Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).– El Informe Anual 2012 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reveló que del total de las quejas presentadas el año pasado, 66.9% corresponden al Sistema de Justicia capitalino.
Entre los principales derechos humanos violentados destacan: los derechos de las personas privadas de libertad con 2, 039 denuncias; el derecho a la seguridad jurídica, 2, 077; el derecho a la integridad personal, 1, 011; los derechos de la víctima o persona ofendida, 784; y derecho al debido proceso y garantías judiciales con747.
La tortura, el arraigo, las violaciones al debido proceso y las desapariciones forzadas son las quejas más recurrentes en contra de la procuración de justicia capitalina.
El informe indica que la tortura prevaleció durante 2012 en las instancias de procuración de justicia del DF y que las 75 averiguaciones precias iniciadas durante el 2011 por este delito, no fueron resueltas y ninguna llegó a la etapa de la consignación.
“El panorama antes indicado se ensombrece si se considera que a pesar de que México es parte de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos que proscriben la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, la tortura continúa siendo una práctica sistemática en el sistema de justicia penal, principalmente en las instancias de investigación y procuración de justicia del país, pues no se tienen resultados contundentes relativos a la prevención”, señala el documento.
ARRAIGO
La Comisión de Derechos Humanos capitalina registró 226 expedientes de queja por conductas presuntamente violatorias durante el arraigo.
Del total de estos expedientes, 43% corresponde a personas de entre 18 y 44 años.
El informe señala que el año pasado del total de las quejas de las personas privadas de la libertad, las principales violaciones fueron las relacionadas con la abstención u omisión de brindar una adecuada protección a la integridad física o psicológica.
Aunque la Comisión no especifica el número de desapariciones forzadas que se ejecutaron durante 2012 por alguna autoridad, señala los escenarios en los que ocurre en el Distrito Federal.
El documento dice que esta violación a los derechos humanos se presenta cuando: “las personas son trasladadas al Ministerio Público y se les niega o no proporciona información sobre el paradero de la persona desaparecida; cuando la autoridad no reconoce la privación de libertad que surge como consecuencia de la realización de diversos operativos; al realizar los traslados a los reclusorios; en la detención de personas pertenecientes a poblaciones callejeras; en la detención de personas extranjeras o activistas políticas; y cuando la autoridad no da seguimiento al extravío de personas”.
El documento también revela que la Fiscalía para la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos del Distrito Federal tramitó 4, 276 indagatorias de las cuales 3, 842 (89.8%) se determinaron como averiguaciones previas en contra de funcionarios.
Los principales delitos son: el abuso de autoridad, la denegación o retardo de justicia y la prevaricación (una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial).
“Es conviene precisar que de manera adicional, las personas adultas mayores con frecuencia se ven afectadas por la falta de legalidad en procedimientos relacionados con la pensión alimentaria que otorga el Gobierno del Distrito Federal”, dice el Informe.
Las autoridades más referidas como violatorias son la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública.
RECOMENDACIONES
El informe de derechos humanos exhorta a las autoridades capitalinas a realizar modificaciones profundas en el ámbito normativo e institucional para lograr la implementación integral del sistema penal acusatorio.
“Por ello deben implementarse, entre otras, las siguientes medidas: la transformación de las policías y los mecanismos de control y registro de las detenciones; el fortalecimiento de las capacidades de investigación; la profesionalización de las fiscalías según sus nuevas atribuciones; la actuación de los jueces de control y de causa penal; el tránsito de lleno al proceso oral adversarial; y el arribo a un sistema penitenciario garantista, objetivo y judicializado”, dice en documento.
Luis González Placencia, Ombudsman capitalino, durante la presentación del informe le pidió al gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa realizar tres acciones fundamentales: consolidación de aquello que ha hecho de la ciudad de México vanguardia en el país, incorporación de nuevos derechos, “lo que requiere de debates abiertos y sinceros sobre temas de frontera”, y un compromiso serio y decido con los derechos humanos.
A los titulares de los órganos Legislativo y Judicial les solicitó promover a funcionarios públicos responsables, que trabajen por y para los derechos humanos, que destierren de la administración pública de la ciudad la misoginia, la homofobia y la discriminación.
