Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).-Para el colectivo Libre Internet para Todos, el cual logró introducir la primera iniciativa de carácter ciudadano dentro de las comisiones legislativas del Senado de la República, el Partido Revolucionario Institucional pretende obstaculizar esta conquista de la sociedad con su propuesta para regular las iniciativas ciudadanas y la consulta popular.
El defensor de derechos humanos, Jesús Robles Maloof, a nombre del colectivo, consideró importante regular estos instrumentos ciudadanos. Sin embargo, alertó que una reglamentación excesiva podría significar una pesada losa para que se realicen en la práctica.
El activista se refería a la iniciativa para crear la Ley Federal de Iniciativa Ciudadana y Consulta Popular, propuesta por la Senadora priista Blanca Alcalá Ruiz, que establece un mínimo de 105 mil firmas de ciudadanos con credencial de elector, para poder avalar una iniciativa ciudadana y poco más de un millón 600 mil firmas, para solicitar una consulta popular.
“Es excesivo el porcentaje, si bien la consulta implica un ejercicio extraordinario de recursos, el colocarle el dos por ciento como requisito, haría que estos ejercicios rara vez se llevaran a cabo. Lo que va en contra del ideal de la reforma política del año pasado. La idea es facilitarlos, no obstaculizarlos”, sostuvo Jesús Robles Maloof.
Y para muestra un botón. Según el defensor de derechos humanos, en Morelos, la Ley de Participación Ciudadana establece porcentajes similares, lo cual ha impedido la viabilidad de solicitar un referéndum o plebiscito, o la posibilidad de presentar una iniciativa ciudadana.
Indicó que es el claro ejemplo de una añeja estrategia del PRI, acuñada durante más de 80 años, en donde se compromete de palabra a defender la libertad de expresión y en los hechos, la obstaculiza.
Jesús Robles consideró que esta misma estrategia se cierne sobre la iniciativa Libre Internet para Todos.
“Ha habido poca seriedad por parte de algunos senadores y creo que están mandando un mensaje totalmente negativo para la ciudadanía. Como es costumbre, algunos han recibido -de palabra- con agrado la iniciativa, pero en los hechos la han puesto en la fila de espera de iniciativas absolutamente triviales”, puntualizó.
Sin embargo, aclaró que, a pesar de la indiferencia, esta iniciativa ciudadana no está atorada en el limbo parlamentario, como quisieran hacer creer algunos legisladores. Recordó que un acuerdo de la Junta de Coordinación Política le permitió seguir su curso en espera de dictaminación, aunque ahora, su trámite se unirá al destino de la reforma en materia de telecomunicaciones.
Respecto a la propuesta para socializar el internet a todos los mexicanos, Robles Maloof consideró que el PRI manda un mensaje contradictorio al incluir en la Constitución el acceso universal a la banda ancha, y por otro lado, pretende obstaculizarla con una serie de artículos transitorios que le restan efectividad.
“Si esto fuera así, ¿por qué su grupo parlamentario no le ha dado preferencia legislativa a nuestra iniciativa, a la iniciativa e los ciudadanos? Si es que de verdad el PRI quiere tomar en serio la reforma constitucional debería darle preferencia a nuestra iniciativa, sin demerito de que construyan una vía de regulación”, enfatizó.
El activista consideró que el internet universal y gratuito no es un capricho, sino una necesidad en el México inmerso en la era digital. Puntualizó que el acceso a Internet permitirá detonar la creatividad de las personas, y sobre todo, llevar información plural a las comunidades más alejadas del país.
LA INICIATIVA DEL PRI
El martes, la bancada del PRI en el Senado presentó una iniciativa que busca regular en una sola ley a la iniciativa ciudadana y la consulta popular. La Senadora Blanca Alcalá Ruiz presentó la propuesta y dijo que en el caso de la iniciativa ciudadana, se propone sujetarla a un procedimiento legislativo normal.
Es decir, equivalente al de cualquier otra iniciativa de ley o decreto presentada por las legislaturas de los estados de la Federación, los diputados o los senadores o, bien, por el Ejecutivo cuando no la solicite bajo el procedimiento de iniciativa preferente.
Sin embargo aclaró, las iniciativas ciudadanas deberán ser presentadas por el equivalente, al menos, del punto trece por ciento de la lista nominal de electores vigente al momento de presentarse, es decir, al menos 105 mil ciudadanos con credencial para votar.
La legisladora dijo que al 1 de marzo de 2013, la lista nominal se integraba por 80 millones 791 mil 371 ciudadanos y que el 0.13 por ciento es equivalente a 105 mil 28 ciudadanos. Esta cifra puede modificarse dependiendo del número de personas que tengan su credencial de elector vigente y estén en la posibilidad material de votar, dijo.
A su vez, la legisladora poblana negó que se propuesta fuera un intento del PRI para “limitar” o “poner candados” a estos instrumentos ciudadanos.
“Yo soy una convencida de que hay que fomentar la participación ciudadana, tenemos que hacerlo de manera abierta, insistente, pero también responsable. (…) Si algo queremos hoy los priistas es que las cosas sucedan y para que las cosas sucedan, tienes que ir poniendo en blanco o negro, cada una de estas disposiciones”, aseveró Blanca Alcalá.
