Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).- Los asesinatos de defensores del ambiente en el país se dispararon a partir de 2005, pues desde ese año hasta enero de 2013, se registraron 44 homicidios, de acuerdo con los registros del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
No sólo los crímenes que terminaron en la privación de la vida de los ambientalistas crecieron, sino que durante el mismo periodo hubo 53 amenazas, 64 detenciones ilegales, 16 casos de criminalización y 14 de uso indebido de la fuerza pública, denunció Andrea Ulisse Cerami, abogado del Área de Defensa y del Área de Políticas Públicas de la organización.
Como la mayoría de los crímenes en el país, el caso de los ambientalistas no es la excepción. Todos se encuentran impunes y el mecanismo de protección que se originó a partir de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas el año pasado, no funciona para evitar ni prevenir los casos de ataques a los luchadores sociales por el medio ambiente, indicó el abogado.
“Hay una situación de riesgo. La mayoría de los asesinatos están ligados a megaproyectos donde los defensores tocan intereses empresariales. A partir de 2009 ha habido una situación de aumento de las amenazas y crímenes”, explicó.
Las autoridades mexicanas no sólo no investigan y resuelven las ejecuciones y las amenazas, sino que han esperado a que haya un repunte en las víctimas.
Entre 2005 y 2009 fueron 12 los asesinatos que se registraron y a partir de 2009 a la fecha, ya son 32, detalló Andrea Ulisse.
“Nosotros creemos que estos datos son sólo para dar una idea de lo que está ocurriendo, el problema es mucho mayor, pues hay muchos casos que no se registran, hay amenazas que no se denuncian”, dijo.
El abogado del CEMDA señaló que incluso los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), están en la mira de los asesinos, sin embargo los funcionarios públicos no denuncian por temor.
“Gran parte del trabajo de defensoría ambiental lo hace la Profepa y no vas a encontrar quién te diga ‘sí estoy amenazado’, pero en pláticas informales que hemos tenido con muchos de ellos, hemos visto que hay una situación de amenazas y no hay denuncia, por miedo, incluso por amenazas internas”, reveló.
CRÍMENES LIGADOS A MEGAPROYECTOS
La mayoría de los crímenes en contra de los defensores están ligados a megaproyectos mineros y de otras industrias como la energética, turística, inmobiliaria y de infraestructura vial, dijo el abogado de CEMDA.
Los asesinatos en contra de los ambientalistas que protestan en contra de los talamontes, son una parte importante de la estadística.
De los 44 crímenes cometidos desde 2005, 30 están ligados a casos de megaproyectos.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la gran parte de los proyectos están relacionados con la industria extractiva y “demuestran una tendencia regional en el contexto de la industria extractiva, la cual, no se limita tan sólo a la minería, sino que se extiende también a otros ámbitos como el de explotación maderera de los bosques”.
La CIDH documentó los casos de Mariano Abarca Roblero, integrante del Frente Cívico de Chicomuselo, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), quien fue asesinado el 27 de noviembre de 2009 fuera de su domicilio.
Armando Villarreal Martha, dirigente de la Organización Agrodinámica Nacional (OAN), asesinado el 14 de marzo de 2008 cuando viajaba por Nuevo Casas Grandes; Ernesto Rábago Martínez; integrante de la organización Bowerasa, asesinado el 2 de marzo de 2010 en Chihuahua.
El joven de 21 años Aldo Zamora, campesino tlahuica, muerto el 17 de mayo de 2006 presuntamente por un grupo de talamontes ilegales. Este caso es representativo, pues el mismo ex Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, prometió justicia a la familia del muchacho en medio de un acto público. Los asesinos están plenamente identificados y prófugos.
Otros ambientalistas de la lista son: Fernando Mayen, abogado y miembro de la comunidad San Luis Ayucan, Municipio de Jilotzingo, Estado de México -su cadáver fue hallado en su automóvil el 12 de marzo de 2008 en la carretera que une Ciudad de México y Toluca-; Juan Gavia Xingú y Bernardo Sánchez Venegas, inspectores de Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y Valentín Reyes García, Representante de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, asesinados en el centro de México, los cuatro estaban en la comunidad de Albarrán, Temascaltepec, investigando los impactos ambientales de la mina “La Guitarra.”
Andrea Ulisse Cerami dijo que las regiones más peligrosas para los ambientalistas son: Guerrero, Oaxaca, Chihuahua y Estado de México.
“En Oaxaca hay por una serie de problemas por los proyectos eólicos y las termoeléctricas por ejemplo. El homicidio es uno de los niveles de agresiones más alto, primero hay amenazas y después si no se logra amedrentar al movimiento, se mata al líder para crear un efecto atemorizador y desactivarlos a todos”, explicó.
PROTECTORES INDEFENSOS
A partir de 2012 existe en México un mecanismo de protección para los luchadores sociales, de derechos humanos y periodistas.
Para todos los casos, el mecanismo ha fracasado, pues a pesar de su existencia las autoridades no han logrado disminuir ni las amenazas ni los asesinatos.
El abogado del CEMDA detalló que el problema que enfrenta esta medida es la falta de fuerza institucional, experiencia para atender a los casos colectivos y el escaso personal.
“Estamos en un diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) para impulsar medidas más acordes para proteger a los defensores. Es bastante complicado, cada situación es diferente y las medidas también deben serlo. El mecanismo está pensando con tres unidades: una la de recepción de caso, la segunda de evaluación de riesgo y una tercera es la prevención de las agresiones. Las únicas que funcionan son las primeras dos”, dijo.
Andrea Ulisse explicó que las autoridades carecen de capacidades para prevenir una situación de riesgo para los defensores.
En el caso de los problemas ambientales, en muchas ocasiones los pobladores están inconformes porque no fueron consultados para iniciar con un proyecto minero, por ejemplo.
“No hay capacidad de prevención, es la que falta tiene que ver con casos estructurales. En el caso de megaproyectos es algo complejo, hay que meter a las otras secretarías que están involucradas, la de Economía, la de Medio Ambiente”, subrayó.
El especialista aseguró que la probabilidad de que la situación en el país para los ambientalistas mejore, es escasa. El mecanismo de protección aún está en proceso y mientras tanto, los defensores, continúan enfrentando al peligro en sus regiones.
