron como los escenarios-alerta de la jornada de ayer, pero en ambos estados la votación fue efectuada sin sobresaltos.
En Sinaloa, las coaliciones PRI-Verde-Panal y PAN-PRD-PT se señalaron una a la otra, de ser responsables del recorrido de grupos armados que intimidaron a la población en El Rosario, Escuinapa y Concordia. Ninguna de las coaliciones presentó pruebas de nada. Enfrascados en las acusaciones, al final, se desconocía si en efecto, había ocurrido tal intimidación.
En Quintana Roo, ocurrió la detención de 44 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acusados de integrar grupos de choque y de supuestos acarreos de votantes.
Alrededor de las ocho de la noche del domingo 7 de julio, el Diputado federal del PAN, Fernando Rodríguez Doval, difundió la imagen de la casilla 398 que fue quemada en la Colonia República Mexicana, de Mexicali, Baja California.
En su cuenta de twitter (@ferdoval) denunció que “grupos de encapuchados” quemaron la urna, en una “casilla muy grande de Mexicali. Como en los años cuarenta”, escribió el Diputado panista. El incendio fue tan grande que el legislador reportó la intervención de bomberos para sofocarlo.
En una tarjeta informativa de la Comisión Especial de programas Sociales de la Cámara de Diputados se reportó que “el candidato del PAN-PRD-PT, Francisco Reyes, denunció una agresión a su casa de campaña por la que fueron detenidas dos personas, pero que no pasó a mayores. También dijo haber recibido una amenaza vía telefónica, pero confió en que esto no altere el proceso electoral”.
En Baja California, informó que “un artefacto explosivo fue lanzado por la madrugada del domingo al domicilio de la candidata a regidora de Tijuana por el Partido Encuentro Social, Leticia Castañeda, el cual incendió un vehículo de su propiedad”.
El reporte legislativo conformado con denuncias ciudadanas y notas periodísticas, agregó que “el Presidente del PAN en Durango, Víctor Hugo Castañeda Soto, informó sobre un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la policía en el municipio de Canelas”.
“Jaime Fernández Saracho, secretario general de Gobierno, confirmó el enfrentamiento –continuó el texto-, y la desaparición del director de la Policía Municipal y un elemento policial, además no dejaron que se instalaran los representantes de casilla en la parte alta de esta alcaldía”.
El Senador panista José Rosas Aispuro Torres declaró que la policía estatal de Durango ejerció acción intimidatoria, persecutoria y de amedrentamiento contra observadores de casillas.
“Hay una serie de hechos anómalos, sobre todo la persecución que está haciendo la policía estatal en contra de todos los operadores del PAN. A la policía estatal la están utilizando sobre todo en La Laguna, Gómez Palacio y Lerdo para intimidar y creemos que es una situación preocupante”, precisó el legislador por Durango, al tiempo que acusó como responsable de este operativo intimidatorio, al Gobernador Jorge Herrera Caldera.
El líder nacional del PRI, César Camacho Quiroz, también reflexionó sobre la contienda cuyos resultados consolidan la vía a la recuperación de la hegemonía de su partido:
“Aunque hay algunos incidentes excepcionales, casuales, en algunas entidades del país, se está dando una participación copiosa, y las autoridades están haciendo lo que la ley les mandata”.
Lo dicho: la de ayer fue una elección mexicana normal.
